Cumpliendo la amenaza: el Ayuntamiento de San Fernando ha iniciado este lunes el procedimiento para hacer efectiva su marcha del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia de Cádiz (Consorcio Bahía de Cádiz) por su desacuerdo con el cobro de la tasa relativa al servicio de transferencia, tratamiento y transporte de residuos municipal, aprobada en 2014 (en tiempos en los que gobernaba el PP en la Diputación).
Se trata de una controvertida tasa que se establece por la disponibilidad, así como por el uso efectivo de los servicios de transferencia, transporte y tratamiento de basuras generados en viviendas, locales o establecimientos donde se desarrolle una actividad económica, situados en los términos municipales San Fernando, Chiclana y Puerto Real. Desde hace meses, la Diputación (que tiene delegada la competencia de cobro por parte del Consorcio), está tratando de cobrar a vecinos y negocios los recibos pendientes, con oposición y rechazo de los respectivos ayuntamientos afectados.
En el caso de La Isla, el Gobierno local ha prometido asumir vía presupuesto municipal los recibos de 2020, pero siempre ha dejado en el aire quién pagaría los de años anteriores. Y una vez que se han girado los recibos para su abono de 2016 y 2017 (como no tardó en pregonar días atrás el PP local), el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, ha dejado claro “que ya no hay marcha atrás”, y confirma que se han dado las indicaciones “de que se inicie ya la tramitación para poder abandonar este órgano, y así se lo hemos comunicado también a sus responsables”.
“No nos queda más remedio que tomar esta decisión después de que desde 2018 hayamos hecho reiteradas peticiones de negociar el pago de esta tasa, que nunca han sido atendidas ni tenidas en consideración, y después de que tras estos años de amenaza de cobro ya se hayan mandado los recibos para liquidarla a los ciudadanos de San Fernando”, apostilla este edil del PSOE.
En este sentido, Rodríguez ha recordado que el Ayuntamiento ha trabajado en todo momento desde el punto de vista jurídico-administrativo en el expediente para asumir el abono de los atrasos de la tasa de reciclaje y llegar a un acuerdo con el Consorcio. Así, tal como se recogía en providencias dictadas y conocidas por todos los partidos, desde esta administración local se ha mantenido siempre la reclamación para que sea el Consistorio el que asuma el pago de los recibos de ejercicios anteriores.
El abono de esta tasa supone un desembolso de 38 euros anuales en el caso de las viviendas de particulares, mientras que en el caso de las empresas (comercio, hostelería y profesionales) tiene una incidencia mayor.
“EL RESPONSABLE DE TODO ES JOSÉ LOAIZA”
“Hemos estado en desacuerdo, y así lo hemos dejado claro, con este sistema de cobro de la tasa a la ciudadanía, un problema que padecemos y del que es responsable José Loaiza, que fue el que la aprobó”, insiste el edil de Presidencia (pese a que el PP la llama ahora ‘tasa Cavada’, tratando de desvincular al exalcalde de derechas de la misma).
Y reitera que “ahora vamos a cumplir con el mandado legal que tenemos los ayuntamientos de tratar y gestionar los residuos, pero lo haremos otros sistemas alternativos al de la tasa consorcial que impuso Loaiza. Para ello, ya hemos estado trabajando estos meses y se han dado pasos, y estamos seguros de que el nuevo sistema va a ser mucho menos gravoso para la ciudad que esta tasa del Consorcio”.
El concejal también ha expuesto que, ya una vez fuera del sistema consorcial y aprovechando la entrada en vigor del nuevo contrato de basuras (que lleva meses adjudicado, pero sin ejecutarse), se procederá a reestructurar la ordenanza fiscal relacionada con la tasa de la basura.
Conrado Rodríguez defiende que “ante este problema hemos hecho todo lo posible para aliviar la carga a los ciudadanos, tanto es así que ya comunicamos al Consorcio que desde este año 2020 abandonábamos el actual sistema de cobros y asumíamos el abono de la tasa con presupuesto propio, una fórmula que ya se aplica desde este mes de enero”.
“El siguiente paso, una vez que ya se han enviado los recibos, es materializar nuestra salida del Consorcio y por eso ya hemos comunicado la decisión, y hemos pedido el importe de la cuota de separación según lo establecido en los estatutos. No podemos seguir perteneciendo ni un día más a una entidad que está gravando de esta forma a la ciudadanía isleña, y en contra de la voluntad manifestada reiteradamente por parte del Ayuntamiento”, ha insistido el edil, que ha añadido que también se ha solicitado la celebración de una Junta General Extraordinaria del Consorcio Bahía de Cádiz (que paradójicamente está presidida por otro socialista, Juan Carlos Ruiz Boix).
