Más de 70 organizaciones y colectivos sociales gaditanos, entre los que se encuentran sindicatos, vecinales, feministas, ecologistas, movimientos sociales o asociaciones que trabajan con la problemática de la vivienda, a iniciativa de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, han registrado un escrito solicitando a los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya y el PP su voto favorable al decreto para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra ilegal de EEUU e Israel contra Irán, que incluye medidas sobre el alquiler.
Dicho Real Decreto-ley 8/2026 ofrece medidas transitorias en el alquiler de vivienda, prorrogando los contratos de arrendamiento vigentes en la fecha de entrada en vigor, a petición del inquilino, que finalicen antes del 31 de diciembre de 2027, estableciendo una prórroga extraordinaria por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales, manteniendo los términos y condiciones del contrato en vigor.
Por otra parte, la norma también establece límites a la actualización de la renta, pudiendo la persona inquilina negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta, sin que en ningún caso pueda suponer un incremento superior al 2% anual.
Los firmantes de esta carta desde Cádiz creen que es paso importante en la protección de la parte débil en el arrendamiento, es decir las familias inquilinas más vulnerables, sin suponer un menoscabo para los arrendatarios.
“La sociedad civil no puede permanecer indiferente a que esta medida positiva para millones de personas sea tumbada en el Congreso por la insensibilidad del PP y Junts, que han anunciado su voto negativo”, advierten desde la Apdha en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
“UN PASO URGENTE Y NECESARIO”
Por ello, antes de votar, estos colectivos y asociaciones de la provincia gaditana esperan que ambos partidos de derecha puedan valorar las consecuencias que ello podría acarrear sobre cientos de miles de personas en todo el Estado español, “pero también en Cádiz, donde la emergencia habitacional ya es imparable dejando las cosas meramente a la regulación de un mercado del alquiler puramente especulativo y una pasividad de las administraciones públicas incomprensible”.
“Les solicitamos su voto a favor de la convalidación del Real Decreto Ley, en la idea de que se trata de un paso, urgente y necesario, en el camino de reconfigurar el mercado de la vivienda y del alquiler en España”, remarca el escrito dirigido a populares y nacionalistas catalanes.
“Muchas otras son las medidas que deben ponerse en marcha en el próximo tiempo, dirigidas a combatir con mayor dureza la especulación y controlar la presión que el turismo ejerce sobre la vivienda, especialmente en Cádiz -se apostilla-. Pero, sin duda, los poderes públicos deben asumir esa ruta comenzando por proteger, aunque sea temporalmente, a la parte débil en el contrato, que, en este momento, es el inquilinato”.
Entre los colectivos firmantes están: Ecologistas en Acción, Facua, Amigas al Sur, Sindicato de Inquilinas, Toniza, Marea Blanca Gaditana, Marea Verde, La Zancada, Ateneo Republicano de Puerto Real, Marea de Pensionistas, Autonomía Obrera, Coordinadora de Trabajadores del Metal, Ustea, CCOO, CGT, SAT, UGT, Confluencia Sindical, Amede, Amnistía Internacional o la Asamblea Las Tres Rosas.
