La Diputación de Cádiz ha celebrado este miércoles su pleno mensual correspondiente a febrero con, entre otros asuntos, reclamaciones a la Junta para que se activen fondos de rescate a favor de sectores como el comercio o la hostelería; para que financie de forma íntegra el servicio de ayuda a domicilio; o para que ponga en marcha de un plan de empleo a través de los ayuntamientos.
Al inicio de la sesión telemática se confirmaba la renuncia como diputado provincial de Antonio Romero, adscrito al grupo Adelante Cádiz, y que ya días atrás hacía lo propio como concejal puertorrealeño.
El pleno ha dado luz verde, pese a PP y Ciudadanos, a dos propuestas dirigidas a la Junta de Andalucía encaminadas a resarcir, compensar y mantener el empleo en sectores productivos especialmente perjudicados por la pandemia del coronavirus y las consecuentes restricciones. En la moción de IU se precisa la cuantía requerida para pequeñas y medianas empresas y autónomos de la provincia: 150 millones de euros. La iniciativa del PSOE reclama un plan de rescate para el comercio de cercanía, incluyendo el ambulante, y la hostelería, así como un plan de choque integral y de reactivación de dichos sectores.
Al respecto, la diputada izquierdista Carmen Álvarez ha lamentado la “postura de confrontación mantenida” por las dos derechas, “instaladas permanentemente en la disputa y en el enfrentamiento, incapaces de reconocer que las ayudas que hasta ahora ha puesto en marcha la Junta provienen de fondos estatales y europeos, que no han puesto ni un solo euro de fondos propios e incapaces de votar en beneficio de los sectores que más ayuda necesitan de todas las administraciones”. PP y Cs, interpretan, “votan en contra de los pymes y autónomos de Cádiz”. En el mismo sentido, el portavoz del grupo socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, ha criticado que al PP “se le haya atragantado el voto en favor de los pequeños empresarios, hosteleros y comerciantes”.
El contexto de la pandemia ha seguido muy presente en el debate plenario. A propuesta del PSOE, se acordó solicitar a la administración autonómica la puesta en marcha de un plan de contingencia para hacer frente a la situación especialmente grave que ha llegado a vivir la comarca del Campo de Gibraltar por los casos de Covid-19. También se solicita una mejora en las condiciones laborales del personal sanitario que ejerce en la zona y un plan de inversión en la mejora de infraestructuras sanitarias y para el mantenimiento de las existentes.
“A los 300.000 habitantes del Campo de Gibraltar que representamos el 25% de la población gaditana se nos ha asignado tan sólo el 10% del refuerzo sanitario de la Junta en la provincia, lo que significa otra incoherencia del Gobierno de PP y Cs”, cuestionan los socialistas, que de nuevo han lamentado el respaldo de populares y naranjas, “han vuelto a perder la oportunidad quedándose a medias”, con su abstención.
Además, ‘Que nadie se lucre con la pandemia’ es el enunciado de la iniciativa ciudadana europea que IU ha planteado en esta sesión. Entre otras pretensiones, considerando las aportaciones públicas que se destinan a las industrias farmacéuticas, reclama el cumplimiento de dos garantías: que haya disponibilidad real de vacunas para toda la sociedad, y que sea a precios asequibles. PSOE, Adelante, La Línea 100×100 e IU ha respaldado el punto, mientras el PP se ha abstenido y Cs lo ha rechazado.
Y a iniciativa de AxSí, se ha aprobado instar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a dotar por vía de urgencia a los municipios de los medios autónomos para la realización de las pruebas del Covid-19 y que se evite el desplazamiento de ciudadanos a otros municipios.
OTRAS INICIATIVAS
La tercera iniciativa del PSOE, también aprobada, acuerda instar a la Junta, como no, a financiar íntegramente el precio del servicio de ayuda a domicilio, fijando el coste por hora en 16 euros a partir del 1 de enero del presente ejercicio hasta alcanzar los 18 euros en el ejercicio de 2023. Todos los partidos han votado a favor menos, obviamente, PP y Cs que ahora comparte gobierno en Sevilla con la ayuda de la ultraderecha.
Por su lado, Adelante Cádiz ha visto prosperar las dos propuestas elevadas a votación este febrero, según se relata en la información trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz. La primera se centra en el desalojo de las familias de la urbanización El Patio en La Línea, por la que –con la abstención del PP- insta a la Junta y al Gobierno central a adoptar medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica que su desahucio podría conllevar. El texto definitivo ha contado con una enmienda de adición de La Línea 100×100.
“Estamos ante una situación dramática donde no cabe la especulación y el mercantilismo de los intereses bancarios. El municipio de La Línea está sufriendo las consecuencias más duras del Covid y los datos de personas en desempleo y en situación desfavorable son alarmantes. Hay que ponerse a trabajar y dar soluciones a la gente”, subrayan desde lo que fue la confluencia de Podemos e IU.
Este mismo grupo, a través de su diputado díscolo (el de IU), también ha presentado una moción instando igualmente a la Junta a la puesta en marcha de un plan de empleo a través de los ayuntamientos andaluces consignado con 391 millones de euros para 2021 y 278 millones para 2022; cantidades que en el caso de la provincia supondría recibir cerca 84 millones en las dos anualidades y que “servirían para generar 6.719 contratos entre personas desempleadas de la provincia”. Ha contado con el respaldo generalizado, menos de la franquicia naranja y de los populares.
El diputado andalucista, por su lado, ha logrado el respaldo unánime para expresar un reconocimiento a los profesionales de los servicios públicos en Andalucía, y hacerlo efectivo el 28 de febrero; en la parte dispositiva de la misma moción se exige la revocación del nuevo diseño del escudo de la comunidad autónoma que se han sacado de la manga las derechas.
Y finalmente Ciudadanos también ha visto salir adelante sus dos iniciativas: una referida al Centro Agrícola y Ganadero que la Diputación administra en Jerez y que fue completada con una enmienda de Adelante. Y otra dedicada a los viveros de empresas de la Junta. En ambos casos se reclama un refuerzo de estos espacios productivos -en cuanto a su capacidad de investigación e innovación- desde la colaboración institucional.
El PP, el principal partido de la oposición, es el único grupo que no ha sido capaz de que se apruebe este mes ninguna de sus mociones: una de ellas pedía la retirada o modificación del decreto de aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) “que atenta de forma directa contra el campo gaditano”. “Es una moción del campo gaditano, hecha desde el sentido común y la justicia. Votar en contra de ella ha sido votar en contra de nuestros agricultores y ganaderos que simplemente piden al Ministerio de Agricultura que escuche al sector y modifique su decisión de llevar a cabo una convergencia brusca”, argumenta el portavoz del grupo popular, José Loaiza.
PLAN PROVINCIAL DE IGUALDAD
Previo al debate de las mociones políticas, la sesión plenaria ha aprobado por unanimidad el Plan Provincial de Igualdad diseñado para el año 2021. La responsable del área de Igualdad, Carmen Collado, defendió este programa estratégico que “cumple con un compromiso político de lucha contra la violencia de género y la LGTBI-fobia” y que también responde con una base presupuestaria de 800.000 euros. Con esta cuantía se pueden emprender los programas propios de la Diputación y fortalecer, mediante convenios, las actuaciones que se desarrollan junto a ayuntamientos, mancomunidades, federaciones y asociaciones.
En el nuevo Plan de Igualdad se incluye la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Al respecto, también se ha validado, de manera unánime, el manifiesto acordado por las ocho diputaciones andaluzas. Este año se destaca la reivindicación de un pacto por los cuidados, que aboga por la corresponsabilidad en los ámbitos público y privado, además de no ahondar en las brechas de desigualdad agravadas desde que se desató la pandemia.
Otro instrumento de gestión, con clara incidencia en las infraestructuras y servicios públicos, también obtuvo el respaldo de la Diputación. Se trata del Plan Estratégico de Subvenciones de Desarrollo Local, con vigencia hasta el año 2023.
