Alrededor de unas 300 personas se han sumado a la concentración convocada por UGT y CCOO frente a Subdelegación de Gobierno en Cádiz, protesta que se ha repetido en otras capitales de provincia contra la criminalización de los sindicatos y por el derecho de huelga; un derecho constitucional que “está siendo perseguido y en esto se restringe el ejercicio de la libertad sindical”. En estos momentos hay 81 procedimientos administrativos y penales contra 265 sindicalistas de toda España, que afectan a tres trabajadores gaditanos de Navantia.
Unas 300 personas, tras la pancarta “no nos van a callar”, se sumaron en la mañana del 9 de julio a la concentración convocada por UGT y CCOO frente a Subdelegación de Gobierno en Cádiz, protesta que se ha repetido en otras capitales de provincia contra la criminalización de los sindicatos y por el derecho de huelga; un derecho constitucional que “está siendo perseguido y en esto se restringe el ejercicio de la libertad sindical”.
Los sindicatos mayoritarios entienden que el ejercicio de la libertad sindical ha conocido en los últimos años, coincidiendo en gran parte con la llegada del PP al Gobierno central, una “creciente intervención del Ministerio Fiscal, que puede estar ejerciendo la acusación pública con finalidad discriminatoria”. A juicio de CCOO y UGT “la acusación penal que acarrea la imputación de delitos para los que se piden hasta ocho años de cárcel a representantes sindicales, constituye una injerencia de los poderes públicos en el funcionamiento de las organizaciones sindicales y una restricción ilegítima de derechos democráticos y de manera singular, del derecho de huelga”.
Conscientes de que las prácticas sancionadoras contra sindicalistas “han ido aumentando hasta límites intolerables”, ambos sindicatos han creído imprescindible encargar a sus servicios jurídicos un informe detallado de lo que está pasando y una agenda básica que incluya los criterios de intervención jurídica y sindical.
Según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de estas fuentes, la principal tipología de conflictos de los que derivan las actuaciones sancionadoras están relacionadas con el desarrollo de las jornadas de huelga general tanto en 2010 como en 2012, jornadas que acumulan la inmensa mayoría de procedimientos administrativos y penales.
En relación con las sanciones que son objeto de imputación, las más frecuentes son las de carácter exclusivamente administrativo, y no representan en la mayoría de los casos importes relevantes, excepción hecha de la infracción muy grave aplicada al caso de Huelva que supera la cantidad de 60.000 euros.
En el ámbito penal, la mayor gravedad de la acusación tiene lugar cuando se imputa la comisión de delito de coacciones a la huelga. En algunos casos se ha constatado que las peticiones de la Fiscalía exceden notablemente de la pena mínima, lo que además tiene lugar cuando solicita igualmente pena de prisión por otros delitos concurrentes como los de atentado o lesiones. Tal es el caso de Airbus, en el que se pide ocho años de prisión para cada uno de los ocho sindicalistas imputados, siete años para cada uno de los dos sindicalistas de hostelería de Madrid también imputados o superior a cuatro años, como se pide a la secretaria general de Baleares.
En concreto en estos momentos hay 81 procedimientos administrativos y penales contra 265 sindicalistas que afectan en Andalucía a 32 trabajadores. En Cádiz, a tres trabajadores de Navantia que van con penas de 9 meses, 14 meses y 2 años y 3 meses por unos disturbios ocurridos en una carga policial en San Fernando mientras que se reclamaba faena para los astilleros.
Por todo ello, UGT y CCOO se han dirigido al delegado del Gobierno para que los poderes públicos, y al frente de ellos el Gobierno de España, “respeten el ejercicio pleno de la libertad sindical y del derecho de huelga y cesen en su intento de criminalizar la respuesta social y laboral”.
