Ya es oficial: la provincia de Cádiz perderá para el curso escolar 2019/2020 que arranca en septiembre un total de 96 líneas en Infantil y Primaria, en virtud de la orden publicada recientemente en el BOJA. “Nunca en la historia de la democracia se había dado una supresión de unidades como ésta”, con 413 menos en Andalucía. Cádiz es la segunda provincia con mayor incidencia de los recortes planteados (en 26 de sus 45 municipios; en la Bahía gaditana, las ciudades más afectadas son Jerez -con una treintena-, San Fernando, Chiclana y El Puerto -con una docena cada una-, y la capital -con cinco cierres-) por el nuevo gobierno de derechas de la Junta de Andalucía. Con todo, no hay que olvidar que con el anterior ejecutivo socialista también se han venido suprimiendo líneas públicas desde hace cursos.
Ha sido el secretario de Educación del PSOE de Andalucía, Francisco Menacho, el encargado de denunciar estos tijeretazos de cara a inminente la vuelta al ‘cole’, que achaca a “la política errática de la consejería de Educación”, a su “falta de organización y de planificación”, y sobre todo, del “consenso necesario” con la comunidad educativa para afrontar un curso “donde, de entrada, la educación pública contará con menos recursos”.
Recortes que ya comenzaron, a juicio de los socialistas, con la convocatoria de oposiciones al cuerpo de maestros donde se eliminaron 700 plazas frente a lo previsto por el gobierno anterior de Susana Díaz y se dieron instrucciones que han provocado una lluvia de reclamaciones. “Se rompió el acuerdo de estabilidad y la obligatoriedad de la tasa de reposición al cien por cien”, ha precisado. Menacho, que además recalca que “el gran problema vendrá en el curso 2020/2021 “cuando se aplique lo que han firmado PP, Cs y Vox con esa cláusula en educación que va a primar la libertad de elección de los padres y generará muchas más supresiones y se crearán más plazas concertadas”.
El dirigente socialista también ha recordado que el llamado programa de refuerzo para acabar con el fracaso escolar, sin contar con la comunidad educativa, “se ha estrellado completamente pues frente a las previsiones de atender a 100.000 alumnos, el impacto no ha llegado ni al 2%”. De igual modo ha sucedido con las instrucciones dictadas a finales de junio por la administración educativa (en manos de la formación naranja) sobre organización y funcionamiento de los centros “cambiando horarios, imponiendo más horas de religión que de plástica y música y acabando con autonomía de los centros”. Y ensombrece aún más el panorama de inicio del curso escolar el conflicto de las Escuelas Infantiles que vienen reclamando una subida del precio público por alumno.
Para Francisco Menacho, “nunca un curso va a comenzar con tantos frentes abiertos, y con tanto oscurantismo, pues la Junta de Personal Docente en cada provincia viene demandando los datos que ahora se han publicado sobre las líneas educativas”, enfatiza para abundar en que “a mediados de agosto en la diputación permanente del Parlamento solicitamos la comparecencia del consejero de Educación, Javier Imbroda, para que explicara estos datos pero las tres derechas frenaron esa comparecencia para tapar la realidad que temíamos que iba a suceder”.
Ante esta situación, se avanza que el PSOE, en la primera mesa del Parlamento tras las vacaciones, va a seguir pidiendo la comparecencia del consejero y realizando preguntas en el pleno “para que digan la verdad y expliquen cuál es la realidad que han pintado en el BOJA”.
EL PP DEFIENDE QUE “LOS RECURSOS SE ADAPTAN A LA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS”
El secretario general del PP de Cádiz, Andrés Núñez, ha tratado de rebatir al PSOE en la misma mañana del lunes. El político chiclanero ha rechazado las acusaciones al respecto y ha calificado de “indignante” que “los socialistas vengan a cuestionar ahora cuando hasta hace seis meses han tenido todas las competencias en educación durante 40 años y situaron a Andalucía a la cola”, y “aplicaron todo tipo de recortes”.
Este partido de derechas sostiene que el número de líneas educativas “se establece, según lo establecido en la normativa vigente, en función de la demanda”, y reitera que el menor número de aulas para el nuevo curso escolar “se debe exclusivamente a la reducción de los alumnos matriculados que ha bajado en más de 5.700 en Infantil y Primaria”; por lo que “lo que se ha hecho es adaptar las líneas a las necesidades actuales”. Lo curioso es que este recorte de líneas prácticamente solo afecta a los colegios públicos, mientras se mantienen los conciertos con la privada.
Núñez rechaza la “demagogia socialista”, y llega a decir que el año pasado “con el gobierno del PSOE, tal y como recogieron los medios de comunicación”, se cerraron en la provincia “en torno a un centenar de aulas cuando el número de alumnos sólo había descendido un millar respecto al curso anterior”; además, y siempre según la versión popular, entre 2012 y 2017 “el PSOE cerró en Cádiz 220 unidades públicas de Infantil”.
PROTESTAS DESDE FINAL DEL PASADO CURSO
La Junta de Personal Docente no Universitario de la provincia de Cádiz (representación sindical del profesorado conformada por Ustea, CCOO, ANPE, CSIF, CGT, UGT y APIA) viene exigiendo desde hace meses el “blindaje” de la educación pública, con diferentes actos de protestas en el marco de la campaña contra el “desmantelamiento” de la escuela pública.
Entre las más significativas, el pasado 21 de mayo, convocó y celebró ya una manifestación en la ciudad de Cádiz en defensa de la enseñanza pública. En aquellos momentos ya se había confirmado el cierre de unidades en varios centros de cara al próximo curso. Ante el descenso demográfico, desde la Junta se impone el criterio de la eficiencia y se trasladó que las supresiones no tienen marcha atrás.
Ya en junio se entregaba vía registro de forma masiva en Cádiz, Jerez y Algeciras un documento con siete exigencias al respecto; y se lamentaba que PP y Cs “parece que han decidido quitarse la máscara y meter las tijeras más a fondo que nunca”. Entre las medidas que se reclaman a la Junta está la revisión con la enseñanza concertada, “sin esperar a los cuatro años que restan para finalizar el acuerdo realizado”, para “equilibrar los efectos del descenso demográfico y la caída de la natalidad”.
