Representantes de varias asociaciones animalistas han analizado la situación generada en la Bahía de Cádiz tras el cierre de la cuestionada perrera Gesser en Jerez y posterior adjudicación del servicio de recogida de animales abandonados a la Residencia Canina La Luna, también en el término municipal jerezano, “convertida a estos efectos en nueva perrera”. Estos colectivos han observado “innumerables deficiencias” también en este centro y exigen a los ocho ayuntamientos que recurren a estas instalaciones la adopción de “medidas conducentes”.
Representantes de varias asociaciones animalistas mantenían a finales de septiembre una reunión en Puerto Real para analizar la situación generada en la Bahía de Cádiz tras el cierre de la cuestionada perrera Gesser en Jerez y posterior adjudicación del servicio de recogida de animales cedidos y abandonados a la Residencia Canina La Luna, también en el término municipal jerezano (en la pedanía de La Ina), “convertida a estos efectos en nueva perrera”. A las conclusiones alcanzadas en ese encuentro se han adherido 13 asociaciones, así como un elevado número de ciudadanos.
Estos colectivos han repasado las “innumerables deficiencias” observadas en la gestión de la actual perrera, incumpliéndose así lo establecido en la Ley andaluza 11/2003 de Protección de Animales. Entre estas, las más relevantes son: la ausencia de veterinarios, “resultando en innumerables muertes de animales después de agonizar largas horas en condiciones infrahumanas”; instalaciones “absolutamente inadecuadas y sin espacios reservados para cuarentenas”; inexistencia de programas de prevención de posibles contagios; obstaculización a los miembros de protectoras del acceso al recinto de la perrera; la “inexistencia” de una página web; o la “absoluta falta de transparencia” en cuanto a su gestión y actividades.
Ante esta “deplorable situación”, las asociaciones reunidas decidieron remitir a los ocho ayuntamientos gaditanos involucrados un escrito en el que se les reclama la adopción de “medidas conducentes” a poner fin a la misma, en aplicación de lo establecido por la Ley.
Asimismo, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, en la citada reunión se analizaron las medidas recientemente impuestas desde instancias externas respecto a la exigencia de esterilizar a todos los animales, como requisito previo a su retirada de la perrera, reclamándose una aclaración escrita de las mismas: “dicha exigencia no se atiene a la literalidad de la ley andaluza, dotada de cierto margen interpretativo tal como se demuestra en otras provincias andaluzas”.
LA GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS
Finalmente, también se trató un asunto de gran relevancia en la gestión de colonias felinas, relacionado con las competencias “autoatribuidas” por el Colegio de Veterinarios y asumidas por los ayuntamientos de la provincia, “a diferencia de lo que ocurre en otras zonas de Andalucía”. Desde dicha entidad se emiten directrices relacionadas con procedimientos y precios a aplicar en las esterilizaciones de los animales. “Precios sensiblemente más altos de los que pueda acordar libremente cualquier asociación y que, a su vez, cuando se imponen en el marco de convenios firmados con ayuntamientos, implican que un dinero público financie intereses privados”, se critica.
“Es sabido también que el Colegio de Veterinarios exige la inclusión de unos tests innecesarios, de escasa fiabilidad y costosos, ya descartados por la gran mayoría de gestores de colonias”, se añade.
Por dichas razones, y con el fin de optimizar los escasos recursos disponibles, las asociaciones firmantes exigen de los consistorios gaditanos la supresión del “papel intermediario” adjudicado al Colegio de Veterinarios en la gestión de colonias felinas.
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