La Junta de Andalucía ha ido desvelando a cuentagotas, desde el pasado fin de semana, ese llamado plan de empleo playas seguras 2020. Inicialmente se anunció la contratación temporal de hasta 3.000 parados en todo el litoral de la comunidad para ‘vigilar’ las playas durante este verano post-coronavirus. Ya durante la semana, la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, convocaba virtualmente a la prensa para vender que a la provincia le corresponden 686 de esos contratos. Y al día siguiente, se concretaba en un comunicado, la distribución de estos auxiliares por localidades: al global de la Bahía gaditana llegarán, se supone, 224.
A decir de Mestre, se han establecido tres criterios para el reparto de estos vigilantes entre las 83 playas que se localizan en el litoral gaditano, diferenciando entre playas aisladas, semiurbanas y urbanas. En las primeras, habrá una persona por cada 1.000 metros, en las segundas una por cada 500 metros y en las terceras una por cada 200 metros.
De este modo, y concretando en la Bahía (donde desde este fin de semana ya están ‘abiertas’ al baño todas sus playas), la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, dependiente de la consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, ha decidido que las de la capital contarán con 58 de estos controladores de que se cumpla la normativa (distanciamiento físico, prohibición de juegos, etc.); a la playa de Camposoto en San Fernando se destinan 20 vigilantes; al litoral portuense, hasta 78; a las tres playas de Puerto Real donde se permite este verano el baño (La Cachucha, La Ministra y El Conchal ), ocho controladores; y en las diferentes playas de Rota habrá 60 de estas personas contratadas por la Junta.
Estos auxiliares realizarán labores de información del control de acceso y aforo de las playas, velarán por el cumplimiento de las medidas contenidas en el plan de contingencia elaborado para cada playa concreta e informarán a los bañistas de los avisos y comunicados que se realicen por los órganos competentes en materia de emergencias y protección civil. También pondrán en conocimiento de la Policía Local las incidencias o actuaciones realizadas; ejecutarán tareas auxiliares de ayuda o socorro, bajo la dirección de la Policía Local o de Protección Civil; recepcionarán y orientarán a los visitantes; controlarán el tránsito de personas usuarias por las vías colindantes; registrarán y comunicarán incidencias; y, por último, realizarán aquellas otras funciones de auxilio que se les encomienden.
Eso sí, no todo el mundo puede aspirar a estos empleos eventuales: la selección del personal se hará a través de la Bolsa Única Común creada por la administración autonómica hace unos meses. De este modo, se llamará a los inscritos en la categoría de personal de servicios generales, y el salario que percibirán rondará los 1.900 euros netos mensuales, entre el 15 de junio al 15 de septiembre con posibilidad de prórroga si fuera necesario.
Ante esta medida de la Junta, ahora con gobierno de derechas, el sector de la seguridad privada ha mostrado su sorpresa: frente a la opción de contar con sus profesionales (también los hay en el paro), “con una formación y desempeño profesional habilitados por la policía, sujetos a un convenio colectivo estatal garante de unas condiciones de empleo pactadas por los agentes sociales, capacitados para la prevención de infracciones administrativas y con la protección jurídica que les garantiza la ley, se ha optado por una fórmula que, muy difícilmente puede conducir a análogos niveles de garantía para los ciudadanos”.
CASI 550.000 EUROS “EN RECURSOS DE SEGURIDAD” PARA LA BAHÍA
En paralelo, la administración regional también ha asignado a cada localidad costera unas ayudas destinadas a dotar de recursos de seguridad a los municipios para el uso en sus playas.
Cada ayuntamiento podrá elegir entre vehículos pick-up, torre de vigilancia, embarcación tipo zodiac con remolque, Quad 4×4 o moto de agua con remolque, según el importe que les corresponda. El alcalde de Chiclana, José María Román, es de los primeros que ha criticado que se les trate como “menores” y que en vez de entregarles ese dinero directamente, la misma Junta sea la que compre equipamiento que, en el caso de este consistorio, ya tiene.
Al respecto, en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la Junta calcula que va a destinar más de 1,3 millones de euros a la provincia para este cometido, cuyo reparto por municipio se ha calculado según tres variables: longitud de las playas, población y Patrica (la distribución del fondo de participación en los atributos de la comunidad autónoma).
Centrándonos de nuevo en la Bahía, la suma de estos fondos que no llegará directamente a los consistorios es de alrededor de 547.800 euros: menos de 122.000 euros para Cádiz; 87.600 euros para San Fernando; casi 112.000 euros para El Puerto; más de 94.000 euros para Chiclana; 44.500 euros para Puerto Real; y unos 87.700 euros para Rota.
