La Policía Nacional ha detenido en San Fernando a una mujer como presunta autora de un delito continuado de apropiación indebida y falsedad documental. La imputada, como gestora de comunidades de vecinos, presentaba en las reuniones datos falsos de las cuentas llegando incluso perjudicar a las comunidades como morosos al no hacer frente a los pagos de los mantenimientos de los ascensores. De momento se calcula que ha podido quedarse con más de 72.000 euros procedentes de una veintena de comunidades.
La Policía Nacional ha detenido en San Fernando a una mujer de 45 años de edad como presunta autora de un delito continuado de apropiación indebida y falsedad documental. La imputada, como gestora de comunidades de vecinos, presentaba en las reuniones datos falsos de las cuentas llegando incluso perjudicar a las comunidades como morosos al no hacer frente a los pagos de los mantenimientos de los ascensores.
La investigación comenzó cuando la Comisaría isleña recibió la denuncia del presidente de una comunidad de vecinos de la localidad, el cual informó que habían detectado anomalías en la cuenta de la comunidad de propietarios, que era gestionada por una Gestora de Comunidades, la cual se habría quedado con 1.100 euros.
La Brigada Local de Policía Judicial se hizo cargo del asunto, y recabaron el testimonio de la denunciada cuya declaración no consiguió aclarar el desfase existente, sino más bien al contrario, “relató tantas incongruencias que las mismas sirvieron de hilo conductor para descubrir que diferentes comunidades de vecinos y garajes habrían sido objeto de las artimañas de la gestora”, relatan desde la Policía Nacional en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Los investigadores realizaron diversas gestiones para descubrir que en más de veinte comunidades de propietarios de San Fernando y dos de Chiclana esta mujer habría utilizado el mismo ‘modus operandi’ para apropiarse indebidamente de grandes cantidades de dinero. La investigada entregaba, en las reuniones mantenidas con los propietarios, “documentos informativos” realizados por ella misma dando un estado de cuenta “irreal” y trascribía el mismo al libro de acta “no aportando en dichas reuniones justificantes bancarios algunos”.
Por ejemplo, en una de las últimas reuniones celebradas dio cuenta de la existencia en caja de un saldo de 5.000 euros, teniendo en realidad la cantidad de 51 euros. Algunas comunidades se han visto igualmente sorprendidas y acusadas de “morosas” al no hacer frente a los pagos que generan el mantenimiento de ascensores, cantidades que oscilan entre los 6.000 y los 13.000 euros.
En el transcurso de la investigación se determinó que en una de ellas al detectar el presidente la falta de una cuantía considerable de dinero en la cuenta corriente se puso en contacto con la gestora exigiéndole el reintegro de la misma, algo que hizo en dos pagos. Igualmente tres comunidades que no han visto sus cuentas corrientes alteradas lo han sido por la preceptiva firma de los presidentes para cualquier gestión bancaria que se precisara; el resto de comunidades en una u otra medida se ha visto afectada por el comportamiento de esta mujer ahora detenida.
Los agentes de la Brigada de Policía Judicial encargados de las investigaciones han determinado durante los cuatros meses que ha durado la investigación, la existencia “tan significativa” de operaciones en efectivos en las diferentes cuentas bancarias (más de 25) y sobre el estudio de los extractos de las diferentes cuentas bancarias denotan una “intencionalidad” por parte de la imputada “toda vez que tal cantidad de movimientos no son habituales en una cuenta de comunidad de vecinos, mes a mes y a lo largo de varios años”.
La cuantía de lo apropiado hasta la fecha, pendiente de las auditorias y revisión de los presidentes de comunidades de las cuentas, pueden ascender a más de 72.000 euros.
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