Otro exalcalde de Jerez condenado a penas de cárcel. Si hace unos días el Supremo confirmaba cinco años y medio de cárcel para Pacheco, ahora es el Juzgado de lo Penal el que ha condenado a Pilar Sánchez a dos años de prisión y al pago de una multa de 8,6 millones por desvío de fondos, al utilizar dinero de las obras del Plan E para abonar las nóminas de la plantilla del Ayuntamiento. Sánchez, que recurrirá ante la Audiencia Provincial, ya ha dimitido voluntariamente de su trabajo en la Junta y se ha dado de baja del PSOE.
Otro exalcalde de Jerez condenado a penas de cárcel. Si hace unos días el Tribunal Supremo confirmaba cinco años y medio de cárcel para Pedro Pacheco, ahora es el Juzgado de lo Penal el que ha condenado a la socialista Pilar Sánchez a dos años de prisión, nueve de inhabilitación especial para cargo público y al pago de una multa de 8,6 millones de euros por desvío de fondos, al utilizar dinero del Plan E –los fondos anticrisis del anterior Gobierno central- para abonar las nóminas de la plantilla del Ayuntamiento, uno de los más endeudados de España.
Sánchez recurrirá ante la Audiencia Provincial. No obstante, con el objetivo de “no perjudicar innecesariamente al partido” y “en aras de un tiempo mayor de dedicación para preparar su defensa judicial”, ya ha solicitado formalmente su suspensión de militancia a la Agrupación Local del PSOE de Jerez, con carácter estrictamente voluntario, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz.
Del mismo modo, la exalcaldesa ha solicitado su dimisión irrevocable de su puesto de trabajo en la consejería de Educación en Sevilla, donde ahora estaba colocada como directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, “para no perjudicar la imagen pública de la Junta y al proyecto que representa”.
El fallo declara a Pilar Sánchez responsable de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con el de fraude en subvenciones. Durante el juicio, antes del verano, defendió que no se llevó nada, que no fue la beneficiaria de ese dinero y que tampoco lesionó al Ayuntamiento. El fiscal, que solicitaba tres años de cárcel, sostuvo que existió prevaricación porque usó los fondos de la cuenta restringida para las obras del Plan E sabiendo que no se podían usar para pagar las nóminas.
