El pleno mensual de junio de la Diputación de Cádiz, celebrado de forma telemática (y ya con José Loaiza de nuevo como portavoz del PP, tras relevar a Antonio Saldaña, obligado por su partido a dejar esa silla tras ser pillado conduciendo bebido semanas atrás), ha estado marcado por la formalización del cerrojazo de cara al próximo curso del colegio público Institución Provincial Gaditana, en la capital, y las protestas contra su cierre y en defensa de la escuela pública a las puertas del Palacio Provincial.
Los socios del Gobierno provincial, PSOE y La Línea 100×100, se han quedado solos aprobando esta propuesta, que contó con los votos en contra de toda la oposición: PP, Adelante Cádiz, IU, Ciudadanos y AxSí.
El diputado de Desarrollo Social, Daniel Moreno, ha ofrecido las razones que, afirma, “obligan a la Diputación” a desentenderse de la Institución, que era de su titularidad. Por un lado, la Fundación Aramburu Moreno de Mora (del Obispado de Cádiz), propietaria de esos suelos, reclama su reversión; y por otro lado, la “imposibilidad jurídica” de seguir renovando ese convenio con dicha fundación, “al carecer la Diputación de competencia en materia educativa”. A esos factores, a decir de este representante socialista, “se le suma la ausencia de respuesta por parte de la Junta de Andalucía, pese a las comunicaciones establecidas al respecto por la Diputación”.
“El colegio que ustedes cierran hoy es la evidencia del abandono de la escuela pública a favor de la concertada. Traen a pleno excusas para no hacerse cargo de su responsabilidad”, pero “una vez más el PSOE es responsable de un nuevo ataque a la educación pública, a pesar de lo que digan. No es la Junta ni la fundación. Son ustedes los que se han guardado información, los que no quieren negociar el acuerdo de cesión con la fundación, los que han dejado el centro en un estado de abandono completo”, ha replicado por su lado Adelante Cádiz en su intervención en este punto. Además, la coalición de Podemos e IU también se ha acordado de las cinco trabajadoras de limpieza del colegio que “tras 14 años ven cómo se cierran las puertas de su centro de trabajo, sin que nadie les haya explicado qué va a ser de ellas”.
PROPOSICIONES
En el capítulo de proposiciones, según relata la Diputación en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, cada grupo ha elevado una sola moción por acuerdo de la Junta de Portavoces, de las que se han aprobado cinco de la siete, en su mayoría relacionadas con políticas sociales.
Un asunto que ha acaparado gran parte del debate, con tres mociones presentadas por AxSí, Cs y PP, aludía al uso de superávits de las administraciones locales y la flexibilización de la regla de gasto para paliar consecuencias de la pandemia. Al hilo, el PSOE ha propuesto, sin éxito, que se sustituyeran los tres textos por una única propuesta que resumiera el sentir general de todos los grupos, avalando institucionalmente el documento llamado ‘Pilares locales para la reactivación económica y social de la administración local’, acordado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el pasado 22 de mayo.
Finalmente se han votado todas las mociones, tras debate común, y las de las dos derechas no han prosperado. Sólo ha sido aprobada, por unanimidad, la propuesta del representante andalucista, que solicita entre otros puntos exigir al Gobierno de España “el uso del remanente de tesorería de 2019 en aquello que los gobiernos municipales consideren necesario para una mejor lucha contra los efectos del Covid-19”.
Por su lado, Izquierda Unida ha visto salir adelante su moción relativa a la renta mínima de inserción de la Junta (La Línea 100×100, PP y Cs se han abstenido). En la misma se solicita, debido a las condiciones de especial necesidad que ha generado la crisis sanitaria, que la administración autonómica apruebe todas las solicitudes pendientes a 31 de enero de 2020 de estas coberturas, considerando a todas las familias en emergencia o urgencia social y que se agilice el pago de estas ayudas ante la crisis social y económica a causa del coronavirus. Esta moción ha recibido una enmienda de adición de Adelante Cádiz que insta además al Gobierno andaluz a modificar la normativa que regula esta renta mínima para que pueda ser compatible con el ingreso mínimo vital estatal.
Precisamente Adelante Cádiz ha propuesto la elaboración por parte de la Diputación de un plan integral para paliar los efectos de la pandemia, con un paquete de medidas que incluyen diversas propuestas en materia presupuestaria, de líneas de crédito, de contratación de personal, de cobertura social y de empleo. Se ha aprobado por unanimidad, si bien desde el PSOE ha matizado que muchas de estas acciones “ya se están llevando a cabo”.
“Las medidas que proponemos deben formar parte de un plan integral que ponga en el centro a las personas y aquellos sectores que se han mostrado imprescindibles en esta crisis, así como a fortalecer aquellos puntos débiles que esta crisis ha puesto al descubierto”, han anotado desde el grupo proponente, que resaltan entre esas medidas: que la institución provincial suscriba un convenio con la banca para facilitar préstamos sin intereses a los ayuntamientos, un plan de empleo extraordinario, aumentar el personal laboral de la Diputación, y agilizar la concesión de ayudas para suministros básicos.
También se ha aprobado la moción presentada a pleno por el PSOE, en torno a la medida de la Junta de las ‘tarjetas monedero’. Se ha pedido retirar y reformular el proyecto y reforzar el sistema público de servicios sociales. Y el otro partido del gobierno provincial, La Línea 100×100, ha instado a la Junta a la readmisión de las mujeres de más de 45 años que han trabajado durante los últimos 25 años en la Escuela Infantil Atunara y Rocío Jurado de Chipiona, así como a otras en situación analógica, cumpliendo las diferentes sentencias al respecto ya dictadas.
OTROS PUNTOS
Este pleno también ha servido para aprobar por unanimidad dos iniciativas públicas que suman 9 millones de euros. Uno de los instrumentos resueltos es un programa clásico: el Plan Provincial de Obras y Servicios (enfocado a los pueblos), si bien se ha empleado una novedosa fórmula para recuperar actuaciones inconclusas –alguna de ellas data incluso de 2014- y plantear un modelo que permita mayor agilidad en la ejecución de próximas ediciones. La otra intervención, el plan Invierte Social (que beneficia a todos los municipios, distribuyendo 3 millones), es de nuevo cuño, para contrarrestar los perjuicios causados por la actual pandemia.
Por su lado, el diputado responsable del área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, Mario Fernández, defendió dos propuestas que también recibieron la aprobación unánime. El primero de estos planteamientos fue la propuesta de acuerdo, con el Ayuntamiento de El Bosque, para la cesión de uso de la finca El Imperio, por un canon anual de 40.000 euros. Y también sale adelante la adhesión de la Diputación de Cádiz a la Red de Entidades Locales para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Igualmente, en esta sesión plenaria de junio también se dieron a conocer índices y resultados que revelan la situación económica de la Diputación, conforme a los datos liquidados de 2019. El grado de ejecución de los ingresos se cifra en un 75% y el de gastos en un 77%. Se alcanzó un superávit de 23,5 millones de euros, mientras que el remanente de tesorería para gastos generales superó los 44 millones. La deuda viva (que mide la deuda pendiente en relación a los ingresos corrientes) se sitúa en un 33%; y la inversión del año pasado superó el límite de la regla de gasto en 4 millones de euros. En cuanto al periodo medio de pago, en diciembre de 2019 se situó en 19 días. Este dato evoluciona favorablemente y el pasado abril, en pleno estado de alarma, se redujo hasta los 12 días.
Finalmente, dos de las propuestas defendidas por el diputado de Servicios Económicos, de índole tributaria, fueron respaldadas por unanimidad: el convenio de recaudación con el Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo y la encomienda aprobada por nueve ayuntamientos para que la Diputación gestione sus sanciones administrativas (y que se suman a otros cinco que ya confiaban dicha gestión a la institución provincial). Los ayuntamientos que se incorporan son los de Jerez, Los Barrios, Tarifa, Paterna, Medina, Grazalema, Arcos, Bornos y Alcalá del Valle.
Por la vía de urgencia, este pleno también ha aprobado la modificación presupuestaria que permite la financiación del plan especial de empleo que la entidad provincial pone en marcha como respuesta al Covid-19. Mediante este acuerdo plenario, ya dispone de 10,5 millones de euros para este fin, a repartir entre todos los ayuntamientos.
