CGT, que apoya las movilizaciones emprendidas por los padres del colegio Reggio de Puerto Real, ha vuelto a denunciar ante la Inspección de Trabajo la “peligrosidad” que supone la presencia de “gran cantidad” de amianto en estas instalaciones y las “insuficientes” medidas adoptadas por la delegación territorial de Educación para garantizar la no exposición al mismo de la comunidad educativa. Paralelamente, el Defensor del Menor de Andalucía ha abierto una queja de oficio. Y en el Parlamento andaluz, PSOE y Ciudadanos han tumbado una propuesta de Podemos en la que exigía la retirada progresiva de uralita de todos los centros escolares de la región.
El sindicato CGT ha vuelto a denunciar ante la Inspección de Trabajo la “peligrosidad” que supone la presencia de “gran cantidad” de amianto en la cubierta del colegio público Reggio de Puerto Real y las “insuficientes” medidas adoptadas por la delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía para garantizar la no exposición al mismo de la comunidad educativa del centro. Al respecto, desde hace unos días padres y madres de alumnos del centro se están movilizando, exigiendo la retirada de todos los techos de uralita, mientras la administración regional llama a la calma y admite que no podrá actuar en un solo verano.
Paralelamente, se conoce que el Defensor del Menor de Andalucía ha abierto una queja de oficio ante las noticias aparecidas que hacen referencia a la presencia de partículas de amianto en un suelo cercano a un aula de este colegio. Es por ello que se ha dirigido ya a la delegación territorial “queriendo conocer la las medidas que, de forma urgente, se adoptarán para solucionar este problema e interesándonos por la situación de los centros docentes de la provincia cuyas instalaciones pueden contener amianto”.
CGT informa que esta misma semana ha recibido oficio/informe de Inspección de Trabajo de fecha 11 de abril en respuesta a su denuncia a la presencia de amianto en mal estado de conservación en el CEIP Reggio. En dicho escrito se comunica que desde esa Inspección se ha requerido a Educación a que proceda a realizar una serie de requerimientos “que desde este sindicato entendemos que no se han cumplido satisfactoriamente. Ni en sus plazos ni sobre todo en las medidas adoptadas que son manifiestamente insuficientes y no garantizan la seguridad y la no exposición al amianto de los trabajadores y alumnado”.
Este sindicato expone en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que, por ejemplo, “no se ha convocado a los delegados sindicales de Prevención para la realización de las mediciones, ni siquiera se nos ha permitido tener acceso a los resultados obtenidos como consecuencia de las mismas”. Tampoco se ha facilitado la documentación de la investigación a los delegados de Prevención, “a pesar de haberla pedido expresamente” a principios de mayo. Y tampoco se tiene constancia de que, con fecha de 30 de abril de 2016, se hubiera informado a los trabajadores del colegio “sobre los riesgos del amianto y, desde luego, no se ha hecho a este representante de los trabajadores, según obligaba el citado requerimiento”.
Las actuaciones adoptadas por la delegación territorial, se insiste, “no garantizan la salud y seguridad en el centro, dado el evidente deterioro de la uralita de toda la cubierta (a simple vista se ven grietas y roturas), que tiene más de 50 años de antigüedad, por lo que ha superado sobradamente su vida útil, lo que se agrava con que no ha tenido un adecuado mantenimiento (no se ha pintado habitualmente), los tornillos y piezas de sujeción están oxidados y tienen holgura, en espacios como el porche el amianto está en contacto directo con las personas al no tener falso techo y dada su baja altura”. Además, en los espacios que si hay falso techo “este no es estanco, sino que tiene agujeros y paneles desplazados por lo que deja caer las partículas de amianto, sobre todo por la presencia de goteras”.
Por todo ello, CGT ha vuelto a denunciar ante la Inspección de Trabajo al colegio, al tiempo que apoya las movilizaciones de la comunidad educativa y su reivindicación de retirada inmediata (este verano) y total del amianto del centro. “Y es que esta situación es muy peligrosa ya que el amianto produce enfermedades muy graves, entre ellas el cáncer de pulmón. La OMS lo califica de cancerígeno de tipo 1”, se subraya.
“Exigimos a las autoridades educativas –sentencian desde este sindicato- que actúen de forma inmediata, y segura, a retirar el amianto de todos los centros educativos comenzando por las situaciones que puedan ser potencialmente más peligrosas”. Se repite que “es fundamental elaborar un inventario de los centros afectados y un calendario de actuaciones”. Como aconseja el experto en el tema Francisco Puche se debe acometer la retirada del amianto en el verano, “ya que si entraña peligro instalado, más peligroso es si se elimina con el alumnado y profesorado en el centro educativo”.
PSOE Y CIUDADANOS VOTAN “EN CONTRA” DE ELIMINAR EL AMIANTO DE LOS COLEGIOS
Sin dejar el asunto, el pasado martes día 14 se debatía en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento andaluz una propuesta de Podemos en la que se requería a la Junta actuar para liberar de este material cancerígeno a todos los centros educativos. La proposición no de ley (PNL) no pudo salir adelante por los votos en contra de PSOE y Ciudadanos, según lamenta Carmen Molina, diputada en de la formación morada y coportavoz de Equo Andalucía.
En esta iniciativa se recogía la necesidad de realizar un inventario del amianto existente en todos los colegios andaluces, tanto el visible como el invisible, y elaborar un calendario de retirada segura con el objetivo de “evitar que nuestros hijos sigan expuestos a un material”. Los menores son cinco veces más susceptibles de contraer enfermedades del amianto que los adultos en igualdad de circunstancias, por lo que desde Podemos insisten en que “urge la puesta en marcha de un plan que garantice la eliminación segura de este material en todos los centros educativos andaluces”.
“El PSOE en la Junta ha vuelto una vez más a echar balones fuera para no abordar una problemática tan seria como ésta”, critican desde Equo, añadiendo de la misma manera que Ciudadanos “se han escudado en que hay que exigírselo al Gobierno central y no a la Junta, utilizando así su argumento más recurrente”.
Mientras desde Ciudadanos excusan su ‘no’ junto a los socialistas lamentando que a su vez Podemos rechazara su propuesta de realizar estudios técnicos antes de la retirada del amianto de los centros escolares y de otros edificios públicos, “algo sensato y necesario para este tipo de actuaciones”.
La PNL establecía una actuación en dos tiempos. En primer lugar, la eliminación “de forma urgente en los colegios que tienen amianto con más de 30 años o estén en peor estado”, para posteriormente promover que “el amianto de todos los centros educativos quede erradicado antes de 2030, fecha en la que se estima que el 87% del amianto instalado ha cumplido 40 o más años y ha llegado al fin de su vida útil”. Exigiendo que se librasen los presupuestos pertinentes para hacer efectivo este calendario, sin renunciar a exigir a los responsables -empresas que, como Uralita, han dominado la mitad de la producción en España durante este último siglo-, “un fondo de desamiantado para cumplir con la máxima de que quien contamina, paga”.
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