Un pleno extraordinario ha dado luz verde a los dos puntos a debate: una propuesta relativa a la tramitación del correspondiente expediente para la determinación de la forma de gestión del servicio de ayuda a domicilio; y otra propuesta contra los graneles en los terrenos de la antigua Delphi por razones económicas y de salud.
El Ayuntamiento de Puerto Real celebraba a finales de julio un pleno extraordinario en el que sacaba adelante, por unanimidad, los dos puntos del orden del día: una propuesta de la Alcaldía-Presidencia relativa a la tramitación del correspondiente expediente para la determinación de la forma de gestión del servicio de ayuda a domicilio, contemplando la posibilidad de su municipalización; y otra propuesta firmada por toda la Corporación contra los graneles contaminantes en los terrenos de la antigua Delphi.
Al final de la sesión tomaban la palabra representantes tanto del comité de empresa del servicio de ayuda a domicilio como de la plataforma ciudadana Más graneles No, que agradecían el respaldo unánime de los partidos a los dos asuntos.
SOBRE EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
La plantilla del servicio de ayuda a domicilio, como por ejemplo la de San Fernando, lleva semanas en lucha por la jornada de 35 horas, entre otras mejoras. En este contexto, el pleno ordinario de este mes apoyaba la iniciativa lanzada por Unidas Podemos para analizar la viabilidad de la gestión directa de dicho servicio. Con este nuevo pleno, se ha dado luz verde al inicio del expediente administrativo de ese estudio.
Además, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, este acuerdo recoge la creación de una comisión presidida por la concejala de Política Social Lourdes Bernal compuesta por representantes de los partidos (PSOE, AxSí, Podemos-IU, Cs y Equo) y por personal técnico de las distintas áreas afectadas. El objetivo es “elaborar una memoria justificativa que determine la modalidad de gestión que garantice una mayor sostenibilidad y eficiencia del citado servicio”.
En paralelo, según ha apuntado la alcaldesa Elena Amaya, se está trabajando en el pliego de condiciones para sacar de nuevo a licitación este servicio tal y como está, explotado por una empresa privada, cuando expire el contrato. “Actualmente tenemos el pliego en stand by porque hemos tenido conocimiento de que el Consejo Consultivo de Andalucía ha dado respuesta a una pregunta del Ayuntamiento de San Fernando donde pueden venir recogidas mejoras que podríamos incluir en el pliego y que actualmente no es posible incorporar por temor a que se recurriese el documento y se paralizase la gestión”, aclaraba.
SOBRE LOS TERRENOS DE DELPHI
En cuanto a la propuesta sobre los terrenos de la desaparecida Delphi, desde primavera en manos del Cádiz CF para acometer un proyecto de “ciudad deportiva digital”, aunque la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) lleva años pretendiendo los mismos suelos como complemento a la dársena de La Cabezuela, y ya ha iniciado el proceso de expropiación forzosa de los mismos; todos los partidos han acordado solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la retirada de la Orden del pasado marzo por la que se aprueba la modificación sustancial puntual de la delimitación de espacios y usos portuarios, que adscribe los terrenos del polígono El Trocadero al puerto de la Bahía de Cádiz.
La exposición de motivos de esta propuesta recoge que el proyecto de la APBC de destinar los terrenos de Delphi “a la recepción, almacenaje, manipulación y distribución de todo tipo de graneles sólidos y líquidos”, supone “otra vuelta de tuerca más en el proceso de degradación y pérdida de la actividad industrial que sufre Puerto Real y toda nuestra Bahía”.
Y aunque también es verdad que la Autoridad Portuaria viene repitiendo en los últimos tiempos que en ningún momento ha dicho que vaya a destinar estos suelos a graneles, con este acuerdo los diferentes partidos del pleno puertorrealeño consideran “injustificable” la ocupación de más de 400.000 metros cuadrados en El Trocadero, “uno de los mejor situados y con mayor potencialidad para la instalación de actividades productivas generadoras de empleo de la provincia”, para desarrollar “una actividad altamente contaminante, de bajo impacto en creación de empleo y que frustraría otras actividades económicas con un mayor valor social, económico, respetuoso para el medio ambiente y laboral para toda la Bahía de Cádiz”.
“Sería una decisión irreversible que hipotecaría no sólo nuestro futuro económico, sino lo que es más grave, las condiciones de salud, calidad de vida y medioambiental, no solo de las barriadas más directamente afectadas como son las del Río San Pedro o Marina de la Bahía sino también la del propio municipio. Las consecuencias de la mala calidad del aire son bien conocidas: asmas, alergias, irritación en las vías respiratorias, problemas cardiovasculares y, en los casos más graves, cáncer de pulmón”, se incide.
