Tras una marcha en reivindicación de los caminos públicos en la zona de la Sierra de Grazalema, allá por agosto de 2017, hace ya casi una década, el reputado activista Juan Clavero fue detenido al encontrar una dotación de la Guardia Civil una importante cantidad de cocaína en su furgoneta.
La opinión pública entonces no dio crédito a esta acusación y denunció que se trataba de una burda trampa para amedrentarlo y llevar a la desmovilización social.
De hecho, poco días después el Juzgado Mixto de Ubrique sobreseía la causa contra este profesor en El Puerto, y añadía en su auto que “probablemente ha sido objeto de actuaciones malintencionadas por parte de terceros”, la tesis defendida por Ecologistas en Acción.
Desde un primer momento las sospechas se dirigieron a algunos responsables de la sociedad Breña del Agua Investments SL, del empresario belga Marnix Galle, que es la mayor propietaria privada de fincas en este Parque Natural, que venía provocando numerosos incidentes por el cierre de todos los caminos públicos y vías pecuarias que discurren por sus fincas.
Tras la investigación realizada por la Guardia Civil, el juzgado de Ubrique imputó como presuntos autores de la trama a José Miguel Herrera, por entonces apoderado de dicha sociedad, a Juan Luis Pérez Ramírez y Óscar González, capataces de las fincas propiedad de la misma, y a Manuel Alcaide, la persona que presuntamente colocó la droga en el vehículo del ecologista.
Y ya en su momento se condenó a Manuel Alcaide y a José Miguel Herrera, como responsables de un delito de denuncia falsa, a las penas de un año de prisión y multa de 15 meses (a razón de 6 euros de cuota diaria), y a indemnizar a Clavero con 20.000 euros, en concepto de responsabilidad civil. Pero se absolvió a los otros dos procesados, Juan Luis Pérez y Óscar González, y a Breña del Agua Investments.
“CLAVERO PUDO ACABAR EN PRISIÓN COMO TRAFICANTE DE DROGAS”
Ecologistas en Acción consideró “muy sorprendente” la absolución como responsable civil subsidiaria de la sociedad, pues quedó demostrado que su administrador fue quien organizó la trampa. Además, en el juicio se impidió que se abordaran los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal, que plantearon tanto la acusación particular como la popular.
Ambas solicitaban penas más elevadas e indemnizaciones más cuantiosas, dada la gravedad del daño que se pretendió causar al activista, “que podría haber terminado en prisión como traficante de drogas”.
Así, tanto el afectado como la asociación verde en la que participa pasaron a recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de octubre de 2024 ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), apoyados por la Fiscalía. Y ahora han conocido que se les ha dado la razón, anulando la sentencia y obligando a repetir el juicio.
SE PIDE PENAS DE CÁRCEL Y MAYOR INDEMNIZACIÓN
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Clavero y Ecologistas en Acción muestran su satisfacción por esta sentencia que permitirá enjuiciar a los acusados de urdir esta trama, “no solo por el delito de denuncia ilegal sino también por los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal”; y confían que ahora se haga justicia “y no quede impune ninguno de los implicados”.
Los acusados se podrían enfrentar a una pena de siete años de cárcel y multa de 21.600 euros, además de a una cuantiosa indemnización. Asimismo, se volverá a plantear que se condene a Breña del Agua Investments como responsable civil subsidiaria.
