La Diputación de Cádiz ha celebrado su pleno mensual, correspondiente a junio, y entre otros puntos ha aprobado instar al Gobierno de España a llevar a cabo una auditoría del estado de los trenes y las infraestructuras ferroviarias en la provincia; y a explicar los cambios y retrasos de la obra del nudo de Tres Caminos. Planteamientos de la derecha para volver a exigir al presidente Pedro Sánchez y su ministro de Transportes, Óscar Puente, que “no nos conviertan en esclavos de su incompetencia”.
La primera de estas mociones, promovida por el PP al entender que “estamos acostumbrados a ver cómo los trenes que parten o se dirigen a la provincia se estropean”, exige una auditoría para conocer al detalle el estado de los vehículos, las vías y electrificaciones; y a la vez un plan de contingencia provincial “que asegure protocolos de asistencia digna y alternativas ágiles de transbordo en caso de averías”.
E igualmente, esta moción también pide la ampliación de las frecuencias de los servicios de media y larga distancia para garantizar las plazas que cubran la alta demanda “para el desarrollo turístico de Cádiz y, por ende, económico”.
Y en el mismo sentido y con el mismo destinatario, el PP también ha sacado adelante una propuesta que reclama al Gobierno central de PSOE y Sumar explicaciones “públicas, inmediatas y transparentes” sobre el contenido, el coste económico añadido y el impacto técnico de la modificación del proyecto del nudo de Tres Caminos, obra que se ejecuta desde hace meses en el término de Puerto Real, aunque su incidencia la sufren sobre todo en San Fernando y Chiclana.
“Queremos que el Gobierno informe a los gaditanos del sobrecoste que va a tener esta modificación y cuál será la nueva fecha de finalización de esta infraestructura esencial para nuestra provincia”, defienden los populares
DEPENDENCIA, DISCAPACIDAD Y ORGULLO
También han prosperado las tres mociones presentadas al pleno ordinario por el PSOE, principal partido de la oposición. Por un lado, ha logrado el respaldo del pleno para exigir al Gobierno andaluz del PP el fin de la parálisis en la dependencia y la dignificación laboral del sector de la discapacidad.
Sobre la situación de la dependencia en Andalucía, ha instado a la Junta a abrir un diálogo con representantes de las trabajadoras para elaborar un plan de choque que mejore diversas carencias del sistema como el refuerzo de plantillas, la reducción de las listas de espera, la agilización de procedimientos, la mejora de los sistemas informáticos y la publicación completa de los datos estadísticos. A colación, se han expuesto cifras demoledoras que “retratan la inacción del PP”: casi 42.000 andaluces en lista de espera y un tiempo medio de tramitación de 559 días, cuando la ley fija un máximo de 180.
En esta misma línea de defensa de los servicios sociales, los socialistas han conseguido respaldado al manifiesto por la creación de la Mesa de la Discapacidad en Andalucía en este 2026. La iniciativa aprobada pide a la administración autonómica incrementar de forma inmediata la asignación económica por plaza para garantizar la viabilidad de los centros, así como el impulso del primer Convenio Colectivo Sectorial de Andalucía.
Por último, este partido ha impulsado una moción con motivo del Orgullo LGTBIQA+. Gracias a esta propuesta, la Diputación se compromete a colocar la bandera arcoíris en sus instalaciones, a promover campañas de sensibilización en municipios de toda la provincia, y a establecer protocolos contra agresiones LGTBIfóbicas en fiestas populares e instalaciones públicas.
“NO CABEN RETROCESOS EN MATERIA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD”
Finalmente, Izquierda Unida ha presentado dos mociones dirigidas a medidas que debería adoptar la Junta, según la información trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz.
De este modo se le insta a poner en marcha un plan extraordinario de inversiones para los colegios rurales de Conil, que permita evaluar técnicamente su estado estructural, ejecutar obras de rehabilitación y mejora, garantizar la seguridad y en definitiva afianzar unas instalaciones dignas y adecuadas, para solventar la situación que presentan al menos tres de los centros de esta zona.
Y en otro sentido, se demanda al PP en la Junta (todavía sin la ultraderecha de Vox) garantizar la continuidad de la consejería de Igualdad, así como del Instituto Andaluz de la Mujer, y mantener y reforzar las políticas de protección de los derechos de las personas LGTBIQA+.
“La igualdad entre mujeres y hombres, la lucha contra la violencia machista, la protección de las personas LGTBIQ+, constituyen pilares esenciales de una sociedad plural, libre e inclusiva, como siempre ha sido nuestra tierra”, recalcan desde la formación izquierdista.
SE PRIVATIZA EL MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS PROVINCIALES
En este pleno provincial también se han tramitado subvenciones nominativas a diferentes entidades por valor de casi 5 millones de euros. Destacan las políticas sociales (con ayudas para Afanas, Upace o Fegadi), pero igualmente hay dinero de todos que se deriva a iniciativas y colectivos relacionados con la cultura y la conservación del patrimonio, el deporte, el sector primario, e incluso el apartado festivo.
Y en otro de los puntos, se ha aprobado (con el único rechazo del PSOE) el pliego, así como el gasto, para la licitación del contrato de prestación del servicio de conservación complementaria de las carreteras de la red provincial: prevé un presupuesto base, para 2027 y 2028, de casi 10,5 millones de euros (más de 26 millones si se suman las tres prórrogas anuales posibles).
La licitación pública que se convocará se desglosará en cuatro lotes, conforme a las demarcaciones que administra el Área de Cooperación de la Diputación, con sedes en Jerez, Algodonales, Algeciras y Vejer. El contrato abrirá dos tipos de intervención: las de mantenimiento y aquellas dedicadas al restablecimiento de la vialidad. Y ayudará a reforzar la capacidad operativa de las Brigadas de Carreteras de la propia Diputación.
