Un vecino de San Fernando y otro de Jerez han sido detenidos en los últimos días, en operaciones distintas, acusados de delito de abusos sexuales y corrupción de menores por un lado, en el marco de la operación Summer Camp de la Guardia Civil; y de distribuir pornografía infantil a través de grupos de WhatsApp por otro, en el contexto de una operación internacional de la Policía Nacional en la que han ‘caído’ de momento 50 personas de 15 países.
Un vecino de San Fernando y otro de Jerez han sido detenidos en los últimos días, en operaciones distintas, acusados de delito de abusos sexuales y corrupción de menores por un lado y de distribuir pornografía infantil por otro.
En el primer caso, la Guardia Civil, en el marco de la operación Summer Camp, ha detenido a un joven 26 años de edad, residente en La Isla, como presunto autor de los delitos de abusos sexuales a menores, corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil.
La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el padre de un menor en El Ejido (Almería), en la que ponía en conocimiento de los agentes las conversaciones, “de claro contenido sexual”, mantenidas por su hijo y una persona mayor de edad a través de una aplicación de mensajería instantánea. En dichas charlas, esta persona le pedía al chaval imágenes de sus partes íntimas a la vez que le preguntaba acerca de su sexualidad o la de alguno de sus amigos.
Con esta información, la Benemérita realizó las primeras pesquisas, logrando identificar a este gaditano como la persona con la que el menor mantenía las conversaciones, y cuyo nexo entre ambos está en un campamento de verano celebrado el pasado año en la provincia de Málaga, y al que el menor acudió, siendo el ahora detenido uno de los monitores.
De la misma forma, se ha confirmado que el ahora detenido también ha desempeñado las funciones de auxiliar de enfermería en diversos campamentos de verano juveniles celebrados desde 2013, “sospechándose que la situación denunciada por la víctima podría haberse repetido en diferentes ocasiones”, ya que en este tiempo ha podido tener contacto directo con cerca de 2.000 menores.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la Guardia Civil subraya que “tras una laboriosa investigación” y una vez finalizado el análisis de la documentación, se ha reducido a un centenar el número menores de edad, de diferentes puntos del Estado español, que podrían haber tenido relación vía telefónica con esta persona, ya que dependían directamente de él. De hecho, los agentes están entrevistándose con todos ellos.
Ya en el registro de la vivienda en San Fernando de esta persona, se han intervenido tres ordenadores y un disco duro portátil, los cuales una vez analizados almacenaban en su interior hasta 5.000 archivos digitales de contenido sexual, entre imágenes y videos, siendo unos 1.000 de contenido pornográfico realizado con menores. Asimismo, una vez analizada toda la información obtenida, se ha podido confirmar que el detenido habría mantenido conversaciones a través de una aplicación de mensajería instantánea con un total de 16 niños, obteniendo imágenes de 13 de estos menores.
La Guardia Civil, en su reconstrucción de los hechos, relata que esta persona trabaja en campamentos desde 2013 y en 2016 llegó a ser responsable de dormitorio, “lo que le daba una posición garante con respecto a los menores, posición que aprovechaba para entablar amistad con los menores e ir ganándose poco a poco su confianza”. En este contexto, solicitaba a los menores los números de teléfonos o cuentas en redes sociales, con el fin de mantener el contacto. En un principio mantenía conversaciones aparentemente normales y poco a poco las encaminaba al ámbito sexual. Para evitar ser descubierto, les pedía que no comentaran con nadie lo que entre ellos hablaban, así como que una vez que terminasen de hablar borraran el chat.
UN JEREZANO ENTRE LOS 50 DETENIDOS POR TODO EL MUNDO POR DISTRIBUIR PORNOGRAFÍA INFANTIL
Por su lado, la Policía Nacional está detrás de una operación internacional, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de Ameripol y de Interpol, en la que hasta el momento se ha detenido a 50 personas, en 15 países diferentes, por distribuir pornografía infantil a través de grupos de WhatsApp. En España se han realizado 11 arrestos, entre ellos los de un multirreincidente, vecino de Tarragona, y un menor de edad sevillano que administraba uno de los grupos de la red social. Además hay un vecino de Jerez.
Las investigaciones se iniciaron cuando los ciberagentes españoles hallaron en la denominada ‘Darknet’ –asociada en gran parte con la actividad ilegal-, un enlace a la aplicación de telefonía Whatsapp, que les condujo hasta un chat en el que pedófilos de varios países de habla hispana intercambiaban pornografía infantil. A partir de este hallazgo, se hicieron nuevas indagaciones para localizar los diferentes grupos análogos creados por los participantes de dicho chat, dando como resultado una investigación que implicó a 24 países con más de cien personas investigadas.
La parte desarrollada en el Estado español de este operativo a escala mundial, ha culminado recientemente con la detención 11 personas: tres en Andalucía –entre ellos, un jerezano-, una en la Comunidad de Madrid, tres en Catalunya, una en Castilla la Mancha, una en Galicia, una en la Comunitat Valenciana y una en Canarias. También se han practicado registros en los domicilios de los investigados, en los que los agentes se incautaron de 10 ordenadores, 18 discos duros, un dispositivo multimedia, 79 teléfonos móviles, dos tablets y más de un centenar de diferentes soportes para almacenar el contenido pedófilo. En el análisis del material se han detectado archivos de pornografía infantil desconocidos hasta ahora para los investigadores, sobre los que se está trabajando para identificar a los abusadores y a sus víctimas.
Fuera de nuestro país han sido arrestadas 39 personas: siete en Colombia, siete en Bolivia, tres en Brasil, cuatro en Chile, tres en Costa Rica, dos en República Dominicana, dos en Guatemala, una en Italia, dos en México, una en Nicaragua, una en Panamá, dos en Paraguay, dos en Uruguay – uno de ellos reconoció haber abusado de sus dos hijas de 6 y 15 años, grabándolas y compartiendo posteriormente el material- y dos en Venezuela.
Algunos de los detenidos por distribuir pornografía infantil alegaron en sus declaraciones que su objetivo al descargar y distribuir material de abuso a menores, era infiltrarse en redes pedófilas con el fin de descubrir a sus miembros. Al respecto, la Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que “toda descarga voluntaria de pornografía infantil es delito” y que “sólo los agentes están habilitados legalmente para visualizar y analizar este tipo de archivos”.
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