La Diputación gaditana ha celebrado su primer pleno del año, el ordinario de enero, y entre sus puntos a debate se ha hablado de la mejora de la financiación de las entidades locales, el apoyo a los grandes dependientes o el derecho a la vivienda. Pero también del comodín de Venezuela.
“O se está con la verdad, o se está con la mentira y con los dictadores”, ha llegado a espetar el portavoz del PP, Juan José Ortiz, al defender su moción, recogiendo todos los tópicos que se repiten en medio mundo desde la derecha y la progresía mediática y política.
Una propuesta que, tras una segunda votación, al no quedar clara la primera, no prosperaba, de ahí la sorpresa de la presidenta Almudena Martínez: “¡uy, qué follón!, no sale entonces”. El PP se quedó solo votando a favor de su versión de lo que pasa a casi 7.000 kilómetros de distancia de Cádiz, mientras su socio de La Línea 100×100 se abstuvo (ni participó en el debate), y PSOE e IU la rechazaron (el diputado izquierdista primero se abstuvo y después dijo no).
Dicha moción, entre otros puntos, pedía instar al Gobierno a reconocer a Edmundo González como “presidente legítimo de Venezuela”, a promover “el respeto a la democracia y a los derechos humanos” en Venezuela, a condenar “la represión ejercida por el régimen de Maduro contra la ciudadanía venezolana” y a rechazar “cualquier intento de manipulación de los resultados electorales”. “No deja de ser una declaración institucional de los demócratas ante este robo electoral a mano armada”, añadió Ortiz, representante de un partido fundado en su momento por algún ministro de Franco.
En su réplica a las intervenciones de PSOE e IU, el también concejal popular en el Ayuntamiento de la capital argumentó que “no presentamos esta propuesta ni por el petróleo ni por Trump, la presentamos porque somos demócratas, no entendemos de dictaduras. La verdadera defensa de la democracia se defiende ante los vivos no ante los que están muertos. Parece que el PSOE tiene cierta querencia por los dictadores muertos”.
“En Venezuela hay una dictadura y su presidente es Edmundo González. En la provincia también hay venezolanos que son vecinos. España desde que gobierna Pedro Sánchez ha perdido valores democráticos con sus asaltos a las instituciones”, fue soltando el portavoz conservador, replicando lo que se escucha en cualquier tertulia con voceros de derechas.
Frente a ello, la portavoz provincial del PSOE, Ana Carrera, no perdió mucho tiempo en anunciar su no a la propuesta: “nosotros estamos aquí para defender a los gaditanos, hablar de los problemas reales de los gaditanos, cuando no quieren hablar de eso, toca hablar de Venezuela. No le vamos a hacer el juego”. De la misma manera, aunque tratando de contextualizar la importancia geopolítica, geoestratégica y energética (tiene mucho petróleo) de dicho país “soberano”, el diputado de IU, Ramón Galán, casi se resignó a señalar que “Venezuela es un clásico, se vuelve a traer como instrumento de política interna”.
EL RESTO DE MOCIONES POLÍTICAS
Superado este tema ajeno a Cádiz, en el pleno de enero la otra moción del PP sí ha visto luz verde (con la abstención de IU y el rechazo del PSOE). En concreto, se ha acordado instar al Gobierno de España, como no, a derogar el Real Decreto por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, “habida cuenta del impacto extremadamente negativo que su implementación ocasiona a la realidad operativa y funcional de las empresas turísticas, así como en materia de afectación a los derechos fundamentales de viajeros y consumidores nacionales e internacionales relacionados con la vulneración de normativas de protección de datos y privacidad”.
El PSOE, a su vez, ha presentado a la sesión plenaria hasta tres propuestas, y las tres se han aprobado. Con la abstención de PP y el partido linense, en una de ellas se pide que la Diputación inste a todos los ayuntamientos gaditanos a cumplir con la normativa vigente en materia de inclusión en todos los eventos que se realicen bajo su término municipal, así como que la propia institución provincial tenga en cuenta el derecho a participar de todas las personas de forma inclusiva a la hora de adjudicar un patrocinio.
La iniciativa se fundamenta en las quejas recibidas por colectivos de personas con discapacidad, en relación a la organización del evento ‘Family Weekend’ el pasado octubre en El Puerto de Santa María, donde gobierna la derecha, y su alcalde, Germán Beardo, es además uno de los vicepresidentes de la Diputación. Los socialistas denuncian que precisamente la institución provincial inyectó 180.000 euros de dinero público en esta iniciativa privada en la que “no se tuvieron en cuenta las sugerencias en materia de inclusión y que además son de obligado cumplimiento por la ley”.
En otra moción, los socialistas han defendido que se solicite al Gobierno central actualizar y adecuar la normativa reguladora de las pensiones no contributivas, a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta la situación de grandes dependientes que puedan incurrir en supuestos de desprotección social y analizando de forma especial el impacto en estas pensiones de la percepción de ingresos procedentes de instrumentos de ahorro. El alcalde de Torre Alháquime, Pedro Barroso, cuyo hermano, gran dependiente, ha puesto rostro en las últimas fechas a esta problemática concreta, ha estado presente en el Salón Regio durante el debate. Todos los grupos han votado a favor de la propuesta.
Y la tercera moción del principal partido de la oposición ha puesto sobre la mesa que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones. Por ello, han defendido que los presupuestos de la Diputación son una oportunidad clave para abordar la cuestión, ya que permiten destinar recursos a políticas que faciliten el acceso a “una vivienda digna y asequible”. Hoy día, este documento “solo destina el 0,29% a políticas de vivienda”.
Concretamente, se ha propuesto que se incluya en las cuentas para 2025 (todavía pendientes de aprobarse de forma definitiva) el aumento de la inversión en vivienda pública, la construcción y rehabilitación de viviendas sociales para ampliar la oferta de alquiler asequible, la adquisición de viviendas vacías para destinarlas a alquiler social, el apoyo a jóvenes y familias vulnerables, la ampliación de programas como el Bono Alquiler Joven, y el impulso a la colaboración público-privada con empresas y ayuntamientos. Todos los partidos han secundado la moción.
Mientras, Izquierda Unida ha planteado dos propuestas, según se recoge en la información trasladada a DIARIO Bahía de Cádiz, partiendo de la base de que “cada vez son más los servicios y competencias que tienen que asumir los ayuntamientos, pero cada vez son menores los recursos y la financiación con la que contamos para atender a nuestros vecinos”. La primera estaba referida a la reforma urgente de la financiación local, a fin de que las entidades locales tengan una mayor autonomía. Salió adelante con los votos favorables de IU, PSOE y La Línea 100×100 y el voto contrario del PP.
Con la segunda moción, también en materia económica, se ha defendido por enésima vez instar al Gobierno andaluz a cumplir con la ley de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma (la Patrica), dotándola con 600 millones de euros de manera anual. Además, reclama al Ejecutivo de Moreno Bonilla que establezca los mecanismos necesarios para saldar la deuda de 160 millones euros que ya mantiene con todos los municipios de la provincia “por el incumplimiento sistemático de la Patrica”. En este caso se aprobó con los votos de IU, PSOE, La Línea 100×100 y la abstención del PP.
