La ludomanía (o ludopatía) es una adicción patológica al juego y una enfermedad caracterizada por una incapacidad crónica y progresiva para resistir el impulso de jugar en establecimientos de juego online en los que los casinos regalan dinero por registrarte a los nuevos usuarios. En la actualidad, se calcula que el 2,5% de la población española tiene un problema de juego y el 1% padece un trastorno de juego, es decir, medio millón de personas.
En los últimos años, gobiernos autonómicos, provinciales y locales ya trabajan en diferentes ámbitos, plasmados en programas específicos dirigidos a los jóvenes.
Medidas para combatir la ludopatía
Así, la creciente preocupación por la ludopatía, especialmente entre los jóvenes, ha sido una de las principales motivaciones de los recientes esfuerzos de los legisladores españoles por endurecer las leyes relacionadas con el juego. Se cree que la facilidad de acceso al juego en línea es un factor que contribuye al aumento del número de ludópatas en España.
Además de la financiación para que corporaciones locales lleven a cabo programas de educación, información y prevención en este ámbito, los programas antidroga del Plan de Acción sobre Adicciones incluye sesiones especiales sobre el mal uso de la tecnología y los juegos en línea. Todo ello acompañado de charlas, talleres y material informativo.
¿Cómo funciona la estrategia de prevención?
Las medidas contra el juego que se han tomado hasta ahora se han centrado en las restricciones publicitarias y el marketing agresivo. En los anuncios que fomentan el juego suelen aparecer los rostros más representativos del panorama deportivo que más impacto tienen entre los más jóvenes, lo que fomenta la aparición de más casas de apuestas.
La actual Orden de Planificación se dirigirá principalmente a dos segmentos diferentes de la población. Por un lado, los menores de 25 años, con los que se pretende fomentar alternativas de ocio saludable. Y, por otro, a los mayores de 25 años, con programas de ayuda a las familias de quienes padecen esta patología.
A diferencia de la mayoría de las políticas, la nueva declaración pretende adoptar un enfoque personalizado del juego. Las personas identificadas como de riesgo reciben un mensaje de advertencia, así como un informe mensual sobre su actividad de juego. Si no responden en un plazo de 72 horas, se bloqueará su cuenta.
Real Decreto sobre Entornos de Juego Responsable
Con la adopción de los cambios en las 17 comunidades autónomas españolas, se pretende “reforzar la protección de los menores y de los consumidores vulnerables, especialmente de los que tienen entre 18 y 25 años”.
Las nuevas medidas, aprobadas por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, obligan a todos los operadores españoles con licencia a adoptar nuevas normas de atención para controlar y registrar los “perfiles de riesgo” de los clientes menores de 25 años.
Los operadores españoles tendrán que vigilar a cualquier cliente cuyas pérdidas superen los 600 euros, o los 200 euros si es menor de 25 años, durante tres semanas consecutivas y deberá ser tratado como “jugador de riesgo”.
Los operadores también tendrán prohibido enviar material promocional a los jugadores clasificados como “vulnerables/de riesgo” y ya no podrán incluir a estas personas en programas VIP. Los equipos de marketing tampoco podrán enviar promociones a jóvenes de entre 18 y 25 años si no han interactuado previamente con una empresa de juego.
Perspectivas de una mayor lucha contra las adicciones
El Gobierno español destina además más fondos a la lucha contra la adicción, aumentándolos de 1,1 a 2,2 millones de euros. El Ministerio de Consumo ha desarrollado diversas medidas para combatir los casos de adicción al juego, entre ellas campañas de sensibilización sobre los riesgos asociados al juego y la ludopatía. Además, se ha reforzado la regulación de la publicidad del juego y las apuestas, y el aumento presupuestario permitirá aplicar nuevas medidas para crear un entorno seguro y prevenir el consumo problemático.
En caso de incumplimiento de las medidas, el Ministerio procederá a imponer multas que podrían ascender hasta 50 millones de euros y llegar a la revocación de la licencia de juego en los casos más graves. La nueva normativa supone un cambio significativo en la industria del juego en España, haciendo recaer en los operadores la responsabilidad de promover un consumo saludable y reducir el riesgo de juego problemático.
