La Junta de Andalucía con Gobierno del PP ha decidido pagar 328 millones de euros para recomprar a Inversiones Holmes, propiedad del fondo de inversión inmobiliaria estadounidense WP Carey, 70 inmuebles por toda la comunidad autónoma que hace una década ya le pertenecían. Un gasto que, se defiende, “supondrán un ahorro de más de 100 millones globales a las arcas”, en el plazo de diez años.
En el caso de la provincia de Cádiz, se van a recomprar ocho inmuebles vendidos en el año 2014, en aquellos años duros de la anterior crisis-estafa, para “ahorrar” más de 35,1 millones de euros (en diez años) por el alquiler de estas sedes, “permitiendo disponer de más recursos en ámbitos como lo social, la educación o la salud”.
Así lo ha avanzado la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Mercedes Colombo, en compañía de la delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Inmaculada Olivero.
Colombo ha recordado que en aquel 2014 el PSOE entonces al frente del gobierno de la Junta, con la hoy ministra de Hacienda María Jesús Montero, como consejera de Economía y Hacienda, “alcanzó un acuerdo para conseguir liquidez, una alianza en virtud de la cual vendía 70 inmuebles a un fondo de inversión, edificios que, en su inmensa mayoría eran y son sedes territoriales del Gobierno andaluz en las distintas provincias, y en las que trabajan en torno a 8.600 funcionarios y empleados”.
“El dinero de la venta de los edificios se ingresó, se gastó y lo que quedó fue una hipoteca de por vida para la Junta de Andalucía que ahora arregla Moreno Bonilla”, presume esta política colocada en su cargo por el PP. “Un contrato ruinoso con consecuencias nefastas para Andalucía al que ahora damos solución”, ha añadido en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
“EL DINERO DE LA VENTA SE INGRESÓ, SE GASTÓ Y LO QUE QUEDÓ FUE UNA HIPOTECA DE POR VIDA PARA LA JUNTA QUE AHORA ARREGLA MORENO BONILLA”
En dicho acuerdo de venta de hace casi diez años, la Junta también asumía la obligación de alquilar esos mismos inmuebles a un precio determinado durante un plazo de 20 años, hasta 2034, con una cláusula de un incremento de 1,5% anual. “Para que se hagan una idea -se ha precisado-, la Junta paga algo más de 837.000 euros anuales por el alquiler de este edificio en el que nos encontramos, la sede de la delegación del Gobierno en Cádiz, también por la sede de la subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, más de 260.000 euros, casi 500.000 euros por el edificio de la delegación territorial de Agricultura, o algo más de 400.000 euros por el inmueble situado en Jerez de la Agencia Tributaria y el consejo Andaluz de Relaciones Laborales”.
El cómputo global del alquiler hoy día de los ocho edificios en suelo gaditano (seis en la capital, uno en Jerez y otro en Algeciras, en los que trabajan en torno a 650 empleados públicos) suma 2,9 millones de euros al año. Cantidad que se elevaría a los algo más de 3,4 millones al año al llegar 2034 por el incremento del 1,5% anual. Al respecto, Colombo celebra que esta recompra va a suponer en el caso de estos edificios en la provincia “un ahorro global de 35,1 millones de euros que hubiéramos tenido que seguir pagando hasta 2034.
En la capital gaditana los seis edificios incluidos en este acuerdo son: los de la delegación del Gobierno en la plaza de España, el edificio de la delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP, en la calle Isabel la Católica: en esa misma calle del centro histórico, el inmueble de la sede del Instituto Andaluz de la Mujer; el edificio de Cánovas del Castillo de la delegación territorial de Turismo, Cultura y Deporte; y los de la plaza de la Constitución y plaza Mina, de la delegación territorial de Agricultura, y otro de la delegación territorial de Desarrollo Educativo, respectivamente.
Por su parte, en Algeciras se vuelve a comprar el edificio de las del Gobierno en el Campo de Gibraltar. Mientras que el inmueble de Jerez se sitúa en la Alameda Cristina, la sede de la Agencia Tributaria, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y delegación territorial de Empleo.
“NO ERA DE RECIBO QUE LOS PROPIOS INMUEBLES QUE ERAN PROPIEDAD DE LA JUNTA SE VENDIERAN PARA PAGAR LUEGO UN ALQUILER A PRECIO DE ORO”
Por su lado, la delegada territorial de Economía, Inmaculada Olivero, ha incidido en que “este tema es un acuerdo de Consejo de Gobierno, ya que se trata de una encomienda del presidente de la Junta que se está llevando a cabo desde la Dirección General de Patrimonio, y creo que esta ha sido una de las operaciones más importantes para sanear el dinero de todos los andaluces, ya que no era de recibo que los propios inmuebles que eran propiedad de la Junta se vendieran para pagar luego un alquiler a precio de oro”.
Olivero reitera que “solucionamos este mal acuerdo para los andaluces. Y esta medida va a suponer una medida de ahorro, no de gasto”. Además, desde la Dirección General de Patrimonio “se está trabajando por esta encomienda, con el objetivo de poner en valor todos aquellos edificios que son propiedad de la Junta de Andalucía para evitar que se queden vacíos, cerrados u ocupados, con el fin de que sirvan para la atención a los andaluces”.
“Este es un primer paso, y se está haciendo un trabajo importante desde la delegación territorial de Economía y por supuesto desde la delegación del Gobierno, para llevar a cabo un plan de sede para los funcionarios que trabajan en la provincia. Para disponer de un lugar operativo, adaptado a los nuevos tiempos, donde puedan trabajar los funcionarios y puedan ser atendidos todos los usuarios”, ha sentenciado.
