No apruebo en los jefes la ligereza. Eurípides.
La Universidad, del latín universitas¸ como el eje del conocimiento y la reflexión, como la génesis de la ordenación de lo intelectual, como motor organizado de lo ideológico. La Universidad como el campo de batalla fundamental de los derechos sociales.
Son decenas de miles los/as expulsados/as del sistema universitario español en estos últimos años. La calidad de la enseñanza disminuye, las ayudas a la investigación son desde el 2008 más que tristes. Se impone la censura por omisión, muere la inteligencia institucional que resistió los embistes del aznarismo y renace el conflicto en los pasillos de las facultades. Las familias de clase trabajadora volvemos a estar desprotegidas, ahora frente a la LOMCE y las futuras reformas universitarias, un sistema esclavista del pensamiento y limitante de la libertad de movimiento de profesorado y alumnado. Aquí no se viene a pensar, se viene a estudiar, que ya dijo uno. ¿Qué podría, en última instancia, dar el golpe de gracia a la Universidad Pública?
La corrupción.
No me voy a explayar con los detalles de la noticia, cualquiera puede entrar en los diarios y noticieros de todo el país y leer los indecentes gastos de representación de hasta un total de 380.000 de euros en la Universidad de Cádiz. Es un asunto espinoso ese de relacionar gente del equipo de gobierno del rectorado con tiendas de diseño, restaurantes de alto standing o estancias de varias estrellas. Yo no estoy dispuesto a hablar en términos de presunta corrupción, porque es parcial y equívoco, además de legalista. El meollo no es si es legal o no, porque sabemos perfectamente cuáles son los intereses de quienes hacen la ley. Yo voy a hablar abiertamente de corrupción, sí, pero de corrupción ética y sistémica.
Ética, por un lado, porque la Universidad no corre tiempos propicios para gastos unilaterales de los que se ha denominado representantes legítimos[1]. ¿Cómo es posible que los/as implicados/as tarden tanto en dar explicaciones e indignarse? ¿Por qué el rectorado ha anunciado las investigaciones ahora si, como afirmó, llevan meses efectuándose? ¿Y por qué no gozan del apoyo mayoritario del resto del profesorado?
Y en la otra mano tenemos un caso claro de corrupción sistémica. Y esto no quiere decir que todo el mundo meta mano, ni mucho menos, sino que, en el —hipotético— caso de que manejemos información falsa, lo que se demuestra es que no existe un control democrático, limpio ni preestablecido de las cuentas de la Universidad. La improvisación prevalece sobre el orden, y llegadas las dificultades no hay herramientas disponibles para dar buenas justificaciones —que no sean moralistas, por favor— al alumnado. La consecuencia es, de nuevo, contemplar el edificio de la administración pública reventar por el obús de los medios de comunicación.
Pero, hay que estar atentos/as precisamente también por esta faz de la cuestión. ¿Por qué? Porque sabemos todos y todas muy bien que esas empresas de la comunicación no son precisamente aliadas de los servicios públicos universitarios. Vayamos al meollo de la cuestión, a la pregunta fundacional del periodismo: ¿Qui bono?[2]
El gobierno y su séquito de buitres especuladores. Los casos de corrupción y falta de ética en el panorama universitario constituyen, de nuevo, una muestra de desconfianza, un medidor de descontrol de la Administración pública y sus redes clientelares. La tarea del movimiento estudiantil es doble: luchar contra la falta de ética en las instituciones, y conquistarlas para conservarlas. El reto, por tanto, es doble: motivar un discurso de indignación y movilización, por una parte, y construir un sentimiento de participación y construcción, por otra, para evitar que la cruda realidad se convierta en una justificación para volvernos unos escépticos. DIARIO Bahía de Cádiz Pablo Alías
[1] Una burda excusa para hacer tiempo esa de hablar de legitimidad. Cabría calibrar los distintos tipos de violencia y comparar si las ocupaciones y movilizaciones de la Asociación Estudiantil Contra la Precariedad son más violentas e ilegítimas que el recorte y expulsión sistémica de todo estudiante no apto para los criterios de burócratas neoliberales.
[2] ¿Quién gana?
