La consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía está solicitando por escrito a los 36 ayuntamientos de la provincia de Cádiz donde se ubican las viviendas sociales propiedad de la administración regional, cuya gestión corre a cargo de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA), que apliquen una bonificación de hasta el 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a estas viviendas del parque público en alquiler social.
En concreto, el parque residencial en alquiler que gestiona AVRA en la provincia suma un total de 9.575 viviendas. De ellas, 1.376 se localizan en la capital, mientras que el resto se reparte por otros 35 municipios, destacando por volumen Algeciras, con 1.332 viviendas; Jerez, con 1.183, y La Línea, con 614 viviendas en arrendamiento. Hoy día sólo los municipios de Rota, con 61 viviendas, y San José del Valle, con 52, están aplicando la bonificación.
El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Federico Fernández, señala en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “esta medida redundaría en beneficio de los inquilinos, familias con ingresos reducidos que por esa razón, son las adjudicatarias de dichos inmuebles, y a las que la Junta, en cumplimiento de la normativa reguladora, debe repercutir dicho impuesto, que en primera instancia liquida AVRA cuando los ayuntamientos se lo giran”.
La solicitud de bonificación del IBI, que se viene planteando desde 2011 a los 438 municipios andaluces en los que la agencia tiene parque de vivienda, se fundamenta en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según el cual los ayuntamientos podrán regular, mediante ordenanza, una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del IBI a favor de inmuebles en los que concurran circunstancias sociales.
El carácter social del parque residencial de la Junta motiva tal petición, que en Cádiz sólo ha sido atendida, hasta ahora, por dos municipios, Rota y San José del Valle. “Los restantes ayuntamientos no han respondido a los reiterados escritos que año a año se remiten desde AVRA, y en los que se solicita a los plenos municipales que declaren que la actividad de arrendamiento social desarrollada por la agencia con las viviendas de su parque público tiene especial interés municipal, por concurrir circunstancias sociales que justifican tal declaración”, agrega Fernández.
En tal sentido, apostilla que “en los escritos remitido a los ayuntamientos se advierte de que dicha bonificación tendría un beneficio directo sobre los arrendatarios, a quienes la agencia tiene la obligación de repercutir dicho impuesto, en aplicación del artículo 63.2 del Texto Refundido de la LRHL y al mismo tiempo, permitiría a AVRA más capacidad económica para el mantenimiento y conservación del parque de vivienda en gestión”.
