La Junta de Andalucía, que maneja principalmente fondos estatales, acaba de abrir el plazo para solicitar las ayudas extraordinarias al alquiler de vivienda habitual dirigidas a minimizar el impacto socio-económico de la crisis del coronavirus en hogares con escasos recursos.
A la provincia gaditana se destinan en principio algo más de 5,6 millones de euros (4,1 millones durante 2020 y 1,5 millones en 2021) y se estima que se podrán ver beneficiadas 1.576 personas (cifra que dependerá del precio de los alquileres). “En tiempos de dificultades, esperamos que este apoyo llegue al mayor número de gaditanos que no pueden pagar el alquiler y necesiten estas ayudas”, subraya en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre.
Estas ayudas se podrán solicitar hasta el 30 de septiembre, por vía telemática (AQUÍ). La documentación acreditativa se podrá presentar telemática o presencialmente, en registro con cita previa. Podrá tener carácter retroactivo desde el 1 de abril y durante un periodo de seis meses, hasta el 30 de septiembre, según consta en la orden ministerial.
Las solicitudes se resolverán, en régimen de concurrencia no competitiva, conforme vayan llegando hasta donde alcance el crédito disponible y será necesario tener dada de alta una cuenta bancaria para el ingreso de la ayuda.
Los solicitantes deben cumplir una serie de requisitos, como encontrarse en paro, estar afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o ser autónomo con una disminución de los ingresos del 30%.
Además, deben estar empadronados en la vivienda de alquiler desde hace al menos seis meses y no disponer de vivienda en propiedad. Con carácter general sus ingresos deben ser menores de tres veces IPREM (1.613 euros al mes) en el mes anterior a la solicitud y el pago de la renta del alquiler más los suministros básicos (luz, agua, electricidad, gas, comunidad) tiene que ser superior al 35% de los ingresos de la unidad familiar.
La Junta, con gobierno de derechas, ha trabajado en las bases reguladoras y en las propias órdenes de la convocatoria desde que el Gobierno de España, de PSOE y Unidas Podemos, anunció estas ayudas.
El desarrollo y gestión es competencia de las comunidades autónomas. Se trata de un programa que se nutre de fondos del Estado, a los que la Junta ha sumado una aportación extra. En concreto, cuenta con un montante de 30 millones de euros para toda Andalucía, “después de que la administración autonómica haya incorporado una partida adicional de 13 millones a los fondos insuficientes del Gobierno central (más de 17 millones), cuya dotación no respondía a la demanda y las necesidades reales de la población andaluza”. Se prevé beneficiar a unas 8.500 familias.
