El Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV), mayoritario en el sector de la seguridad privada en la provincia de Cádiz, ha hecho un llamamiento a diferentes consejerías de la Junta de Andalucía para que agilicen los trámites y resuelvan los contratos que mantienen con la empresa Mersant, que ha dejado de abonar los salarios a sus plantillas desde finales de 2021. Demanda que se hace extensiva a la Diputación.
“Es muy lamentable que las administraciones publicas estén causando tanto sufrimiento a estos trabajadores y que se tomen con una parsimonia situaciones de tan extrema gravedad y funestas consecuencias”, subrayan desde el SPV, que avanza que “es indudable que recabaremos de la justicia cuando llegue el momento, los intereses legales y las indemnizaciones que correspondan por los muchos perjuicios ocasionados a estos trabajadores y sus familias”.
Desde este sindicato se repasa en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que mientras que en el Ayuntamiento de Chiclana ya tiene a otra empresa que ha subrogado a los trabajados de Mersant, y en el de Cádiz “se encauza la recta final”, al aprobarse hace unos días la cancelación del contrato, y se está a la espera de que la empresa autorice el pago directo a la plantilla, “en los servicios que se prestan para las distintas delegaciones territoriales de la Junta y para la Diputación, esto aún no ha sucedido y tampoco tenemos fecha próxima para ello”.
Y eso que “se les ha informado por escrito de la dramática situación económica que atraviesan estos trabajadores a los que se les adeuda ya más de 7.000 euros, causa que les está sumiendo en graves problemas económicos y de salud, provocado por la ansiedad de no tener con que dar de comer a sus familias y a los que comienzan a anunciarles embargos y lanzamientos de sus viviendas, producto del impago de alquileres e hipotecas”.
Insisten desde el Sindicato Profesional de Vigilantes que hay trabajadores que se encuentran de baja médica “por ansiedad” y “no están siendo cubiertos sus servicios en muchos centros como el parque metropolitano de Los Toruños, el centro del Madrugador, las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo y el SEPE, la delegación territorial de Agricultura y Pesca, o la Agencia Tributaria de la Junta en Jerez.
De este modo, se exige a la Junta y a la Diputación “que no miren para otro lado y asuman sus responsabilidades, abonando los salarios adeudados y no alargando indefinidamente esta agonía que sufren varias decenas de familias en Cádiz y Andalucía en general”.
El Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV), mayoritario en el sector de la seguridad privada en la provincia de Cádiz, ha hecho un llamamiento a diferentes consejerías de la Junta de Andalucía para que agilicen los trámites y resuelvan los contratos que mantienen con la empresa Mersant, que ha dejado de abonar los salarios a sus plantillas desde finales de 2021. Demanda que se hace extensiva a la Diputación.
“Es muy lamentable que las administraciones publicas estén causando tanto sufrimiento a estos trabajadores y que se tomen con una parsimonia situaciones de tan extrema gravedad y funestas consecuencias”, subrayan desde el SPV, que avanza que “es indudable que recabaremos de la justicia cuando llegue el momento, los intereses legales y las indemnizaciones que correspondan por los muchos perjuicios ocasionados a estos trabajadores y sus familias”.
Desde este sindicato se repasa en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que mientras que en el Ayuntamiento de Chiclana ya tiene a otra empresa que ha subrogado a los trabajados de Mersant, y en el de Cádiz “se encauza la recta final”, al aprobarse hace unos días la cancelación del contrato, y se está a la espera de que la empresa autorice el pago directo a la plantilla, “en los servicios que se prestan para las distintas delegaciones territoriales de la Junta y para la Diputación, esto aún no ha sucedido y tampoco tenemos fecha próxima para ello”.
Y eso que “se les ha informado por escrito de la dramática situación económica que atraviesan estos trabajadores a los que se les adeuda ya más de 7.000 euros, causa que les está sumiendo en graves problemas económicos y de salud, provocado por la ansiedad de no tener con que dar de comer a sus familias y a los que comienzan a anunciarles embargos y lanzamientos de sus viviendas, producto del impago de alquileres e hipotecas”.
Insisten desde el Sindicato Profesional de Vigilantes que hay trabajadores que se encuentran de baja médica “por ansiedad” y “no están siendo cubiertos sus servicios en muchos centros como el parque metropolitano de Los Toruños, el centro del Madrugador, las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo y el SEPE, la delegación territorial de Agricultura y Pesca, o la Agencia Tributaria de la Junta en Jerez.
De este modo, se exige a la Junta y a la Diputación “que no miren para otro lado y asuman sus responsabilidades, abonando los salarios adeudados y no alargando indefinidamente esta agonía que sufren varias decenas de familias en Cádiz y Andalucía en general”.
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