El Ayuntamiento de Puerto Real se encuentra valorando la posibilidad de resolver el contrato con la empresa que gestiona desde principios de año el complejo de piscinas municipales. El equipo de Gobierno del PA ha encargado a las áreas de gestión implicadas en esta instalación informes para poder estudiar si existen causas suficientes para iniciar el proceso de rescisión. “A pesar de la insistencia –para que efectuaran mejoras-, el adjudicatario ha continuado realizando un servicio mejorable”, se lamenta.
El Ayuntamiento de Puerto Real se encuentra en estos momentos valorando la posibilidad de resolver el contrato con la empresa que gestiona el complejo de piscinas municipales. El equipo de Gobierno del PA ha encargado a las áreas de gestión implicadas en esta instalación deportiva informes para poder estudiar si existen causas suficientes para iniciar el proceso de rescisión del contrato.
La dirección del área de Deportes del Ayuntamiento asegura que se encuentra desde el primer día del nuevo adjudicatario fiscalizando la gestión y apremiando a mejorar las instalaciones y el servicio que en ellas se ofrece.
“A pesar de la insistencia, el adjudicatario ha continuado realizando un servicio mejorable” y por ello el Consistorio, se anota en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, “le ha reclamado en varias ocasiones las mejoras susceptibles de valoración que los técnicos municipales han detectado y que los propios usuarios del servicio han trasladado al Ayuntamiento”.
El Ayuntamiento adjudicó a principios de año al fin, tras un largo proceso y numerosos intentos, el servicio y gestión del complejo municipal de piscinas, a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Activa-T Wellnes, constituida para tal fin bajo el nombre comercial de Mi-gym; y por un canon anual fijo de 25.000 euros. Y nada más firmar el contrato anunciaba la puesta en marcha de importantes mejoras “en las próximas semanas” que “conllevarán un cambio radical y profundo de las instalaciones”. Y incluso hablaba de sumar mil nuevos clientes.
Sin duda estas instalaciones no tienen suerte: la anterior concesionaria tuvo que dejar el servicio por orden judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
