De manera subsidiaria, el Ayuntamiento de Jerez está procediendo a la demolición de parte de la finca de titularidad privada de la calle Campana 39, que fue declarada en situación de ruina inminente en 2017 y que venía provocando numerosas quejas vecinales por su mal estado y el peligro que supone para la vía pública, que está restringida al tráfico rodado por este motivo.
Las obras están siendo ejecutadas por la empresa Juan Romo (por algo más de 26.000 euros que luego se reclamarán a la propiedad) y tienen por objeto asegurar la estabilidad de la parte del edificio que da a la calle Campana y garantizar así la seguridad en el entorno.
Tras la demolición de la parte que presentaba un mayor riesgo de desplome, como es la totalidad de la primera crujía, la cual incluye la fachada y los forjados que se apoyaban en ella, actualmente se está procediendo a los trabajos de desescombro, así como a la limpieza de la parte demolida. Seguidamente, se realizará el tapiado de los huecos de la finca resultante y a la construcción de un muro de cerramiento.
Una vez completada esa primera actuación, con la que se consigue garantizar la seguridad tanto en el interior de la finca como en la vía pública, los técnicos “ya podrán acceder a la misma para realizar la correspondiente inspección y comprobar si tiene algún valor patrimonial al objeto de establecer las prescripciones de rehabilitación necesarias”, precisa la concejala de Urbanismo, Belén de la Cuadra.
Asimismo, esta actuación “permitirá no sólo estabilizar este edificio, sino que además se podrá proceder a la reapertura al tráfico de la calle Campana, y posibilitar que los vecinos de este entorno puedan transitar por la zona con todas las garantías de seguridad”, insiste esta edil del PP.
En principio, las obras tendrán un plazo de unas tres o cuatro semanas “en función de las circunstancias que nos vayamos encontrando conforme avancemos en los trabajos”, se remarca en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
LA INTERVENCIÓN ESTÁ PENDIENTE DESDE 2022
La ejecución subsidiaria de la actuación ha sido una de las principales prioridades en materia disciplinaria que se marcó el actual Gobierno liderado por García-Pelayo, “ya que el mal estado de este inmueble ha generado numerosas quejas de la ciudadanía desde hacía años, sin que sus propietarios adoptasen las medidas necesarias que se les solicitaron desde Urbanismo”.
El juzgado autorizó finalmente al Ayuntamiento la entrada al inmueble para poder realizar esta intervención, si bien, el proyecto que se redactó en 2022 no se llegó a ejecutar en su día, por lo que en estos últimos meses se retomó y se actualizó y se llevaron a cabo los trámites necesarios para llevar a cabo los trabajos, ahora en marcha.
