En la provincia de Cádiz se han presentado un total de 33.041 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero hasta finales de septiembre apenas se han aprobado, “que no abonado”, 589 de las mismas, según denuncia el PP provincial, a partir de los datos facilitados por el Gobierno central tras una iniciativa registrada por la diputada conservadora en el Congreso Mª José García Pelayo. Sí se han concedido de oficio en Cádiz 4.696 prestaciones, a perceptores de la prestación familiar por hijo.
Con estos números en la mano, que evidencian que sólo al 1,7 % de los gaditanos solicitantes del IMV se les ha reconocido de momento este derecho (tan cuestionado por las derechas, que suelen tacharlo de ‘paguita’), el PP gaditano ha mostrado su preocupación “teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad y falta de recursos que sufren las familias que piden esta prestación”.
Además, García Pelayo lamenta en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que la provincia gaditana, “una de las que más está sufriendo de las consecuencias económicas de la pandemia y el crecimiento del paro”, es de las “más afectadas por la falta de diligencia y engaños” del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en torno al IMV, “ya que la media de expedientes reconocidos a nivel nacional se sitúa en un 9,4% frente a sólo el 1,7 en la provincia, casi ocho puntos por debajo: “de los 900.000 solicitudes registradas ya en toda España , se han tramitado 85.000”.
De este modo, esta formación de derechas afea que el Gobierno central “esté jugando con las inquietudes de muchas personas al crear falsas expectativas” en torno a esta prestación histórica, y ha recordado como el presidente Pedro Sánchez “anunció que a finales del mes de junio que 255.000 familias recibirían el IMV en sus cuentas”.
“Es inaceptable que la tramitación del IMV vaya a un ritmo ralentí”, repite la exalcaldesa jerezana, por lo que ha insistido en la necesidad dotar a la Seguridad Social del personal suficiente que permita gestionar con agilidad el programa. De hecho, el propio Gobierno ha reconocido la necesidad de cambiar el procedimiento “para darle más diligencia”.
Por último, el PP rechaza los argumentos esgrimidos por el Gobierno progresista de coalición para justificar del atasco en la gestión de la prestación, “del que culpa a los solicitantes por no saber presentar adecuadamente los expedientes o bien por no cumplir los parámetros establecidos”; “yo creo que cuando una persona considera que necesita percibir un ingreso para poder supervivir, lo que se debe hacer es escuchar y atender, facilitar la tramitación, agilizar los tiempos y dar respuesta a sus necesidades, no engañarlos creando unas falsas expectativas como ha hecho el PSOE y Podemos”, opina esta diputada en el Congreso.
“LOS TRÁMITES PEGARÁN UN ACELERÓN ESTE MES”, SEGÚN EL PSOE
El PSOE gaditano reconoce, como ha hecho públicamente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que se han desbordado todas las expectativas porque se han recibido más de un millón de solicitudes vía telemática y se han procesado 350.000 “pero hace falta tiempo porque si se hubiese dado a todo el mundo, se estaría pidiendo el reintegro de ese IMV”.
Al respecto, la parlamentaria andaluza Araceli Maese asegura que ya se están haciendo cambios con las comunidades autónomas para acelerar los trámites “que pegarán un acelerón a partir del presente mes y se seguirán haciendo ajustes para ser más eficaces”. En cualquier caso, pone en valor que “en esta crisis al menos se puede contar con un IMV y va a ser algo estructural, con visos de permanencia en el tiempo”. “Es una medida histórica, la primera vez que el Gobierno aprueba algo así para hacer frente a la pobreza, y especialmente a los niños porque más del 30% de los beneficiarios serán menores de edad que viven en estas familias vulnerables”, ha destacado.
Y una vez asumido el problema, se pasa al ataque: Maese replica a la diputada en el Congreso María José García Pelayo que “en esta crisis también ayudaría mucho que la Junta de Andalucía reactivase la Renta Mínima, de su competencia, para la que había asignada una partida de 140 millones de euros para apoyar a unos 15.000 andaluces que actualmente la tienen concedida”.
Recuerda la socialista que el presidente andaluz, del PP, “decidió enterrar la Renta Mínima de Inserción Social con la paralización de sus solicitudes aprovechando que en junio entraba en funcionamiento el IMV impulsado por el Gobierno de España”. Entienden desde el PSOE de Cádiz que “perfectamente la Renta Mínima andaluza podría complementar la ayuda del Ejecutivo central y como es el caso, hacer de colchón mientras no se resuelven los expedientes por parte del Ministerio”.
SE ESPERA LLEGAR A 38.500 HOGARES GADITANOS, EN LA TEORÍA
El Ingreso Mínimo Vital fue aprobado por el Consejo de Ministros a finales de mayo y establece un nivel de renta garantizable diferente para cada tipo de hogar. Supone una ayuda media por familia de más de 430 euros al mes. Completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta ese umbral garantizado para cada tipología que, en el caso de los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva, distribuida en 12 pagas.
Según los cálculos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más de 830.000 hogares podrían ser beneficiarios de esta prestación tan cuestionada por sectores de derechas. En ellos viven unos 2,2 millones de personas de los que la mitad son menores. Fuentes del PSOE gaditano calculan que esta iniciativa (que supone unos 3.500 millones de euros al año en el presupuesto estatal) podría beneficiar a alrededor de 104.000 personas en la provincia de Cádiz: “esto supondría que unos 38.500 hogares gaditanos verían con dignidad y esperanza como mejora su situación”.
