La andalucista Maribel Peinado ha decidido renunciar este mismo lunes de sus cargos de Gobierno en la Diputación de Cádiz, aunque seguirá como diputada provincial, tras conocerse que ha sido condenada en primera instancia a dos años y medio de inhabilitación por impedir a la oposición el acceso a información pública de manera sistemática en el Ayuntamiento de Puerto Real durante su etapa como alcaldesa. En el presente mandato, era sostén del Gobierno del PSOE en la institución provincial, asumiendo las responsabilidades de Medio Ambiente, e incluso la vicepresidencia segunda.
Pese a este paso atrás, Peinado, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, mantiene su inocencia y avanza que presentará recurso a la Audiencia Provincial porque entiende que su gestión al frente del pasado Gobierno puertorealeño “no ha vulnerado ningún precepto penal”.
En concreto, el Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz ha condenado a la exalcaldesa de Puerto Real entre 2011 y 2015, del hoy extinto Partido Andalucista, a dos años y medio de inhabilitación para cargo electo por impedir a la oposición el acceso a información pública, cuando era primera edil; y tras una denuncia del PSOE local en 2014. El PP en la Diputación ya había reclamado este lunes a la presidenta, Irene García, su “cese inmediato”, mientras Equo en la Villa considera que “por coherencia política, y aunque la sentencia no sea aún firme, debería dimitir”.
“Tengo confianza de que este caso finalmente reflejará la verdad de lo sucedido durante esa etapa y por ello estoy determinada a recurrir la sentencia y agotar las vías de defensa que nos permite el sistema judicial. Renuncio a mi cargo de vicepresidenta y a mis responsabilidades de Gobierno en la Diputación en aras de la estabilidad de la institución y como muestra de mi compromiso a la gestión que venimos realizando”, asegura Peinado.
Por otro lado, la también portavoz del PA en Puerto Real afirma que la sentencia “reconoce la utilización política de la denuncia por parte de los denunciantes”. “Yo entiendo que no existe la comisión de ningún tipo de delito en lo descrito por la sentencia. De hecho, tanto en gobiernos municipales anteriores al mío como en el actual existe multitud de ejemplos que con la misma vara de medir podrían suponer hechos delictivos incluso de enjundia superior a la reflejada en mi caso”, interpreta.
“El artículo 23 de la Constitución legitima un derecho de información tendente a fiscalizar, más no a un uso político de la petición de información con el propósito únicamente a generar un rédito político y no a controlar la gestión municipal del equipo de Gobierno. Dicho uso político queda reconocido en el texto de la propia sentencia y queda además reduplicado por el hecho de que alguna de la información solicitada por los denunciantes se refiere a mandatos anteriores, así como que una vez se accedió al poder por el actual Gobierno ni se preocupó en verificar dicha información a su alcance”, reflexiona la hasta hoy vicepresidenta de la Diputación.
Es más, agrega que la sentencia que le condena en primera instancia “además de exculpar gran parte de los supuestos denunciados respecto de los que basa, son supuestos que se contestaron, sin que producida la contestación ulteriormente se ejercitara ningún tipo de acción legal por los denunciantes, siendo ello prueba inequívoca de que no se ocultaba ningún tipo de irregularidad”.
La sentencia no es firme, se repite desde el extinto PA puertorrealeño, y ya se ha presentado escrito solicitando copia de las grabaciones de las sesiones del juicio oral y anunciando el recurso.
PODEMOS EXIGE A PEINADO QUE DEJE LA DIPUTACIÓN
Después de que el PP provincial y Equo en Puerto Real pidieran el mismo lunes que la política andalucista fuera cesada y dimitiera, respectivamente, y tras conocerse que deja sus cargos en el Gobierno de la Diputación, Podemos en boca de su coordinador provincial, José Ignacio García, ha reclamado que “por coherencia debería retirarse, dejar de cobrar de la Diputación y no dar más lecciones en el Ayuntamiento puertorrealeño”.
“Peinado –según la formación morada- ha vuelto a demostrar que está más interesada en aferrarse al cargo, no bajarse del coche oficial y seguir cobrando de lo público”.
Para García es “escandaloso que ella y su grupo acosen al equipo de Gobierno en la Villa con preguntas con el único fin de saturar a la institución mientras que su Gobierno, con ella al frente, no informaba para obstaculizar el trabajo de la oposición”. Mientras, asegura este portavoz de Podemos, “donde gobernamos ponemos en práctica los principios de transparencia y participación que son las mejores vacunas frente a la vieja política de los favores partidistas y de utilizar este tipo de distinciones en beneficio propio”.
EL PSOE LOCAL PIDE QUE DEJE EL AYUNTAMIENTO
Y el PSOE de Puerto Real va más allá y le pide a la exalcaldesa del extinto PA que entregue su acta como concejala del Ayuntamiento (por lo que automáticamente dejaría de ser diputada provincial). El secretario general del PSOE local, Carlos Salguero, reclama esta dimisión “por higiene de la vida política”, tras conocerse la sentencia que le condena.
Para Salguero, sería “incomprensible” que siguiera siendo concejala en la localidad “cuando ha quedado probado por la Justicia que obstaculizó la labor de la oposición impidiendo el acceso a multitud de expedientes del Ayuntamiento”.
“En este momento Peinado ya no es dueña del cargo de concejal, ya que para ese cargo y cualquier otro que conlleve representación pública acaba de ser inhabilitada a dos años y medio”, entienden los socialistas. A pesar de que la sentencia no es firme y cabe recurso, insisten en que “tiene que dimitir de forma inmediata y no alargar más esta situación”.
La formación que elevó estos hechos a los juzgados en 2014 ve que la sentencia que acaba de conocerse, “lo dice bien claro: al PSOE y por ende a la ciudadanía de Puerto Real se le ha ocultado información. Va contra los derechos de los ciudadanos, a los que representamos desde el partido”.
