El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz anunciaba semanas atrás que volverá a llevar a pleno en septiembre una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para tratar de frenar la turistificación en la ciudad, con el reto de “garantizar un turismo sostenible en lo económico y en lo social”.
La oposición ya tumbó una propuesta muy similar hace un año, aunque ahora se confía en que el PSOE recapacite, frente a la presión de entidades como Calle Viva y otras (Agaden, La Zancada, la Apdha, Facua…) que vienen alertando de un fenómeno que “está convirtiendo Cádiz en un resort turístico”, desnaturalizado y sin gaditanos (la oferta es más escasa, y los precios del alquiler y de compra de vivienda cada vez son más inasumibles). De las dos derechas poco se espera en este asunto.
De hecho, una de ellas, Ciudadanos, ha salido a la palestra ahora para tildar ya de “inoportuna y maximalista” la propuesta de Adelante Cádiz que entre otras cuestiones, supone la regulación del uso turístico en suelo residencial, implicado a su vez una moratoria de la concesión de licencias. En este sentido, ha formulado una serie de alegaciones previas.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la portavoz municipal de la franquicia naranja, Lucrecia Valverde, entiende que “la proliferación de las viviendas turísticas y el fenómeno de la turistificación tienen que ser abordados de una forma global”, pero interpreta que el Ejecutivo liderado por José María González ‘Kichi’ “tiene por costumbre hacer de todo una batalla sin buscar consensos y empezar siempre la casa por el tejado”. Por este motivo, “esta propuesta de modificación, además de ser inoportuna, es muy maximalista ya que –para esta concejala- no busca el acuerdo entre las partes, sino provocar otra nueva guerra que políticamente les puede resultar muy interesante, pero para la ciudad no lo es, ya que no se han explorado las alternativas, no se fundamenta en documentos e informes sólidos, y va a provocar efectos indeseables cuando sea aprobada”.
“CONSIDERAN EL TURISMO COMO UN ENEMIGO A BATIR”
En primer lugar, se asegura que la modificación del Plan General que se propone “se basa en un informe que se elaboró con datos de 2017”, por lo que este trabajo “está completamente obsoleto y previo a la crisis provocada por la pandemia”, y “además está siendo interpretado de una forma absoluta sectaria”. Para esta derecha minoritaria, “quizás ahora no es el momento de abordar esta modificación del PGOU debido a que tanto el mercado turístico como el inmobiliario están experimentando fuertes modificaciones que tenemos que saber si serán o no permanentes”. Parece obviar intencionadamente que, pese al coronavirus, no dejan de crecer las viviendas turísticas en la capital: recientes informaciones hablan ya de más de 1.800 viviendas con fines turísticos (conocidas como VFT) registradas (y más de 8.500 camas), la mayoría en el centro histórico.
Otro punto en el que se detiene Valverde es en la suspensión de las licencias “para apartamentos turísticos y hoteles”, lo que “va a provocar una enorme inseguridad jurídica en los mercados justo ahora que se está elaborando el Plan Estratégico de Turismo, que pretende fomentar un turismo de calidad”. Afirma que “meter en el mismo saco las viviendas turísticas, los apartamentos turísticos y los hoteles es mezclar churras con merinas, ya que tienen un tratamiento completamente distinto y deben ser tratados de forma distinta”.
Pese a la alerta de Cs, el concejal de Urbanismo, Martín Vila, ya aclaraba días atrás que la propuesta que se llevará a pleno “no impide el desarrollo de hoteles en suelo hotelero”, y deja fuera de esa limitación las fincas de grado cero y de grado uno, “ya que son fincas con un alto grado de protección, en la mayoría de los casos son casas palacios y palacetes, que nunca han sido fincas de vecinos y que, por tanto, es difícil su conversión a uso residencial”. En este tipo de inmuebles se entiende que las intervenciones hoteleras “sí favorecen y, a su vez, permiten salvaguardar el patrimonio”.
Con todo, la portavoz naranja opina que “parece que esta modificación parcial del PGOU considera el turismo como un enemigo a batir y no como una fuente de ingresos para Cádiz”. “El equipo de Gobierno tiene por costumbre empezar la casa por el tejado y comenzar imponiendo prohibiciones y sacrificios a la ciudad”, reflexiona, al tiempo que augura que “no va a solucionar los problemas de escasez de viviendas, algo que es mucho más complejo. Al revés, lo que sí que puede provocar es un perjuicio económico a muchos sectores de la ciudad”.
Finalmente, esta formación se fija en las viviendas vacías, unas 5.000 en la capital según el Observatorio Municipal de la Vivienda: “no benefician a nadie, mientras que las viviendas turísticas, aunque también es verdad que tienen efectos secundarios indeseados que deben ser abordados, no ascienden ni al 50% de esa cantidad, crean empleo y han permitido la rehabilitación de edificios con un enorme valor patrimonial en el centro”. Cs insta al Gobierno local a aplicar los instrumentos de la normativa disciplinaria urbanística que tiene en su mano frente a este problema.
