La Junta de Andalucía acaba de informar a la Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de San Fernando del inicio del expediente de solicitud para la legalización mediante la declaración de interés público –que la administración local lleva reclamando desde el pasado diciembre- para los establecimientos hosteleros y casetas ubicados ilegalmente en la playa de La Casería, en zona afectada por el dominio público marítimo-terrestre (DPMT).
Este paso se hace público una vez que Costas ya ha dejado claro a través de algunos medios seleccionados –se ve que no todos tenemos el mismo derecho a informar- que no va a dar su visto bueno a esa declaración de interés público y que está decidido a derribar todo este frente singular de La Casería, aunque está a la espera de que la Justicia decida sobre los recursos presentados por los propietarios de los dos bares. En paralelo, dice haber presentando ya al Ayuntamiento su proyecto de regeneración de la zona, que el mismo Consistorio viene reclamando desde hace años: un paseo peatonal y carril bici, y más arena hasta el club náutico.
“Cumplimos nuestro compromiso de iniciar la legalización de La Casería por razones de interés público, dando cumplimiento con el compromiso que asumimos con los afectados, al considerar que les ampara la ley”, afirma delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta, Daniel Sánchez, que hace unos días, en su calidad de político del PP, se paseaba por la zona junto a concejales populares para interesarse por esta problemática.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Sánchez lamenta que “la Demarcación de Costas ha promovido ya diversos expedientes de recuperación posesoria con objeto a la demolición de otras tantas ocupaciones existentes en el entorno de La Casería de Ossio y con el apoyo inicial del Ayuntamiento, y todo ello sin informar de manera oficial sobre la situación en la que se encuentran dichos expedientes”.
“A pesar de esta iniciativa que en ningún momento ha contado con nuestra participación, esta delegación –afirma-, sin contar con ese acuerdo previo, inicia el expediente para la declaración de interés público y para ello, se ha enviado tanto a la Demarcación de Costas como al Ayuntamiento, escrito para recabar los informes”, en aplicación de la ley.
El delegado territorial de Desarrollo Sostenible también sostiene que “para la legalización, que podrá ser total o parcial, las razones de interés público deberán ser apreciadas por acuerdo entre las tres administraciones (estatal, autonómica y local)”. Por tanto, como establece la ley, el plazo para emitir esos informes por parte de ambas administraciones es de un mes a partir de su notificación, “y se entenderá desfavorable a la legalización si no se emite en este plazo”.
Con todo ello, Sánchez considera que “la demolición de las obras e instalaciones, que podrían derivarse de los citados expedientes de recuperación posesoria, deberían quedar en suspenso hasta no se determine si concurren, en caso de coincidencia con los de su petición global, los requisitos para proceder a la legalización de las ocupaciones del asunto por razones de interés público, lo cual le ha sido requerido a la Demarcación de Costas de Cádiz como parte del mencionado escrito”.
LLAMAMIENTO A LA “UNIDAD”
“No es de recibo que Costas quiera seguir adelante con este proceso de demolición, que es irreversible, cuando seguimos a la espera de los informes que pueden salvar la playa de La Casería y dar tranquilidad a los pescadores y a los establecimientos hosteleros”, reiteraba hace unos días la alcaldesa isleña, Patricia Cavada. “Lo primero es hacer lo que corresponde: resolver la declaración de interés público. Siempre he dejado clara la necesidad de buscar el acuerdo entre las administraciones en este asunto”, apostillaba.
Por todo ello, la primera edil socialista volvía a insistir en que “la unidad de todos en San Fernando, de Gobierno local, oposición, y afectados (pescadores, vecinos, así como establecimientos hosteleros) es la única que puede hacer que defendamos con contundencia el interés de la ciudad”.
Con todo, el controvertido proceso administrativo iniciado en el último trimestre de 2020 parece imparable, culminando el pretendido desalojo y demolición de las instalaciones en zona de DPMT, ante un futuro desarrollo del proyecto de recuperación y regeneración del entorno que lleva años en un cajón; eso sí, reclamado a la Demarcación de Costas por los sucesivos gobiernos locales (de PP, PA –hoy AxSí- y PSOE). Parece que es irremediable la desaparición de las pintorescas casetas y otras ocupaciones de este singular rincón de La Isla.
