La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha celebrado este miércoles concentraciones en distintas provincias para denunciar el “abandono” que asegura que sufre la población excluida y el “colapso” de los servicios sociales, y para exigir a las administraciones públicas “que se fortalezca del estado del bienestar ante el recrudecimiento de la pobreza”, con programas sociales “que además de a lo paliativo, vayan a las causas de la exclusión”. En Cádiz, se ha desarrollado un acto en la plaza Asdrúbal de la capital, frente al edificio de la Junta donde se ubica la delegación territorial de Políticas Sociales.
“No es admisible, por más tiempo, la situación de colapso y la falta de accesibilidad a los servicios básicos”, insiste esta organización, remarcando que la situación ha ido a peor con la pandemia cuando se ha limitado en muchos casos la atención presencial; “las personas que en muchas ocasiones se han visto en situaciones de emergencia, por la carencia de necesidades básicas, han sufrido grandes esperas, colas interminables y demoras para ser atendidas, derivándolas en muchas ocasiones hacia servicios externalizados y privatizados”.
Al respecto, para la Apdha se revela como “esencial” disponer de unos presupuestos suficientes para atender las necesidades sociales existentes, “que permitan contar con personal estable para unos servicios sociales públicos, universales y de calidad rompiendo con la tendencia privatizadora impuesta actualmente, recuperando con ello la atención presencial plena”.
Y es que se afirma que las personas que requieren gran parte de estos servicios “sufren una doble exclusión”: no tener los medios necesarios para poder vivir con dignidad y quedarse excluidas por la brecha digital y la desatención presencial.
Además, en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia que la mayoría de las ayudas sociales anunciadas “se quedan en simple propaganda, que no terminan de llegar a las personas, a pesar de las urgentes necesidades existentes entre los sectores de población más vulnerables y empobrecidos”.
En este sentido, constata que la Junta “no está ejecutando las medidas necesarias y de urgencia que se precisan”. Las familias solicitantes de la Renta Mínima de Inserción, “última ayuda social que se puede solicitar cuando no tienes nada, llevan en muchas ocasiones una demora de hasta 18 meses en ser resueltas”. En cuanto al Ingreso Mínimo Vital creado el pasado año por el Estado, y que generó muchas expectativas, “en la práctica solo está llegando a un número muy reducido de las personas excluidas”.
De este modo, “el derecho humano a la protección social, consagrado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es una quimera para la mayoría de las personas que lo necesitan y malviven en el más absoluto desamparo. Son personas privadas de derechos sociales y económicos. Personas a las que se les niega una protección social mínima para cubrir sus necesidades básicas”, se denuncia.
“EL ESTADO DE BIENESTAR NUNCA LLEGÓ A SER TAL”
Así, ese llamado “Estado de Bienestar” que para la Apdha “nunca llegó a ser tal por la falta de recursos y voluntad política”, entró en un período de “deterioro” a partir de la que califican como “crisis-estafa de 2008”. Y con unos servicios públicos “para nada dimensionados con las necesidades de la población andaluza”, se llegó a la actual pandemia del coronavirus.
Los indicadores que hacen referencia a la pobreza y la exclusión en la comunidad autónoma “no dejan de crecer”. Así se observa en el informe Urban Audit 2021, publicado recientemente por el INE, en Andalucía están 13 de los 15 municipios con menor renta neta media anual per cápita (en la provincia gaditana, Barbate, Sanlúcar de Barrameda y Arcos de la Frontera) y 12 de los 15 barrios más pobres de todo el Estado español
Recientemente, también el Consejo General del Poder Judicial publicó datos que dicen que en Andalucía en el primer trimestre de 2021 se han llevado a cabo una media de 18,72 lanzamientos habitacionales diarios (el 66% por impago de alquiler), pese a las medidas especiales adoptadas durante la pandemia, “una realidad a todas luces injusta e inaceptable”.
La Apdha sentencia que es “urgente” poner en marcha la Renta Básica Universal, “que acabaría con muchas de las situaciones de pobreza”, y considera que “es posible ponerla en funcionamiento de forma simple y eficaz, ayudando a descongestionar los servicios sociales y poniendo en valor su verdadera función”.
