En los últimos días se están repitiendo concentraciones por todo el país contra el inminente ingreso en prisión de Pablo Hasél. En el caso de la provincia de Cádiz, este sábado a mediodía se llevaba a cabo un acto solidario en Jerez, en la Plaza del Arenal.
La Audiencia Nacional ha dado al rapero un plazo de diez días para ingresar voluntariamente en un centro penitenciario (algo que ya ha reconocido que no hará) para cumplir una condena de nueve meses de cárcel. La pena a Pablo Rivadulla (su nombre real) se la impuso el Tribunal Supremo en mayo de 2020 por unos hechos que se remontan a los años 2014-2016; se le imputan delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado… en sus letras.
“El ingreso en prisión de Pablo es un ataque no sólo contra él, sino también contra la libertad de expresión y por ello contra la inmensa mayoría que no la tenemos garantizada, como tantas otras libertades democráticas”, subraya el manifiesto leído en la concentración en Arenal.
“Exigimos a los poderes públicos que delitos como el de enaltecimiento del terrorismo o el de injurias a las instituciones del Estado deben ser eliminados del Código Penal español, pues no cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos sobre libertad de expresión, y es que el Derecho Internacional sólo permite la persecución penal de expresiones que incitan de manera directa a cometer actos violentos y sólo si hay probabilidad de que se produzca dicha violencia y existe conexión clara y directa entre esas expresiones y los actos violentos”, se remarca.
El manifiesto, trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, insiste en que “no podemos callarnos ante la injusticia y el desatino de una condena que cercena la libertad de expresión y vuelve a poner sobre la mesa el doble rasero de una justicia que en este país se aplica con rigor extremo a cualquier persona identificada con la izquierda mientras contempla con mimo las barbaridades de la derecha extrema y de la extrema derecha”. A colación se agrega que la Corona “no puede gozar de inviolabilidad e inmunidad. Es necesario que responda ante la justicia por los bienes apropiados”. Actualmente, el rey emérito, Juan Carlos I, continúa fugado ante presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal.
“El poder judicial debe ser ejemplo de transparencia, ya que los poderes del Estado han de estar al servicio del pueblo. Por ello, volvemos a pronunciarnos contra la ley del embudo disfrazada de legalidad”, se sentencia.
