La comunidad escolar (profesorado, padres, sindicatos, ayuntamientos…) ha comenzado la semana presionando a la consejería de Educación de la Junta de Andalucía para que deje de mirar hacia otro lado y decrete el cierre de los centros educativos en la provincia de Cádiz mientras la tercera ola de la pandemia del coronavirus continúe descontrolada, como ocurre desde que ha comenzado a notarse el efecto de la relajación de medidas durante las navidades.
Según la última actualización de datos, actualmente la tasa de incidencia por cada cien mil habitantes en los últimos 14 días ronda ya los 1.000 positivos (984,6, en concreto), aunque esta tasa es muy superior en la zona del Campo de Gibraltar, donde muchos padres llevan días sin llevar a sus niños al cole por decisión propia y se están encontrado como respuesta la “amenaza” de apertura de expedientes de absentismo.
“Les instamos a cerrar temporalmente los centros educativos porque la situación epidemiológica es grave y ya no queda otra opción. A comienzos de curso se pidió al profesorado una programación por triplicado porque se contemplaba esta situación. ¿A qué están esperando? Si no lo hacen, serán los responsables de las graves consecuencias que puedan derivarse de su inacción y su negativa a escuchar a la comunidad educativa”, subrayan desde Ustea Cádiz, que demanda a la delegación territorial de Educación que inicialmente este cierre de aulas se extienda al menos durante al menos tres semanas, medida que se prorrogaría dependiendo de la evolución de los contagios. Durante este tiempo la enseñanza no pararía, “se realizaría de forma telemática”, como durante el confinamiento de la pasada primavera.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, este sindicato reitera que “hemos defendido siempre que la docencia presencial es insustituible, sobre todo porque la docencia telemática se deja a una parte del alumnado por el camino”. Pero al tiempo, añade, “hemos defendido siempre que esa presencialidad debe darse con las máximas garantías sanitarias para alumnado, personal docente y no docente. Y esas garantías no se dan, fundamentalmente, porque durante esta pandemia la consejería ha aprobado medidas que son sobre todo ‘cosméticas’, mientras desoía sistemáticamente a una comunidad educativa que planteaba demandas tan fundamentales como la bajada de la ratio, acompañada de un importante incremento de la inversión y las plantillas”.
Pero a la ausencia de “medidas realistas” por parte del consejero Javier Imbroda, incluso para la vuelta a las aulas tras las vacaciones navideñas y la incidencia de una alargada e inusual ola de frío (mientras se recomienda tener las ventanas abiertas para prevenir los contagios), “hay que sumar la grave situación epidemiológica en la que se encuentra la provincia”, insiste Ustea. En este sentido, desde la Junta de Personal Docente no universitario de Cádiz, ya se pidió que se retrasara la vuelta presencial a las aulas hasta finales de enero: “la respuesta, como es sabido, fue negativa”.
“Sin embargo, frente al discurso público del Gobierno andaluz sobre los centros educativos como espacios muy seguros, tanto nuestra afiliación como el profesorado en general, así como numerosas familias, nos están haciendo llegar datos que apuntan a que la incidencia de la pandemia en las aulas está siendo muy preocupante”, asevera este sindicato de enseñanza.
Con este contexto, Ustea Cádiz no duda de que “la única opción posible es el cierre temporal de los centros educativos”. “Que esa medida nunca aparezca entre las que se proponen cada vez que se agrava la situación podría resultar sorprendente, si no fuera porque obedece a una lógica instalada en la sociedad: los colegios e institutos como los lugares donde dejar a hijas e hijos mientras se atiende a las ocupaciones sobre todo laborales. El cierre conllevaría la paralización de la producción y por lo tanto de la economía, lo que lo convierte en una medida difícilmente asumible en un sistema que antepone la economía a la salud”, se evidencia.
No obstante, se apostilla, “hay que contrarrestar públicamente esa lógica defendiendo que los centros educativos son espacios para el aprendizaje y la formación, no para facilitar la conciliación. El cierre o no de los mismos ha de decidirse exclusivamente en base a criterios pedagógicos y sanitarios”.
EL PROFESORADO GADITANO DENUNCIARÁ A LA JUNTA
En paralelo, la Junta de Personal Docente no universitario de Cádiz ha anunciado que dado que desde las instituciones que deben velar por los derechos de toda la comunidad educativa (alumnado, profesorado, PAS y familias) “continúan abandonándonos a nuestra suerte, aun reconociendo que, efectivamente, se incumplen las normas poniéndose en riesgo la salud de las personas afectadas; pero que debe prevalecer por una parte el derecho a la educación y, por otra, que la situación de pandemia exime del control de la normativa de prevención de riesgos laborales al aplicarse las órdenes dictadas desde la consejería de Salud”, se van a dar diferentes pasos.
Por un lado, se denunciará a las consejerías de Salud y Educación “por no tomar medidas y obligarnos a permanecer en las aulas en aquellas situaciones en las que la incidencia del Covid-19 está descontrolada con riesgo para nuestra salud”. Y se trasladará la denuncia al Defensor del Pueblo Andaluz, “donde ya dirigimos nuestra petición de apoyo tras ser rechazada por la administración sanitaria y educativa el retraso de la incorporación presencial tras las vacaciones navideñas”.
Asimismo, se hará un seguimiento de los centros educativos de la provincia afectados por la pandemia, “para contrastar la información que desde las delegaciones territoriales de Salud y Educación se nos ofrece creando la falsa imagen de que son esos entornos mágicos y seguros”; se exigirá el cumplimiento de la Ley de Bioclimatización y una información veraz y científica sobre la necesidad de ventilación en las aulas, así como material de protección adecuado en el caso de mantener la presencialidad, como mascarillas FFP2, para alumnado, profesorado y PAS; y se solicitará al delegado territorial de Educación, Miguel Andreu, una reunión urgente del Consejo Escolar Provincial “para tomar decisiones”.
Desde esta Junta de Personal Docente (integrada por Ustea, CCOO, ANPE, CSIF, CGT, UGT y APIA) se sentencia que continuarán “defendiendo la educación pública presencial como la única capaz de garantizar la igualdad de oportunidades y la justicia social, pero nuestro alumnado y las personas que trabajamos para conseguirlo, merecemos unas condiciones dignas mínimas para aprender y trabajar, y un entorno seguro para proteger nuestra salud. Y en estos últimos días, por la conjunción de factores que ya se preveían, no se están dando en muchos centros”.
CONVOCADOS LOS CONSEJOS ESCOLARES EN LA BAHÍA
En el caso concreto de la Bahía de Cádiz, diferentes ayuntamientos están convocando de manera urgente el Consejo Municipal Escolar para abordar la situación y aprobar si solicitan a la Junta el cierre temporal de colegios e institutos.
En la capital, la concejala de Enseñanza, Ana Fernández, se hace eco de la petición de la Flampa Gades que ha promovido estos días una consulta online entre las familias de la escuela pública de la ciudad, cuyos resultados han arrojado “un alto nivel de preocupación e inseguridad”. Así, la mayoría de las 4.000 familias consultadas se han manifestado a favor de suspender la actividad presencial. “No nos vale que desde la delegación territorial y la consejería se laven las manos y dejen correr un tiempo que corre en contra, trasladando a la opinión pública mensajes totalmente contradictorios”, se apostilla.
Además, la federación de las Ampas recalca aquellas familias que no están a favor de un posible parón en la actividad escolar “nos han hecho saber que su decisión está motivada por el alto nivel de desprotección laboral al que están sometidas”, entendiendo que esta medida pondría en riesgo sus empleos; esto sin olvidar a las madres y padres que trabajan en los distintos servicios esenciales. En este sentido, se demanda una protección “a las familias y sus empleos, no poniendo en riesgo su sustento”, y medidas extraordinarias de conciliación.
Por su lado, la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha pedido a la Junta que facilite los “datos reales” de la incidencia de Covid-19 en los colegios de la ciudad: “queremos conocer cuántos niños, cuántos profesores y profesoras están en cuarentena”. En el mismo sentido, se ha convocado al Consejo Escolar Municipal para “escuchar a padres y profesores, y ver la posibilidad de pedir el cierre de determinados colegios o de todos.
Igualmente, en San Fernando, la concejala de Educación, María José Foncubierta, ha anunciado que va mantener reuniones con las Ampas y con los representantes del Consejo Escolar para evaluar la “complicada y preocupante” situación creada por los contagios en las aulas. La edil socialista afirma que estos encuentros tienen como principal objetivo recabar de los propios centros educativos “la información que no está distribuyendo la autoridad competente en materia sanitaria, la Junta”, a la que reclama “más transparencia y claridad” en los datos. Desde la propia Flampa se quiere pedir a Educación que si aumentan de nivel las restricciones en la localidad (algo que parece irremediable) se paralicen las clases o que se desarrollen por vía telemática.
Mientras en Puerto Real, el Consejo Escolar Municipal ya se ha reunido de forma telemática y ha acordado solicitar a la delegación territorial de Educación el cese temporal de las clases presenciales durante al menos dos semanas. En esta reunión, los representantes de las familias y de los centros educativos expusieron la situación que están viviendo ante la tercera ola de contagios “ante los que la administración carece de herramientas suficientes para controlar”. El aumento del número de positivos entre el profesorado que obliga a confinar clases enteras, la demora en la correspondiente visita del servicio de Epidemiología que se encuentra “desbordado de peticiones” o los retrasos en las citas para realización de pruebas para el alumnado son algunos de los condicionantes que imposibilitan el cumplimiento estricto de los protocolos, “lo que supone un incremento del riesgo que, ante el Covid-19, se enfrenta toda la comunidad educativa”.
EL CIERRE DEBE SER “EL ÚLTIMO RECURSO”, PARA SAVE THE CHILDREN
En contra de la opinión de muchos, Save the Children en Andalucía pide que el cierre de los centros educativos se contemple “como el último recurso en la lucha contra el Covid-19”, ya que “lo prioritario en estos momentos es salvar la educación”. Y recuerda que volver a cerrar los colegios “tendría un coste educativo y social muy alto”. Entiende que la educación presencial “es un servicio esencial, como lo es la alimentación o la salud”.
Esta ONG insta a explorar “todas las alternativas” antes del cierre presencial, como nuevas reducciones del tamaño de los grupos, el uso de otros espacios y, si no hay otra opción, modalidad semipresencial con profesorado de apoyo. Además, considera que el colectivo del profesorado debería priorizarse en la etapa dos de vacunación.
“Los niños no pueden pagar con su educación las consecuencias de la relajación de las restricciones por la Navidad”, opinan desde Save the Children, considerando que “no se pueden cerrar colegios mientras sigan bares, restaurantes, gimnasios o lugares de culto abiertos”, ya que “son los espacios que más contribuyen al riesgo de contagio”.
Por otro lado, esta organización independiente “líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo”, sigue recomendando la ventilación natural de las aulas como una de las medidas principales para prevenir la expansión del coronavirus y critica que el problema del frío en los colegios “reside en la poca inversión en infraestructuras que se ha venido realizando en los últimos años de la crisis económica”.
