La Junta de Personal del Ayuntamiento de Rota ha salido en defensa de los seis funcionarios “que llevan prestando sus servicios más de 20 años de una forma ejemplar y honrada”; una vez que el Supremo ha ratificado las condenas dictadas hace un año por la Audiencia Provincial en el caso conocido como ‘horas extras’: “las condenas impuestas son excesivas”, se subraya. El Gobierno local lamenta que se hayan tenido que trasladar a sede judicial este y otros casos “por la actitud intransigente” del anterior equipo de Gobierno de PP-RRUU.
La Junta de Personal del Ayuntamiento de Rota ha salido en defensa de los seis funcionarios “que llevan prestando sus servicios más de 20 años de una forma ejemplar y honrada; compañeros con los que trabajamos día a día, que conocemos y apreciamos, y a los que les queremos manifestar nuestro apoyo”; una vez que el Tribunal Supremo ha ratificado íntegramente las condenas dictadas hace un año por la Audiencia Provincial de Cádiz en el caso conocido como ‘horas extras’, y que entre otros, sentencia a cuatro años y medios de cárcel a la exalcaldesa del PP, Eva Corrales.
La sentencia dictada por la Audiencia Provincial y ahora ratificada por la Sala de lo Penal del Supremo, “en nuestra opinión, nos parece injusta y desproporcionada, puesto que estas actuaciones deberían haber sido resueltas por otros medios”, apuntan desde la Junta de Personal en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Y se repite, “las condenas impuestas son excesivas e insistimos en la honradez de nuestros seis compañeros, que como el resto de la plantilla del Ayuntamiento de Rota, día a día desempeñan las funciones en sus respectivos puestos de trabajo, y a los que les mostramos nuestro apoyo de manera incondicional para con ellos y con sus respectivas familias en estos momentos tan difíciles que están atravesando”.
“Si nos paramos a pensar que simplemente podía haberse tratado de un error administrativo, ahora y con las actuaciones llevadas a cabo, hablamos de condenas de cárcel e inhabilitación para seis empleados públicos, algunos de ellos, al final de su carrera profesional, con más de 40 años de servicio y entregados a su trabajo”, se lamenta.
“UNA MUY MALA NOTICIA PARA EL PUEBLO DE ROTA”
Mientras, desde el Gobierno local PSOE-IU, ante esta condena que implica a funcionarios municipales, se quiere manifestar “nuestro respeto a las leyes, al Estado de Derecho y a las resoluciones judiciales”.
“No obstante, no podemos pasar por alto que se trata de una muy mala noticia para el pueblo de Rota, por las importantes consecuencias que este hecho supone para los afectados, sus familiares y para el propio Ayuntamiento, máxime cuando la mayoría de los funcionarios afectados han tenido una trayectoria de servicio intachable y leal con este Consistorio”, se añade.
Socialistas e izquierdistas lamentan que “este caso, al igual que los demás casos pendientes de resolver, se hayan tenido que trasladar a sede judicial, por la actitud intransigente del anterior equipo de Gobierno, que sistemáticamente se vino negando a dar explicaciones sobre las irregularidades que se estaban cometiendo y nunca adoptaron las medidas necesarias para corregirlas”. De hecho, este caso ‘horas extras’ parte de una denuncia de IU.
La Sala II del Tribunal Supremo ha dictado sentencia con la que confirma la pena de cuatro años y medio de cárcel que la Audiencia de Cádiz impuso a la entonces todavía alcaldesa, Eva Corrales, como autora de un delito de falsedad en documento oficial y otro continuado de prevaricación administrativa. La condena incluye además ocho años y medio de inhabilitación especial para cargo público y multa de 2.700 euros.
Las penas que se ratifican para los otros siete acusados son: cuatro años y medio de cárcel, y cinco años y tres meses de inhabilitación especial, respectivamente, para el exconcejal Ismael Puyana, el exresponsable técnico de la delegación de Fiestas José María Caballero Márquez, y los funcionarios Manuela Serrano y Francisco Arjona; dos años de cárcel y cinco años y tres meses de inhabilitación para el funcionario que se hacía con estos trabajos de costura Manuel García Rodríguez; cinco años y tres meses de inhabilitación para la mujer de éste último, Josefa Moreno Rebollo; y dos años y siete meses de inhabilitación para el exinterventor Miguel Fuentes.
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