El año 2019 se ha cerrado en la provincia de Cádiz con diez trabajadores fallecidos en centros de trabajo, el último este pasado lunes en Jerez: hubo que lamentar la muerte de un operario mientras se encontraba arreglando una máquina, en la Azucarera del Guadalete.
Según apuntan desde CCOO en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se apunta un denominador común en estas tragedias: “fallos, o no realización de la evaluación de riesgos laborales, no existir vigilancia y coordinación adecuada en la cadena de mandos de la empresa, no delimitar adecuadamente los espacios inseguros y, en otros casos, falta de coordinación en materia de prevención cuando en un mismo centro actúan más de una empresa”.
Este sindicato, que lamenta profundamente este reciente accidente mortal, entiende que puede obedecer “a la falta de evaluación y prevención en delimitar una zona de seguridad donde está operando una cinta transportadora para desplazar un gran tonelaje de productos y mercancías”. Aunque las causas sobre el accidente deberán determinarlas, el juzgado correspondiente junto a los informes de la Inspección Provincial de Trabajo y del Centro Provincial de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía en Cádiz.
Con todo, CCOO ya avanza que denunciara ante la Inspección de Trabajo “una vez más”, y en este caso en concreto, la vulneración de la empresa al no aplicar adecuadamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en todos y cada uno de sus contenidos: la evaluación de riesgos y medidas a utilizar para la eliminación de dichos riesgos.
“La permanente formación de mandos de las empresas y trabajadores, sumado a la constante evaluación de riesgos en los lugares de trabajo es fundamental, adecuar y establecer perímetros de seguridad en cuanto a cadenas mecánicas de producción, así como la vigilancia adecuada por parte de las empresas en cuanto al cumplimiento de normas por todos y cada uno de los que en los centros de trabajos operan, es una cuestión indiscutible”, sentencia este sindicato.
En este sentido, requiere el endurecimiento de penas y sanciones administrativas contra empresas y empresarios que vulneren las normas de prevención de riesgos laborales. E insiste en la urgencia de derogar la reforma laboral, algo a lo que se han comprometido PSOE y Unidas Podemos si terminan de conformar Gobierno en España.
