El Ayuntamiento de Jerez denunciará a Urbanos Amarillos, la concesionaria de los autobuses urbanos hasta la remunicipalización del servicio, por un delito de estafa procesal. El Gobierno local del PP considera que la empresa “está utilizando las querellas presentadas contra miembros del equipo de Gobierno y técnicos municipales, a sabiendas de que no se ha cometido ningún delito y con el único objetivo de presionar para obtener un beneficio en el proceso de resolución del contrato”. Mientras, el PSOE exige al PP que retire de su candidatura al Parlamento andaluz a Saldaña, imputado en este tema.
El Ayuntamiento de Jerez ha anunciado que denunciará a la empresa Urbanos Amarillos, la concesionaria de los autobuses urbanos hasta la remunicipalización del servicio, por un delito de estafa procesal. El Gobierno local del PP argumenta que esta decisión se ha tomado al entender que la empresa “está utilizando las querellas presentadas contra miembros del equipo de Gobierno y técnicos municipales, a sabiendas de que no se ha cometido ningún delito y con el único objetivo de presionar para obtener un beneficio en el proceso de resolución del contrato con la propia empresa”.
En concreto, el juez imputa a la actual alcaldesa, María José García Pelayo, y al primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña; junto a otros tres concejales de la derecha por el caso del rescate de la concesión del servicio de transporte urbano en la ciudad.
Así, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 ha dictado un auto en el que admite a trámite la querella de Urbanos Amarillos contra el Gobierno local y varios altos cargos municipales por presuntos delitos de apropiación, prevaricación, administración desleal y estafa.
De este modo, la declaración Saldaña, que además es el número tres de la lista del PP de Cádiz a las elecciones andaluzas de marzo, tendrá lugar casi un mes antes de las municipales. El auto del magistrado da respuesta positiva a una ampliación de la querella inicial presentada por Urbanos Amarillos, por la que ya declaró de forma voluntaria la propia García Pelayo en noviembre de 2014, y llama a declarar a los citados responsables del equipo de Gobierno y a un nutrido grupo de altos cargos del Ayuntamiento. Hasta un total de 13 personas están llamadas a declarar entre el próximo 14 y 16 de abril por la demanda penal interpuesta por la empresa sevillana.
En junio de 2014, los concejales del PP Antonio Saldaña y Agustín Muñoz fueron también imputados por un delito medioambiental tras la denuncia presentada por tres vecinos de La Canaleja, que se dirigieron a la Fiscalía para denunciar la situación que padecían a causa de un criadero de pollos ubicado en la zona.
La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, ya ha exigido públicamente al presidente del PP provincial, Antonio Sanz, que retire la candidatura del jerezano Antonio Saldaña al Parlamento de Andalucía, tras conocerse esta segunda imputación por el tema de los autobuses por la Justicia en menos de un año.
“Tanto Pelayo como Saldaña no deben estar ni un minuto más en el Ayuntamiento de Jerez” por lo que los socialistas incluso demandan su “dimisión fulminante y que no se conceda representación en sus listas al Parlamento andaluz -en referencia a Saldaña- a un hombre continuamente bajo sospecha por sus malas artes políticas y administrativas”.
PARA EL PP, LA NUEVA QUERELLA “NO TIENE NINGÚN FUNDAMENTO”
Por su lado, en un nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el Gobierno municipal considera que la nueva querella de Urbanos Amarillos sobre la compra de autobuses durante la época del PSOE es “un paso más para intentar presionar al Ayuntamiento en el proceso de resolución del contrato con la propia empresa y en función del cual el Ayuntamiento está llevando la gestión directa del servicio, cumpliendo con la ley”.
Esta nueva querella se suma a la que fue desmentida en noviembre pasado por el Ejecutivo con la declaración de la alcaldesa en los juzgados, a los que se trasladó una copiosa documentación sobre el proceso de “secuestro” del servicio en mayo de 2012 y el proceso de resolución de contrato con Urbanos Amarillos.
De igual modo, el Gobierno local conservador “considera que estamos ante un caso de deslealtad flagrante en el proceso de negociación con la empresa, ya que la última reunión al respecto se produjo el pasado 4 de febrero en el propio Ayuntamiento. Es más, antes de este encuentro hubo sobre diez reuniones entre representantes de la empresa y del Ayuntamiento en el marco de tal negociación. Incluso esta nueva querella parece tener tintes políticos porque, como todo el mundo sabe, Urbanos Amarillos fue la empresa contratada por el PSOE para asumir días antes de las elecciones municipales que perdió en 2011”.
La derecha reitera que dicha empresa concesionaria “demostró desde el primer momento su incapacidad para gestionar el servicio de autobuses urbanos en la ciudad, provocando una situación caótica que derivó en la paralización del servicio, que es básico para la ciudadanía. Una paralización debido a las huelgas de los trabajadores ante los continuos impagos”.
Los responsables de Urbanos Amarillos “son los primeros en ser conscientes de que este Gobierno no ha cometido ningún delito. Esta nueva querella, al igual que la de noviembre, no tiene razón de ser ya que la resolución contractual y la asunción de la gestión del servicio están avaladas por un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, aparte de los informes de los técnicos municipales emitidos a lo largo de un procedimiento que se tramitó de forma escrupulosa, una documentación además que ya se trasladó al juez en noviembre”, se insiste.
Desde el Ayuntamiento se recuerda además que la Ley de Contratos de Sector Público y el Reglamento de las Corporaciones Locales permiten que, cuando el Consistorio recupera un servicio, “los bienes afectos al mismo se mantengan, siendo en el proceso de liquidación de la concesionaria, donde se hace la valoración correspondiente y se liquida lo que corresponda”.
En este sentido, el Ayuntamiento agrega que en el proceso de liquidación se ha incluido la valoración de los autobuses adquiridos en el mandato anterior, “por tanto no se entienden las acusaciones vertidas en la querella”.
De esta manera, desde el Gobierno local del PP se entiende que “la forma con la que está actuando la empresa, obliga a denunciar esta situación, ya que la actitud que se ha mantenido y que se sigue manteniendo desde el Ayuntamiento en el proceso de liquidación es la vía del diálogo y negociación frente a la actitud que está demostrando la empresa presentando querellas que, como ya se puso en conocimiento de la Justicia, no responden a la realidad del proceso”.
