Número 5.614 – Año XXIII 30 de septiembre de 2026

Últimas noticias de Adelante Izquierda Gaditana

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Procasa ha procedido a la entrega de llaves de las 20 viviendas en alquiler social levantadas en la calle García de Sola, 20; un proyecto puesto en marcha por el anterior gobierno de Kichi, que ahora el de Bruno García destina al realojo de familias, por lo que el Registro de Demandantes de Vivienda no se mueve.

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“El Gobierno gaditano del PP presume de cifras mientras oculta información al comité y a las trabajadoras del servicio”, lamentan los izquierdistas, que denuncian “opacidad, incumplimientos y falta de control” sobre la empresa concesionaria.

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Ambos partidos de la oposición municipal en Cádiz han presentando mociones al respecto. Los socialistas reprochan el “silencio” del Ayuntamiento y la Junta. Y la coalición izquierdista incide en que estas familias “necesitan soluciones y certezas”.

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Esta sección sindical en la contrata de basuras exige al resto de sindicatos una negociación del nuevo convenio, “fundamental para la plantilla”, con “todas las garantías democráticas”. Entretanto, tanto PSOE como AIG señalan al Gobierno del PP por su “pasividad” a la hora de fiscalizar los incumplimientos de la concesionaria.

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Los inquilinos, algunos ancianos, llevan meses conviviendo con puntales en el patio y con unas escaleras precarias. La propiedad, una fundación vinculada al Obispado, continúa sin llevar a cabo las obras comprometidas. Tanto AIG como el PSOE reclaman al Ayuntamiento que deje de mirar a otro lado.

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“No existe proyecto alguno detrás de esta ocurrencia. No explican ni cómo ni cuándo se llevaría a cabo la cesión, ni qué uso tendría el Balneario”, replica el portavoz municipal izquierdista, que insiste en afear que Bruno García actúe “de forma servil ante Moreno Bonilla y Antonio Sanz” ante “un nuevo titular vacío”.

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AIG denuncia la “parálisis” de este prometido proyecto, tras la foto de Moreno Bonilla con la pala del pasado diciembre. Todavía hoy se están adjudicando aquellos primeros trabajos preparatorios y básicos, como el vallado y el desbroce. “En la Junta y el Ayuntamiento son especialistas en hacer anuncios vacíos”, se lamenta.

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Agaden y AIG exigen la paralización de estos trabajos con retroexcavadoras y acusan a la Junta de “poner en riesgo un ecosistema único”, por una actuación “tan irresponsable como evitable” como es este sendero entre Cádiz y San Fernando sepultado de forma recurrente por la arena y ya cuestionado antes de su ejecución.

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Ante las quejas de la izquierda por los precios de las viviendas protegidas que se levantan en Los Chinchorros, permitidos por la Junta, la concejala de Vivienda precisa que esta promoción del Grupo Q “no está en suelo municipal” y que dicha operación se cerró con José María González en la Alcaldía.

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La comunidad educativa de este colegio en el centro de Cádiz asegura que no ha sido informada de la reversión de este camino escolar seguro implantado hace unos años, y alerta del peligro. Para AIG es “un nuevo desprecio del PP a la escuela pública”.

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AIG quiere profundizar en el convenio por el que la ciudad cede el Nuevo Mirandilla al Cádiz CF, y reclama el acuerdo de patrocinio que rebautiza comercialmente esta instalación municipal para aclarar los “supuestos beneficios para el fútbol base”.

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Esta problemática de actualidad, por la protesta de dos soldadores en una grúa del astillero de La Isla, pasó por la Mesa Municipal por el Empleo de Cádiz. Sin embargo, la izquierda reprocha a Bruno García su pasividad y su negativa a mediar directamente con Navantia y las contratas para poner fin a este veto laboral.

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Desde diciembre, las zonas comunes, incluido el ascensor, de estas viviendas de Cádiz gestionadas por la empresa municipal, tienen cortada la luz debido al impago de la comunidad. Ello impide que este vecino pueda salir de su piso. Para la izquierda, la actuación ya del Ayuntamiento “es una obligación legal y moral”.

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Y en este caso este reclamado paso lo da un gobierno local también del PP, en El Puerto de Santa María, donde este servicio lo explota actualmente como en la capital gaditana la problemática Óbolo. PSOE y AIG coinciden en que “es la única vía para garantizar estabilidad laboral y calidad en la atención”.