El pasado septiembre se cumplían tres años de la apertura en Puerto Real del CEIP Tierra y Libertad, en la zona de Casines; colegio que empezaba a funcionar incompleto, sólo con la etapa de Infantil, y con la promesa de acometerse una segunda fase para dotar al centro de las aulas de Primaria.
E igualmente se cumplen ocho meses desde que, coincidiendo con el inicio del curso 2023/2024, la Ampa del colegio empezó un calendario de movilizaciones y concentraciones en la capital gaditana, a las puertas de la delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, “a las que siempre ha acompañado Ustea mostrando su apoyo”, resalta este sindicato en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Este centro público se encuentra ubicado en un barrio cuya demografía crecía a gran velocidad en los años 2021 y 2022, con gran empuje inmobiliario, lo que llevó a que en su momento la consejería de Educación considerase la importancia de crear este colegio de Infantil y Primaria que acogiera toda la población infantil de Casines.
Su apertura supuso un gran impulso a nivel educativo, no sólo para los habitantes del barrio de Casines, sino también para los habitantes de zonas colindantes como el Barrio Jarana, Meadero de la Reina, Chacona y Marquesado. Es más, la Junta llegó a cerrar un colegio que incluía la etapa de Primaria en la zona rural del Marquesado con la excusa de construir este centro educativo, “cuya comunidad educativa no ha visto comenzadas las obras de ampliación, que acumulan un retraso ya de tres años”, repiten desde Ustea.
De este modo, ya hay familias del alumnado de Infantil del colegio Tierra y Libertad (las que tienen a niños que pasan a Primaria) que, el próximo curso, se van a encontrar con la problemática “de tener que desplazarse a diario a centros muchos más alejados, o que no le garanticen la escolarización en un centro público y se vean forzadas a matricular a sus hijos en un centro privado concertado con ideario religioso, como ha ocurrido en otras ocasiones”.
En este sentido, se remarca “la claridad del mandato de nuestra LOMLOE a las administraciones en cuanto a la programación de la red pública: tienen la obligación de garantizar suficientes plazas públicas”.
Ustea espera que la delegada territorial competente, Isabel Paredes, “haga los deberes y asuma su obligación educativa en Casines, y se deje de ignorar promesas basadas en presupuestos económicos y cuestiones técnicas del proyecto”. En marzo de 2023, esta política del PP aseguraba que las obras de ampliación (presupuestadas en unos 2,5 millones de euros) estaban en fase administrativa, con la redacción del proyecto básico.
