La Diputación ha celebrado un pleno extraordinario en el que se ha aprobado, por unanimidad, el llamado Plan Reactiva 2014, un plan de inversiones presupuestado en 5,4 millones de euros. “Por primera vez” la institución provincial destina el superávit a financiar inversiones “en todos los ayuntamientos y no sólo a enjugar su deuda bancaria”. Aunque estas administraciones locales deben cumplir requisitos, como estar al día con la Seguridad Social, para disponer de 100.000 euros para ejecutar obras ya mismo. El PSOE ha votado a favor pero reconoce que “estamos ante una auténtica chapuza en cuanto a su contenido, sus líneas maestras y su propia tramitación”.
La Diputación de Cádiz celebró en la mañana del 1 de octubre un pleno extraordinario en el que se ha aprobado, por unanimidad, el llamado Plan Reactiva 2014, un plan de inversiones presupuestado en 5,4 millones de euros.
Ya se ha validado la primera relación de obras solicitadas por 16 ayuntamientos, así como reparaciones en carreteras de la red provincial y mejoras en servicios públicos de la propia institución. Esta primera remesa suma 2,3 millones. Hasta el viernes 3 de octubre se admitirán las subsanaciones municipales que, para su aprobación, tienen cumplir con los principios de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El coordinador del área de Cooperación Municipal, Infraestructuras y Medio Ambiente-, Bernardo Villar, en el pleno, ha explicado el alcance de este nuevo programa y su metodología. Ha defendido que “por primera vez” la Diputación destina el superávit a financiar inversiones “en todos los ayuntamientos y no sólo a enjugar su deuda bancaria”.
Eso sí, el actual ordenamiento jurídico exige el cumplimiento de determinados requisitos tanto a la Diputación como a los consistorios destinatarios: tienen que acreditar que las obras financiadas no conllevarán gastos de mantenimiento, además de contar con la cobertura de un plan económico-financiero y estar al día con la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Cada administración local solicitante debe de este modo acompañar la memoria de los proyectos con la certificación de la Intervención municipal.
Por otro lado, este diputado del PP ha considerado que la iniciativa está exenta de sectarismo –“al estar abierta a todos los municipios”- y ha insistido en la disposición del personal técnico de la Diputación, en su calidad de asesores, para que los ayuntamientos puedan adherirse al plan. En casos excepciones, la propia institución señala que podrá gestionar obras que demanden ayuntamientos “que cumplan parcialmente los requisitos legalmente exigidos y que cuenten con un plan económico-financiero aprobado”.
Cada consistorio beneficiado dispondrá de un máximo de 100.000 euros. Hay tres ámbitos de actuación, de los que se pueden elegir dos: ahorro y eficiencia energética con exclusión de las instalaciones deportivas; los caminos rurales; y la eliminación de barreras arquitectónicas.
Este pleno, según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, ha validado ya las actuaciones que se emprenderán en los siguientes municipios: Alcalá del Valle, San José del Valle, Benaocaz, El Bosque, Espera, El Gastor, San Fernando, Setenil, Benalup-Casas Viejas, Jerez, Conil, Grazalema, Medina, Villaluenga del Rosario, Chiclana y Olvera.
El anterior Plan Reactiva, en su edición de 2013, supuso una inversión de 3,7 millones de euros –a partir de partidas no ejecutadas en el presupuesto provincial de ese mismo año- con incidencia en los 44 municipios. En esta experiencia inicial se logró un grado de ejecución del 99,7% de las actuaciones programadas y publicitadas de forma reiterada.
EL PSOE DA “UN SÍ RESPONSABLE” A UN PLAN QUE “ES UNA AUTÉNTICA CHAPUZA”
La portavoz del PSOE en la Diputación, Irene García, por su lado, ha defendido en este pleno la postura socialista acerca del Plan Reactiva para 2014, que, afirma, incluía “nuestro voto favorable, no en forma de un cheque en blanco sino como un sí responsable hacia los municipios que van a poder realizar unas inversiones que de otra parte se perderían irremediablemente”.
“Sin embargo, este ejercicio de responsabilidad no puede ocultar que estamos ante una auténtica chapuza en cuanto a su contenido, sus líneas maestras y su propia tramitación. Y es una chapuza además porque obliga a los ayuntamientos a preparar, presentar y ejecutar en apenas un par de meses unos proyectos y una inversión que este Gobierno no ha sabido hacer a lo largo de mucho más tiempo”, afirma la líder del principal partido de la oposición.
En este punto ha lamentado que la propuesta que el Gobierno provincial del PP ha sometido al pleno “únicamente incluye actuaciones en 16 municipios, mientras aquí nos dicen que el Plan Reactiva va a recoger posteriormente actuaciones en todas las localidades de la provincia. Y tenemos que creer lo que se nos dice, porque el expediente casi lo hemos conocido a través de los medios de comunicación, que igualmente anticiparon ayer (por el martes) la convocatoria antes de que los propios diputados tuviéramos constancia oficial del orden del día de la misma”.
García ha llamado la atención sobre las “incoherencias” de la derecha reflejadas en este instrumento, entre las que destaca sin duda que “después de llevar meses y meses negando que esta institución fuera competente para ello y que plantear esa posibilidad se situaba fuera de la legalidad, ahora las bases de ejecución del Plan Reactiva que se traen al pleno dicen textualmente que la Diputación puede y debe impulsar planes de empleo porque esa tarea forma parte de sus competencias”.
Dentro de ese mismo capítulo, ha situado también que el PP, “tras rechazar en varias ocasiones propuestas del Grupo Socialista para que se destinara el superávit a realizar inversiones que crearan empleo después de no haber materializado decenas de millones de euros comprometidos en los presupuestos de 2013, hoy por fin caen en la cuenta y nos traen esta iniciativa, dotada con apenas 5 millones y sin explicar asuntos esenciales como qué pasará con aquellos ayuntamientos que no puedan acceder a esas cantidades por mantener deudas con la Seguridad Social”.
Respecto a la forma de comunicar a los ayuntamientos la posibilidad de presentar a toda prisa proyectos al amparo de este mecanismo, la portavoz ha ironizado diciendo que “los adalides de la transparencia y de la buena gestión han recurrido al envío de un correo electrónico, que en muchos casos ni siquiera se ha recibido, para informar a los ayuntamientos de la apertura de una convocatoria pública que entendemos debía haber seguido otros requisitos de transparencia”. Igualmente, Irene García ha alertado de la posibilidad de que el propio sistema de concesión de los fondos con los que realizar las inversiones en los municipios “pueda incurrir en un fraccionamiento de contrato”, con las consecuencias que de ello podrían derivarse.
