El colegio Reggio sigue en lucha, exigiendo la retirada de los techos de uralita del centro. El alumnado ya no asiste a clases, y en esta ocasión se ha recibido el apoyo de las Ampas de todos los centros escolares de la ciudad. Padres y madres mantienen sus exigencias a la Junta: “no basta la retirada del techo del cuarto de aperos. Las cubiertas del centro tienen más de 50 años y presentan un estado de deterioro, con grietas y fisuras que suponen un riesgo para el alumnado y profesionales”. La delegación territorial aclara cómo está actuando en esta crisis y subraya que informes y mediciones “dejan claro que el resto del techo no presenta problemas”; se compromete a una intervención “progresiva”.
Cerca de mil personas se ha concentrado este jueves a las puertas del colegio Reggio en una nueva jornada de movilizaciones, exigiendo la retirada de los techos de uralita del centro. El alumnado sigue sin asistir a clases, y en esta ocasión se ha recibido el apoyo de las Ampas de todos los centros escolares de la ciudad.
Paralelamente, CGT ha vuelto a denunciar ante la Inspección de Trabajo la “peligrosidad” que supone la presencia de “gran cantidad” de amianto en estas instalaciones y las “insuficientes” medidas adoptadas por la Junta; Ustea ha revelado un informe de salud laboral en el que se señala la situación crítica de los techos; el Defensor del Menor de Andalucía ha abierto una queja de oficio; y la Junta “en un ejercicio de responsabilidad y transparencia”, trata de aclarar cómo está actuando admitiendo que no puede retirar a corto plazo todo el amianto.
En la concentración de este jueves, la presidenta de la Flampa, Aurora Salvador, ha sido la encargada de dar lectura al manifiesto, subrayando que “todos somos el Reggio. El colegio Reggio no está solo”, que apoya las reivindicaciones de estos padres y madres, y “evidencia el riesgo para la salud de la inhalación de fibras de amianto”.
Desde la Flampa han avanzado además que los próximos 20, 21 y 22 de junio alumnado y padres de todos los centros de la localidad permanecerán durante 15 minutos a las puertas de los colegios como medida de protesta. Por su parte, los niños de este colegio seguirán sin asistir a clases. El Ampa mantiene sus exigencias a la Junta: “no basta la retirada del techo del cuarto de aperos. Las cubiertas del centro tienen más de 50 años y presentan un estado de deterioro, con grietas y fisuras que suponen un riesgo para el alumnado y profesionales del Reggio”.
La comunidad educativa del centro escolar mantendrá su calendario de movilizaciones, con concentraciones a diario a las nueve de la mañana en las puertas del centro. Queda pendiente la autorización de la Subdelegación para realizar una protesta ante la delegación territorial de Educación en la capital.
Desde el Ampa denuncian que “ninguno de los técnicos enviados por la Junta ha garantizado la ausencia de riesgo para la salud de nuestra comunidad educativa” y ha instado al delegado territorial de Educación a que “deje de poner excusas y ordene ya ejecutar la obra para no producir retrasos del próximo curso”. Estos padres concluyen asimismo con una declaración de intenciones: “no vamos a rendirnos, ni a ceder en nuestras pretensiones. Queremos un colegio 100% seguro y libre de amianto”.
Mientras, desde Ustea lamentan que desde que comenzaron las movilizaciones la delegación territorial “no ha sabido informar a los trabajadores del centro educativo que han pasado momentos muy complicados, ya que además de no poder terminar de una manera normal el curso, de no poder despedirse de su alumnado, no han tenido una información veraz ni continúa de si están en condiciones para seguir dando clases”.
Las familias del centro han dejado de llevar a sus hijos a clase, pero la plantilla del colegio no puede faltar sin un informe que lo avale de inspección de trabajo ni de salud, asunto que exigen además de una información que tranquilice su labor en estas instalaciones.
LA JUNTA EXPLICA QUÉ ESTÁ HACIENDO
En aras de resolver “de la mejor forma posible, sin alarma social y sin menoscabo de la calidad educativa” la situación, el delegado territorial de Educación, Juan Luis Belizón, incide en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz en que se ha comprometido a una serie de acciones que “son las que se están llevando a cabo desde ese mismo momento”.
Por un lado, la Junta, debido a que el Ayuntamiento como titular del equipamiento anunció en un primer momento hacerse cargo y luego rechazó llevarlo a cabo, “va a retirar la uralita en la zona donde tanto los informes técnicos como las mediciones lo indican”. Por otro lado, se ha propiciado la visita de Salud Pública, que ha solicitado la mediación de técnicos expertos en amianto de la Agencia de Medio Ambiente, que han visitado el centro para realizar dicho informe (se espera que esté en las próximas 24 ó 48 horas). Y “a pesar de que los informes y las mediciones dejan claro que el resto del techo del centro no presenta problemas”, se subraya, dada la antigüedad del centro y su carácter propicio para una actuación de reforma, se ha ofrecido la posibilidad de redactar la programación de una intervención que “de forma progresiva reforme de manera integral el centro”.
Tras el requerimiento presentado por la Inspección de Trabajo previa denuncia del sindicato CGT, la delegación territorial recuerda que inició el proceso de investigación requerido a través de su Unidad de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL). Estos técnicos realizaron una primera visita al colegio para hacer el trabajo de campo que permitiera elaborar su informe técnico. En dicha visita y como instrumento de trabajo confeccionan un ‘chek list’ o lista de comprobación que sirve para la elaboración posterior de su informe técnico. En ese documento previo a la redacción del informe definitivo se expone, “siempre con terminología técnica, no son conclusiones”- se precisa-, la descripción de cada uno de los techos y recogiendo las medidas correctoras y preventivas. Entre esas medidas los técnicos apuntan que “habría que proceder a la retirada del techo de porche y el mantenimiento del resto de las instalaciones”. Estas anotaciones son posteriormente sometidas a un contraste mediante una serie de mediciones exigidas por la autoridad laboral. Se trata, por tanto, de la fase inicial de recogida de información por parte de la UPRL.
Una vez elaborado el informe final, se elevó a Belizón por parte de la UPRL que, “con carácter inmediato, da traslado fiel del mismo tanto al centro educativo como al titular del equipamiento, el Ayuntamiento, para que proceda a la implantación de las medidas correctoras y preventivas recogidas o propuestas por los técnicos”.
Con posterioridad y por indicación expresa y escrita de la Inspección de Trabajo, “para mayor seguridad”, se realizan unas mediciones para descartar la no existencia de amianto en el ambiente. En cumplimiento de este mandato de la Inspección, la Junta encarga dos mediciones: una en el aire, que es la que exige la normativa más otra en sólido que no lo exige normativa alguna. El primero da un resultado negativo; por el contrario el resultado de la medición en sólido, realizado bajo el techo del cobertizo, da positivo.
A raíz de ello, la delegación territorial “en un ejercicio de responsabilidad y transparencia”, decide el precinto de la zona donde ha dado el test positivo; lo comunica “personalmente” a la dirección del centro trasladándose el jefe de servicio responsable, y al Consistorio.
A partir de esa fecha y tras las distintas reuniones con Ayuntamiento, equipo directivo del centro y Ampa se “han reforzado” las medidas para garantizar a la seguridad de la comunidad educativa. Así se ha solicitado a Salud Pública que haga una visita y se reúna con profesores y padres; y se ha pedido un informe a Salud Pública para que certifique la salubridad del centro y en su caso las medidas que hay que adoptar para ello.
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