El pleno ordinario del Ayuntamiento de Rota ha estado protagonizado por uno de los 16 puntos a debate: el inicio del expediente para la modificación o disolución y liquidación de la empresa municipal Aremsa, propuesta aprobada por PSOE, IU y Sí se Puede. El bipartito no planteaba inicialmente cerrar esta sociedad, pero lo achaca al “bloqueo” que mantienen en la misma RRUU y PP. Se manda un mensaje de tranquilidad al centenar de trabajadores.
El pleno ordinario del Ayuntamiento de Rota ha estado protagonizado por uno de los 16 puntos a debate: el inicio del expediente para la modificación o disolución y liquidación de Aguas de Rota empresa municipal, Aremsa, propuesta aprobada con los votos a favor de PSOE, IU y Sí se Puede.
El portavoz del equipo de Gobierno, Daniel Manrique, explicaba en este punto que los trabajadores fijos no deben temer por su futuro laboral, unos 100 aproximadamente – serán subrogados por el Ayuntamiento-, mientras que el resto de ciudadanos podrá concurrir a las plazas temporales según datos objetivos de mérito e igualdad para todos los vecinos.
Manrique apostillaba que, en su planteamiento inicial, no estaba en la hoja de ruta ni de PSOE ni IU, socios del bipartito, la extinción de esta empresa municipal, circunstancia que ha provocado el “bloqueo” dispuesto por RRUU y PP ante la negativa a que el propio portavoz del nuevo Gobierno local ocupara el cargo, no remunerado, de consejero delegado de Aremsa tras el cambio político en el Ayuntamiento.
“Queríamos la disolución de fundaciones municipales y empresas SURSA y SODESA. En contra de esta línea general el planteamiento era mantener Aremsa y el Centro de Empleo Torre de La Merced. Fue la estructura inicial administrativa que plantamos en el momento de empezar a trabajar”, ha repetido, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz.
“SURSA y SODESA ya se extinguieron de forma definitiva, y están en proceso de liquidación. Por entonces empezamos para la renovación de los órganos de gobierno de ambas sociedades. En el caso de Aremsa es desempeñar las funciones de consejero delegado. Para ello se exige la aprobación de las dos terceras partes. Tiene dos votos RRUU, dos de PP, uno de IU y cuatro de PSOE. Al exigirse estos dos tercios no se puede conseguir sólo con los votos de PSOE e IU, sino que es necesario un voto más. RRUU y PP se abstuvieron en el primer Consejo General. En el segundo, tras la reunión con la gestora, no comparece ni RRUU ni PP. Y una tercera en la que no solo se abstiene, sino que vota en contra”, se recordaba durante la sesión plenaria.
De este modo, “ante la insistencia de que la figura de consejero delegado sea una persona externa, e incluso decían que saliese a concurso público, sería un sueldo más y más gasto para el municipio. Vimos entonces que si seguían bloqueando la situación de renovación de cargos, como es normal tras el cambio de equipo de Gobierno, acudiríamos a una vía de extinción de la sociedad, para pasar a otra entidad en la que solventasen esas dificultades”.
Hoy día Aremsa sigue sin tener un consejero delegado. “No hay una propuesta de la oposición, y tenemos que iniciar los trámites para su extinción. El trámite es recabar informes jurídicos y económicos. Pedir informe a la Administración General, que tutela las decisiones de la Corporación municipal, y una vez que recabemos esos informes, haremos lo que proceda”.
Al hilo de este punto, el secretario de organización del PSOE local, Samuel Rodríguez, ha querido lamentar la postura de Lorenzo Sánchez, portavoz de Roteños Unidos, y que es la misma del PP, “que sigue estando sumiso al líder independiente, y que tiene una obsesión con el primer teniente de Alcalde, Daniel Manrique”, obsesión que “debería de aclarar para conocimiento de los roteños, ya que el teniente de alcalde tiene un curriculum suficientemente reconocido para poder ser el consejero delegado de la empresa municipal”.
Además de lamentar esta situación que ha obligado al bipartito a tomar esta medida, Rodríguez ha pedido a PSOE e IU que “en la auditoria laboral se investiguen todos y cada uno de los contratos para ver que se cumplen las condiciones de igualdad, capacidad y mérito, y que en caso de observar alguna irregularidad, se tomen las medidas oportunas contra los responsables políticos, incluso llevarlas al Juzgado si hace falta”.
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