El proceso de regularización administrativa extraordinaria puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde mediados de abril, se ha cerrado el 30 de junio “con toda la normalidad del mundo” en la provincia de Cádiz, donde se han registrado 11.641 solicitudes. En Andalucía se han superado las 161.500 peticiones y en el global del Estado español cerca de 1,2 millones, “de las cuáles, 609.737 ya han sido tramitadas”.
La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, insiste en que el sistema de citas y la atención presencial en las oficinas habilitadas en la provincia “se ha desarrollado con toda normalidad, y todas las entidades que han formado parte del registro de entidades colaboradoras en Extranjería en este asunto han atendido a los interesados sin ningún tipo de incidencia”.
“El procedimiento de recogida de solicitudes se ha desarrollado con normalidad, fundamentalmente dando oportunidades a las personas que ya están aquí. Personas que están trabajando en el sector primario; que están acompañando a nuestros mayores que necesitan atención permanente; que nos están trayendo la paquetería a los domicilios; tantos y tantos puestos de trabajo en sectores, además, demandantes como ha sido siempre la hostelería, la construcción… Sin duda, va a ser beneficioso para la economía española, andaluza y gaditana”, reflexiona esta política del PSOE en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Según los datos difundidos por el Ministerio, en Andalucía se asignaron al abrirse el proceso 37.095 citas previas. En Huelva y Cádiz destacan los porcentajes de solicitudes presentadas por las entidades colaboradoras en Extranjería, un 13,5% y un 12% respectivamente.
SOBRESALEN COLOMBIANOS Y MARROQUÍES
Estadísticamente, la mayoría de las solicitudes en Andalucía corresponden a personas jóvenes en edad laboral. El grupo más numeroso es el comprendido entre 25 y 34 años (el 32,9% del total), seguido del tramo de 35 a 44 años (21,9%); mientras que el 58,2% de los solicitantes son hombres y el 41,8% mujeres. Por nacionalidades destacan Colombia (23,8%), Marruecos (20,3%), Venezuela (8,6%) y Senegal (7,7%).
En toda España, dos de cada tres solicitantes proceden de América Central y Sur, mientras que el 22,9% es de origen africano y un 8,3% de Asia. Catalunya es la comunidad autónoma con mayor volumen de solicitudes (257.602), seguida de la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunitat Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557).
El 84% de las personas que están en proceso de regularización (y que han contestado a una encuesta voluntaria) tiene competencia lingüística plena del español, y en el caso de las comunidades autónomas con lengua cooficial, conocen la lengua 40%. En cuanto al nivel formativo, el 67% tiene educación postobligatoria: 43% bachillerato o formación profesional y el 24% educación universitaria.
DEBÍAN ACREDITAR ESTAR YA EN ESPAÑA
Para acceder a este proceso de regularización, tan cuestionado por la derecha y ultraderecha, se pedían dos requisitos básicos: encontrarse ya en el país antes del 1 de enero de 2026 y acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud, y carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.
Además, los beneficiarios podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año y es un permiso para residir y trabajar únicamente en España, no en otro Estado miembro de la Unión Europea. No equivale a tener nacionalidad española, que es lo que da derecho a votar en las elecciones generales (sí en las municipales en un futuro y cumpliendo una serie de requisitos).
Una vez obtenida una resolución favorable, es necesario tramitar la gestión de la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) en el plazo de un mes a partir de la fecha de resolución.
