La compleja situación de la sanidad pública andaluza, con la red de atención primaria colapsada desde hace meses pese a los miles de médicos contratados y millones invertidos que vende en su autobombo la Junta de derecha, ha sido uno de los puntos debatidos en el pleno de mensual de enero de la Diputación de Cádiz, celebrado en formato telemático. Y en el que también se ha hablado de macrogranjas y de Garzón, de la no-reforma laboral y hasta de la implantación de ferrolineras.
Así, dos mociones, una del PSOE y otra de AxSí, han reclamado mejoras a la administración autonómica en la atención primaria. Las dos propuestas lograron el respaldo mayoritario (ni las dos derechas en el pleno votaron en contra). La iniciativa socialista exige la adopción de un plan de choque que permita reducir las listas de espera y garantice la atención presencial en los centros de salud. En su parte dispositiva insta a la Junta a que se incorporen en toda Andalucía 20.000 sanitarios, deducidos del siguiente modo: los 8.000 de refuerzo que finalizaron su relación laboral en octubre de 2021 y los 12.000 cuyos contratos vencen en marzo de 2022. La propuesta demanda más medios para cubrir bajas de personal, así como una mejora de las condiciones laborales y salariales de las plantillas.
Por su lado, la moción andalucista pide a la administración autonómica: el incremento paulatino en la sanidad pública hasta alcanzar el 10% del PIB en 2023; adecuar el número de camas por cada 1.000 habitantes conforme el promedio europeo; potenciar la red de atención primaria; acabar con el abuso de la contratación temporal y, en compensación, relanzar las interinidades; reconocer la carrera profesional del personal de enfermería; resolver los procesos selectivos pendientes en sectores como enfermería, fisioterapia o matrona; y crear la figura de profesionales de enfermería en los centros escolares.
Según se recoge en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, también prosperó por unanimidad una moción planteada por IU y que reclama a la Junta más agilidad en las resoluciones de reconocimiento de grados de discapacidad en la provincia. Al respecto. Se demanda una mayor dotación de personal en los Centros de Valoración y Orientación, además de actualizar los ratios de población demandante en relación a los puestos de trabajo existentes. En la propuesta se expresa que el retraso de las resoluciones ha llegado incluso a los 17 meses (tal como sucedió en mayo de 2021).
E igualmente se ha secundado, por mayoría, la propuesta del PSOE que insta a la Junta a precisar las normas de ejecución y justificación de los fondos Next Generation asignados a diferentes políticas y servicios sociales. Y es que el Gobierno de España ha transferido 450 millones a Andalucía, y de ese montante, 125 millones se debían ejecutar en el año 2021 mientras que para 2022 se reservan 154 millones. La ausencia de comunicación al respecto “ocasiona un evidente trastorno a las entidades locales destinatarias de esta financiación”.
Pero este pleno de enero todavía tiene más recaditos para el Gobierno andaluz de PP y Cs: a partir de otra moción socialista, se solicita una convocatoria extraordinaria del programa Andalucía Orienta (enfocado a la atención a parados), con la que se pueda compensar la reducción de personal técnico que ha lastrado este servicio público y que ha precipitado el cierre de más de una quincena de unidades en la provincia gaditana, y la pérdida de hasta 53 empleos en diferentes municipios gaditanos.
NO A LAS MACROGRANJAS, PESE A LAS DERECHAS
El bulo alrededor de lo que no dijo el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas y la carne española, también ha tenido su hueco en esta sesión plenaria provincial.
Así, el PP elevaba una moción (la misma que está presentando por medio país) de “defensa unánime de una industria pujante, de gran calidad, que cumple con todas las normas de seguridad y no se puede decir que la carne española es de mala calidad y de animales maltratados”. Propuesta rechazada que básicamente reprobaba las supuestas manifestaciones del ministro Garzón y se centraba en pedir su cese.
Mientras, la moción de IU, que sí salía adelante (con el no de PP y Cs), aboga por rechazar macroexplotaciones agroganaderas, que comportan un modelo de concentración “que no se permite en otros países europeos”, y defiende la ganadería extensiva, social, familiar y sostenible. Las macrogranjas, conforme a la propuesta aprobada, causan daños medioambientales y son además fuente de un empleo precario.
Por otro lado, el pleno también secundó una de las dos propuestas de Adelante Cádiz por la que se insta al Gobierno de España a declarar la salida del Tratado de la Carta de la Energía. Dicho documento se ha caracterizado en la práctica, se afirma, “por la ausencia de resultados y por terribles impactos económicos y regulatorios para España a tenor de las demandas que han beneficiado a grandes compañías energéticas”.
La otra propuesta de este grupo no ha prosperado: se instaba al Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos a que abra un nuevo proceso de elaboración de otra reforma laboral “para recuperar derechos y ganar en bienestar” que tome de punto de partida la derogación de la reforma laboral de 2010 y 2012, cumpliendo con el compromiso del mismo gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. Adelante lamenta que el acuerdo que se vende en los últimos tiempos con sindicatos mayoritarios y empresarios “se limita a la leve corrección de algunos aspectos de la normativa laboral de Rajoy, en ningún caso a su derogación”.
OTROS PUNTOS
Por unanimidad, sí ha visto luz verde una propuesta de Ciudadanos diseñada para solicitar al Gobierno de España y a la sociedad pública Adif la instalación de ferrolineras en la provincia. Dichas estaciones, ubicadas junto a la red ferroviaria, permiten la recarga de vehículos eléctricos (se entienden como puntos de recarga basado en el proceso de frenado de los trenes). A la iniciativa original se le suma una enmienda planteada por el PSOE por la que se implica a la Junta de Andalucía en esta pretensión.
La franquicia naranja también logró ver aprobada otra propuesta dirigida al Gobierno central: la inclusión de Cádiz como destinataria de uno de los planes de actuación bienal previstos en el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, de manera que se establezcan recursos para reducir los factores que dañan la salud y que en la provincia gaditana se revelan en unas cifras sobre cáncer de pulmón por encima de los promedios regional y estatal.
Precisamente, y ante la cercanía del Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero), la presidenta de Diputación, Irene García, leyó durante el pleno un manifiesto de la Asociación Española contra el Cáncer (AACC) asumido por todos los grupos de la Corporación Provincial.
El PP, por su lado, obtuvo mayoría de apoyos en su moción en demanda de ayudas directas para mejorar la competitividad del sector turístico de la provincia; el principal partido de la oposición reclama 25 millones al respecto al Gobierno estatal “para innovación y mejora del turismo”, y se queja de que “Pedro Sánchez, a dedo, está dando subvenciones a comunidades y ayuntamientos socialistas”.
Esta derecha también consiguió la aceptación mayoritaria del pleno en relación a la demanda de mejoras de la CA-9209 que discurre en paralelo a la A7 y que comunica los municipios de Algeciras y Los Barrios, incorporando un carril bici. Y AxSí obtuvo el respaldo unánime a su moción sobre la pasarela proyectada sobre el río Barbate. Reclama a la Junta la materialización efectiva de dicho proyecto que permitiría un enlace peatonal y ciclista entre el núcleo urbano barbateño y la isla San Paulino.
SOBRE LA EMPRESA DE LIMPIEZA
En las postrimerías del pleno se suscitó una pregunta sobre la situación de la plantilla de la empresa que tiene adjudicada la limpieza del Palacio Provincial y del Edificio Roma, ambas sedes de Diputación en la capital. La presidenta Irene García y el responsable del área de Servicios Económicos, Juan Carlos Ruiz Boix, explicaron la situación actual: ya se ha iniciado los trámites para resolver el contrato con la empresa Bilur y, en cuanto la administración concursal lo determine, procederá a contratar el servicio a otra sociedad a través de un procedimiento de emergencia.
La comunicación con la administración concursal es eficaz y, de hecho, la plantilla pudo percibir el 58% de sus nóminas de diciembre. García y Ruiz Boix han lamentado la situación del personal de limpieza y se comprometen a buscar una solución cuanto antes, desde el respeto al procedimiento legal establecido en los casos de empresas incursas en concurso de acreedores.
Y por otro lado, en esta sesión se ha aceptado que la Diputación gaditana se incorpore a la Asociación de la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez.
