Tras un extenso debate en la Asamblea General del Consorcio Bahía de Cádiz, reunida este miércoles de manera extraordinaria para abordar la tasa consorcial de basura, el único punto del orden del día que contemplaba la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de transferencia, transporte y tratamiento de los residuos municipales (cuya concesión se tiene adjudicada a la empresa Bioreciclaje) no ha llegado a ser votado y ha quedado aplazado a un mayor estudio en los próximos años.
En la víspera, IU había alertado de que la propuesta que estaba sobre la mesa, de salir adelante, iba a suponer para gran parte de la Bahía, la zona de la campiña gaditana y la Sierra de Cádiz un coste anual de 50 euros para todos los usuarios domésticos en sus recibos de basura y de entre 105 y 1.225 euros para las empresas. Este impuesto ya se barajó hace cinco años.
El coordinador provincial de IU, Fernando Macías, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, ha hecho una “valoración muy positiva porque no va a salir adelante esa tasa” y ha apuntado que su formación “ha hecho un trabajo excelente, los alcaldes y alcaldesas de IU han hecho un trabajo excelente y hemos sido capaces de convencer a otros grupos políticos, lo que me parece de una importancia vital”.
Así, “ahora mismo, el debate debe de trasladarse no a esa tasa consorcial, que vamos a dejar totalmente fuera del debate, sino que tenemos que ver qué vamos a hacer con el Consorcio”. Quien es también alcalde de Medina Sidonio ha aclarado que “nos estamos dando un plazo aproximado de dos años, en el que vamos a contar con toda la información técnica y con la colaboración de cada uno de los ayuntamientos que son parte del Consorcio”. Se trata en definitiva, de ofrecer un espacio de unos dos años para definir la relación tributaria entre los ayuntamientos y el Consorcio Bahía de Cádiz.
Macías ha señalado al término de la reunión, que “hoy es un día para felicitarse, no sólo a las personas que han estado luchando para decir no a esta tasa, sino por felicitar la capacidad de raciocinio que han tenido otros agentes políticos y a la ciudadanía gaditana, que va a evitar tener que pagar los 50 euros por familia y el arco de entre 100 y 1.000 euros por negocio independientemente del lugar geográfico donde se encontrara”.
La coalición de izquierdas entiende que este servicio debe seguir siendo abonado por los ayuntamientos al Consorcio, porque entre otras cuestiones, desde las administraciones locales se tienen en cuenta factores como la situación económica del usuario, cuestión que en muchas se resuelve con bonificaciones en situaciones de vulnerabilidad, algo que no contemplaba la tasa consorcial planteada. Tampoco incluía factores de tipo medioambiental, por los que se prime o penalice a los ayuntamientos que ensucien menos. Y la cuestión fundamental, IU entiende que “no es el momento para aplicar una tasa que podía suponer la puntilla a muchas familias y pequeños comercios, en una provincia con altos índices de paro y precariedad”.
