Bajo el lema ‘La salud es un derecho, la sanidad pública no se vende’, la Marea Blanca gaditana en defensa de una sanidad pública de calidad convocaba este soleado domingo una nueva protesta “ante una realidad que nada tiene que ver” con las promesas de planes de choque y otras medidas anunciadas por el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, que ya ha cumplido un año, de PP y Ciudadanos con el aliento de la ultraderecha.
“No es sólo que estos partidos quieran insistir en los recortes y en la privatización de parcelas de la atención sanitaria, sino que quieren sentar las bases para desmantelar el sistema sanitario actual y aplicar el modelo que han instaurado en las comunidades autónomas en las que han gobernado con mayorías suficientes”, afirman esta plataforma, que también ha convocado movilizaciones en al misma jornada en Sevilla, Granada y Málaga.
En la capital gaditana, la marcha reivindicativa pero a la vez festiva y familiar, que ha reunido a más de 5.000 personas (según la organización), ha partido a mediodía por la avenida, desde el Hospital Puerta del Mar, aglutinando a numerosas asociaciones (el apoyo expreso y activo de cerca de 80 organizaciones de todo tipo) y ciudadanos anónimos, además de a sindicatos y partidos como PSOE (“la sanidad pública vive el peor momento de su historia, con una situación límite donde las derechas no van a parar hasta implantar su modelo”), Podemos (“a los fallos, errores y desastres sanitarios del Gobierno anterior se suma ahora una voluntad clara de este Gobierno de privatizar sectores de la sanidad”) e IU (“ahora más que nunca, que se empiezan a poner en entredicho las bondades de los servicios públicos y se intenta vender la idea de que desde lo privado se gestiona mejor, tenemos que insistir en que lo público funciona cuando tiene detrás políticas convencidas y eficientes”).
La manifestación ha desembocado en la plaza de San Juan de Dios, frente al Ayuntamiento, donde se ha leído el correspondiente manifiesto, que se cerraba con un aviso: “no vamos a permanecer impasibles comprobando cómo se desmantela un sistema sanitario público español y andaluz que ha sido el orgullo de la ciudadanía y ha tenido el reconocimiento de excelencia por la comunidad internacional”.
“Los gobiernos pueden argumentar que defienden la sanidad pública y referirse a cuestiones muy diferentes. Se puede defender una sanidad pública con financiación, provisión y gestión absolutamente públicas o se puede defender una sanidad pública-privada donde ésta última es la que origina categorías y desigualdades”, apunta dicho manifiesto, con el que se defiende un sistema sanitario público con “unas características absolutamente irrenunciables: universal, gratuito, equitativo, integral (“atiende a todas las enfermedades, sean rentables económicamente o no”), salubristas (“promociona la salud mediante políticas de salud pública y comunitaria”), integrado (“organizado en niveles de atención debidamente coordinados”), participativo y “de la máxima calidad porque dispone de todos los recursos necesarios”.
La Marea Blanca gaditana afirma defender este sistema “porque no excluye a nadie y trata a todas las personas por igual. No admitimos comercios con la salud. La salud es un derecho”.
Se añade que los conciertos con clínicas privadas “sólo son admisibles cuando, estando al máximo rendimiento el sistema sanitario público, se necesita complementar alguna actividad”. Y es que la privada “no es un sistema sanitario sino empresas dirigidas a la atención de aquellas enfermedades que son rentables y suponen un negocio”. “La inclusión de criterios comerciales en la atención sanitaria supone volver a las categorías económicas de las enfermedades/enfermos que se atienden. Aquellas personas que tienen posibilidades económicas para pagar un seguro médico complementario y las que no las tienen, que volverían a ser atendidas en Beneficencia. No vamos a permitirlo”, se subraya.
Para los convocantes de esta manifestación, la mejor forma de defender la sanidad pública desde dentro “es trabajar a tope con ilusión y complicidad por el enorme servicio público que se desarrolla. Los derechos laborales tienen que ser exquisitamente respetados”. Además, se deja claro que los gestores de la sanidad pública “deben ser profesionales autónomos e independientes y no ser elementos para un control político permanente”.
“UN DERECHO HUMANO BÁSICO QUE TIENE QUE SER PROTEGIDO Y GARANTIZADO POR EL ESTADO”
Una de las entidades que ha apoyado la protesta es la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), convencida de que “la salud es un derecho, un derecho humano básico, un derecho social que tiene que ser protegido y garantizado por el Estado”. Sin embargo, “se trata de un derecho cuyo ejercicio se ha deteriorado de forma progresiva por las políticas de recortes iniciadas por el PSOE en Andalucía desde el año 2007, en las que se fue reduciendo progresivamente el presupuesto de la consejería de Salud y se perdieron más de 7.000 profesionales sanitarios, según las mareas blancas”.
Así, la estrategia de no cobertura de bajas ni jubilaciones y el significativo deterioro de las condiciones laborales (altísima temporalidad y elevada carga de trabajo), hizo que muchos profesionales abandonaran el sistema sanitario público andaluz hacia otras comunidades u otros países. “Con el argumento de ‘no hay dinero’, se han deteriorado y reducido los recursos y los servicios disponibles, lo que ha afectado especialmente a las personas más vulnerables de zonas aisladas o con necesidades de transformación social, mayores, enfermas crónicas, entre otras”. Del mismo modo, denuncia la Apdha, “se inició un camino de privatización encubierta con externalizaciones y conciertos, que no hizo sino enriquecer a algunos y desviar hacia manos privadas el dinero público”.
Y para más inri, con la llegada de la derecha y extrema derecha al Ejecutivo andaluz, “la situación ha empeorado sustancialmente hasta llegar a una situación crítica”. Al respecto, se lamenta “su estrategia es el vaciamiento presupuestario, el empeoramiento funcional progresivo de la sanidad pública y la derivación creciente de fondos públicos para la expansión de las empresas sanitarias privadas”
Este colectivo exige la defensa de la sanidad pública “con unas políticas que busquen proteger la salud de la población y no el negocio de unos pocos”. Estima que son necesarios “unos presupuestos adecuados que garanticen recursos suficientes y una política de personal que cree plantillas estables y bien dimensionadas, una atención primaria fuerte y sólida, que desde su cercanía a la población permita atenderla con equidad, priorizando a los más vulnerables y unos hospitales que respondan a las necesidades de las personas, con listas de espera contenidas y urgencias ágiles”.
LA JUNTA SACA PECHO DE SU GESTIÓN
Y este mismo domingo, desde la Junta se ha emitido un comunicado felicitándose por la implantación del llamado Plan de Alta Frecuentación con motivo de la época de gripe. Se asegura que este año la consejería de Salud y Familias ha incrementado en toda la comunidad autónoma un 16% la dotación de personal para hacer frente a dicho plan frente a la gripe: “el aumento de contrataciones respecto a la campaña de la gripe de 2018 y 2019 es de 367, de tal manera que entonces los profesionales que se incorporaron fueron 2.250 y ahora son 2.617”.
También se alude a la diferencia en los gastos de personal entre el presupuesto de 2020 con el presupuesto de 2018, “es un aumento de 472 millones, es decir, de un 10,7%”; parte de las dotaciones de personal “se encaminarán a aumentar un 2% las retribuciones y se equipararán de manera gradual los precios de las guardias a la media del resto de comunidades autónomas”.
Este Plan de Alta Frecuentación se está realizando sin desprogramar la actividad quirúrgica. A fecha 29 de noviembre de 2019, la actividad quirúrgica en los hospitales del sistema sanitario público de Andalucía “ha aumentado en más de 25.000 operaciones con respecto al año anterior, es decir, un 5,92% más respecto a 2018”. Del mismo modo, y según la versión del Gobierno autonómico, la demora media para el total de pacientes pendientes de una intervención quirúrgica se sitúa ahora en 154 días, “lo que supone un descenso de 47 días respecto a fecha 25 de marzo, cuando la demora media era de 201 días”.
