El Ateneo Republicano y Memorialista de La Isla exige de manera “urgente” al nuevo equipo de Gobierno el cumplimiento en San Fernando de la conocida como Ley de Memoria Histórica, empezando por la retirada del monumento a Varela de la plaza del Rey, y no “por una cuestión urbanística sino por justicia social”. No entiende “cómo el PSOE no se ha mostrado tajante” con el cumplimiento de una ley que su propio partido aprobó ni la “contumaz” resistencia del PA a retirar símbolos franquistas teniendo en cuenta el ideario y la obra de Blas Infante.
El Ateneo Republicano y Memorialista de La Isla exige de manera “urgente” al nuevo equipo de Gobierno local el cumplimiento en San Fernando de la conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Esta asociación no entiende que, después de casi ocho de vigencia, los diferentes gobiernos de la ciudad –en todos con presencia del PA- “no hayan cumplido con lo dispuesto en la citada normativa” y considera que la reparación de las víctimas del franquismo en La Isla “no puede demorarse más”. Por eso, no entiende que el nuevo Ejecutivo liderado por el PSOE –junto al PA- “no haya sido tajante con esta cuestión, máxime cuando fue el Gobierno de Rodríguez Zapatero el que aprobó la citada ley”.
“Nos preocupa los planteamientos sobre una consulta para testar si se cumple la ley o no. Ésta, como otras leyes, se tiene que cumplir”, subraya el Ateneo Republicano y Memorialista en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Tampoco considera lógico la “contumaz” resistencia a retirar la simbología fascista del PA “cuando esto choca con el ideario y la obra de Blas Infante, republicano y asesinado por los fascistas, del que dice ser su más ferviente defensor”. “¿Por qué el PA isleño no ha seguido el ejemplo del PA de Puerto Real, por ejemplo, que lleva años apoyando la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en su municipio?”, se pregunta este colectivo.
Para el Ateneo de La Isla resulta “inadmisible” que la estatua de un general “golpista” y “genocida” continúe erigiéndose en la plaza del Rey “y mantenga todos sus reconocimientos públicos” cuando José Enrique Varela “fue uno de los 35 cargos del franquismo imputados en 2008 por la Audiencia Nacional por detención ilegal y crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista”.
Aunque para partidos como Vox, esta estatua “no es un vestigio franquista, sino un homenaje a un vecino de nuestra ciudad, que siendo muy joven luchó en la guerra contra los árabes en África y siendo muy joven obtuvo dos laureadas. En cualquier otro país sería considerado héroe indiscutible, pero en España aún tenemos muchos complejos provocados por la desinformación electoralista de la clase política. Para quien pida retirar tal estatua le pido que antes se lea la biografía del General Varela”, enfatizaba Carlos Zambrano, el entonces alcaldable de este partido de derechas en la entrevista concedida a este periódico en mayo.
De la misma manera, la institución republicana y memorialista reclama al bipartito el cambio en el nomenclátor de las calles que recuerdan a militares golpistas y acontecimientos relacionados con la represión franquista: “un debate que no tendría lugar en países europeos como Alemania, donde no se reclamaría que una calle debe llevar el nombre de un militar nazi”.
El propio relator de Derechos Humanos de la ONU ha pedido al Gobierno de España el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, al tiempo que ha detectado la “deficiente educación” sobre esta parte de la historia española en los curriculums escolares. “De hecho, y frente al recuerdo a Varela, San Fernando adolece del reconocimiento público a los cientos de isleños que fueron asesinados desde el primer día que los militares golpistas se hicieron con la ciudad, entre los que se encuentra el alcalde Cayetano Roldán y sus tres hijos”, se subraya.
Historiadores como Alicia Domínguez Pérez o José Luis Gutiérrez Molina han documentado los asesinatos a ciudadanos isleños, y José Casado recopiló el nombre de hasta 133 isleños que fueron ajusticiados simplemente por ser personas de izquierdas, militares leales al sistema democráticamente elegido por el pueblo, o afiliadas a sindicatos; “una limpieza ideológica en toda regla”.
Por todo ello, el Ateneo insta a la flamante alcaldesa, Patricia Cavada, que sea “coherente” con el cumplimiento y el espíritu de la Ley, que retire la estatua de Varela, “no por una cuestión urbanística sino de justicia social” y que cuente con el Ateneo “para promover políticas que saquen a San Fernando del furgón de cola en el respeto de los derechos humanos”.
“UNA CUESTIÓN DE LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA Y DE CERRAR LAS HERIDAS DE LA GENTE”
El Ateneo Republicano y Memorialista de La Isla –resultado de la fusión de los antiguos Ateneo Republicano y la Asociación de Memoria Histórica de San Fernando- es una organización de reciente creación que tiene como fines desarrollar la cultura e ideas republicanas proyectadas hacia el futuro desde el presente; propiciar ideas sobre cambios estructurales que eliminen el estancamiento y la involución de las políticas sociales; urgir a que acabe cualquier tipo de discriminación, sea esta racial, religiosa, sexual o por cualquier otra causa diferencial, tanto en la vida laboral como familiar; defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos y promover la solidaridad entre éstos; recuperar la memoria individual y colectiva de todas aquellas personas represaliadas del franquismo; la investigación y el acopio documental de relatos escritos y orales, imágenes gráficas, digitales o impresas, películas, libros y publicaciones, folletos divulgativos, etc. para constituir un fondo documental abierto a los estudiosos del tema; el fomento del desarrollo libre de la cultura; la recuperación de la memoria histórica de lo que supuso la República en la vida social, política y moral del pueblo español durante los periodos republicanos de nuestra historia; reclamar el derecho a una educación integral y para toda la vida, mediante la instrucción pública, laica y democrática y promover la libertad de expresión y el derecho a una información objetiva y veraz.
“Los que aún dudan o creen que esto supone abrir heridas es todo lo contrario. La recuperación de la memoria histórica es una cuestión de legitimidad democrática y de cerrar las heridas de la gente y la supuesta democratización de nuestra sociedad”, se sentencia.
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