El 94% de los gaditanos que recibió herencias en 2015 quedó exento de abonar el impuesto de sucesiones. Por tanto, del total de 38.924 autoliquidaciones presentadas en la provincia, 36.700 herederos no abonaron nada. Son datos que se difunden desde la Junta ahora que el PP regional ha lanzado una campaña de recogida de firmas para presionar al Gobierno autonómico a suprimir este impuesto.
El 94% de los gaditanos que recibió herencias en 2015 quedó exento de abonar el impuesto de sucesiones, según los datos oficiales de la Agencia Tributaria de Andalucía. Por tanto, del total de 38.924 autoliquidaciones presentadas en la provincia, 36.700 herederos no abonaron nada; 2.224 sí tuvieron que pagar.
Son datos que se difunden desde la Junta de Andalucía ahora que el PP regional ha lanzado una campaña de recogida de firmas para presionar al Gobierno autonómico a suprimir este impuesto. La pretensión de los conservadores es recopilar más de 200.000 apoyos en toda Andalucía, y de ellos, unos 30.000 en la provincia, ya que, según la derecha, “todos los gaditanos, voten a quien voten, ven injusto al tener que pagar por unos bienes por los que sus familiares ya han pagado en vida después de mucho esfuerzo y trabajo”.
En el conjunto de Andalucía, sólo un 7% de las autoliquidaciones presentadas obligaron al pago, esto es, de los 267.553 andaluces que presentaron la declaración del impuesto sobre sucesiones, 248.066 no tuvieron que pagar nada por heredar y únicamente 19.487 salieron a abonar, “que se corresponden a las rentas y patrimonios más elevados”. En el caso específico de herencias de padres a hijos, sólo un 3% tuvo que pagar por su herencia.
En los supuestos de renuncia a la herencia, el principal motivo aducido fue que el bien heredado tenía cargas hipotecarias o deudas elevadas que el heredero no estaba en condiciones o prefería no asumir. Es decir, que las deudas de la herencia eran mayores que los beneficios.
Respecto a la movilidad entre comunidades autónomas y provincias, “los datos ponen de manifiesto que obedece a motivos laborales y no a la presión fiscal”, según apuntan desde la Junta en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz. Así en 2014, los contribuyentes andaluces que cambiaron de domicilio en los dos años previos a la tributación por el impuestos sobre sucesiones fueron un 0,11%, en concreto 81 personas. De ellas, sólo 17 personas trasladaron su domicilio a Madrid.
Las oficinas de Cádiz en las que se presentaron declaraciones de herencia en las que resultó alguna cantidad a pagar fueron la Gerencia Provincial de Cádiz (366 autoliquidaciones), U.T. de Jerez (425) y las oficinas liquidadoras de El Puerto de Santa María (204), Sanlúcar (173), Algeciras (169), San Roque (158), San Fernando (146), Chiclana (143), Arcos (136), Barbate (112), Olvera (72), Ubrique (62) y Medina-Sidonia (56).
LIGADO A LA FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LA SANIDAD
Sucesiones es un impuesto ligado al sistema de financiación autonómica, que el Estado cedió a las comunidades autónomas como parte del modelo para que financiaran la educación y la sanidad. De ahí que el Gobierno andaluz del PSOE considere que “no puede eliminarse el impuesto sin disponer de otra fuente alternativa de recursos y sin reformar el modelo de financiación autonómica que perjudica a Andalucía, porque sería una medida que sólo beneficiaría a los más ricos”.
Dado que se trata de un impuesto estatal cedido a las comunidades, el Gobierno central del PP ha dispuesto de cuatro años de legislatura para plantear su eliminación y aprobarla utilizando la mayoría absoluta que tenía en el Congreso de los Diputados.
No obstante, la Junta, en virtud del compromiso de investidura de la presidenta Susana Díaz, asegura que está abordando un “análisis” del impuesto “que permita reformarlo y mejorar su progresividad para corregir el error de salto y proteger a las clases medias y trabajadoras”.
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