En el marco de la operación Naturke, la Policía Nacional ha procedido a la detención de un hombre acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración irregular. Esta persona era propietario de cuatro establecimientos kebab de comida rápida en la provincia de Cádiz, ubicados en El Puerto de Santa María, Prado del Rey, Bornos y Puerto Serrano. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
A cargo de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de El Puerto-Puerto Real, la operación se inició el pasado mes de enero tras diversas inspecciones realizadas en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en dichos restaurantes.
En esas visitas, los agentes localizaron a cinco ciudadanos de origen pakistaní en situación irregular, trabajando en los establecimientos; y fueron detenidas por infracción a la Ley de Extranjería, tramitándose los correspondientes expedientes sancionadores de expulsión.
La Policía explica en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que fruto de la investigación se logró además acreditar que estos trabajadores ‘sin papeles’ se encontraban sometidos a condiciones de explotación laboral, siendo obligados a realizar jornadas abusivas sin días de descanso, bajo un constante control mediante cámaras de vigilancia instaladas en los locales. Asimismo, sufrían un trato degradante, con insultos y amenazas continuadas, percibiendo salarios muy inferiores a los legalmente establecidos.
Todo ello se producía aprovechando su situación de vulnerabilidad al encontrarse en situación administrativa irregular en España.
HASTA 8.000 EUROS PARA LOGRAR LOS ‘PAPELES’
Paralelamente, se investigó al empresario dueño de los cuatro locales de comida turca por un presunto delito de favorecimiento de la inmigración irregular. Según se pudo comprobar, tenía empadronados, tanto en activo como en histórico, a un total de 34 ciudadanos extranjeros en dos domicilios de su propiedad y otros dos alquilados, sin que residieran realmente en ellos.
Esta práctica tenía como finalidad facilitar el arraigo necesario para su regularización administrativa en el país, presuntamente a cambio de dinero o mediante su explotación laboral en sus negocios.
Asimismo, se detectó que algunos de los ciudadanos extranjeros empadronados, pese a encontrarse ya en situación regular, figuraban dados de alta en la Seguridad Social en restaurantes del investigado sin desempeñar actividad laboral efectiva. Y otros ciudadanos en situación irregular trabajaban en los locales sin estar dados de alta.
Las cantidades económicas exigidas por el investigado a cambio de facilitar el arraigo en España y un contrato de trabajo, con el objetivo de obtener la regularización administrativa, oscilarían entre los 6.000 y los 8.000 euros.
