La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto continúa la tarea de inspeccionar y velar por el estado de las fincas e inmuebles del casco antiguo. En los últimos días se ha requerido a la propiedad de la finca número 37 de la calle Postigo “una intervención urgente”. El inmueble, propiedad de la inmobiliaria de un banco, presenta graves riegos de desprendimiento. Igualmente, se ha impuesto a la inmobiliaria propietaria de la finca de la calle San Bartolomé 63, una multa coercitiva tras el incumplimiento de la orden para que adecentara la fachada.
La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto continúa la tarea de inspeccionar y velar por el estado de las fincas e inmuebles del casco antiguo. En esta ocasión, el edil responsable, Ángel Quintana, a través de un decreto, ha requerido a la propiedad de la finca número 37 de la calle Postigo “una intervención urgente, en el plazo de 15 días, para reparar y resanar la fachada del inmueble y la adopción de medidas que garanticen además la estabilidad de la finca ante el riesgo de desplome que presenta”.
La finca, propiedad de la filial inmobiliaria de una entidad bancaria, se encuentra cerrada, deshabitada y en total estado de abandono según han podido comprobar los agentes de la Policía Local adscritos al Servicio de Disciplina Urbanística. Además, según la inspección desde el exterior se puede comprobar la existencia de grietas, desprendimientos del enfoscado de la fachada ya la caída de una parte de la cubierta.
El último reconocimiento técnico se realizó el pasado 4 de enero, “comprobándose el elevado deterioro que sufre la finca, con los elementos metálicos de la fechada muy oxidados y manchas de humedad que ponen en riesgo la estabilidad del inmueble”, afirma Quintana en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo (MVPS), el Ayuntamiento podría imponer hasta diez multas coercitivas, con periodicidad mensual, si la propiedad incumpliera de forma injustificada los requerimientos de Urbanismo. Conforme a la normativa, la concejalía también tendría potestad, previa declaración del incumplimiento del deber de conservación, para iniciar el proceso de expropiación del inmueble.
En el caso de actuar de forma subsidiaria, acción prevista en la normativa vigente, el valor aproximado de los trabajos requeridos a este banco asciende a 26.680 euros.
OTRO CASO EN LA CALLE SAN BARTOLOMÉ 63
En el mismo sentido, el servicio de Disciplina Urbanística ha impuesto a la inmobiliaria propietaria de la finca de la calle San Bartolomé con Valdés, número 63, una multa coercitiva tras el incumplimiento de la orden emitida por el Ayuntamiento que requería trabajos de reparación y resanado de los muros de la fachada.
La multa llega tras la inspección realizada a mediados de abril por los agentes de la Policía Local. La actuación requerida precisa además de la autorización pertinente por parte de la delegación territorial de Cultura de la Junta de Andalucía “y la propiedad del inmueble está incumpliendo el requerimiento para arreglar la fachada”.
Quintana aprovecha para recordar que el Consistorio ha renovado el bando por el que se bonifica hasta en un 99% la tasa municipal para el resanado y pintado de fachadas. Una medida a la que se están acogiendo muchas entidades propietarias y particulares, y un ejemplo de ello es la actuación que ha llevado a cabo la propiedad de la bodega Alameda, cuya fachada ha sido resanada antes de la Semana Santa.
En el lado contrario, la propiedad de la finca en calle Luna 39, esquina con Nevería, ha procedido al fin a la actuación necesaria y urgente de todas las anomalías detectadas en la fachada y que suponían riesgos para la estabilidad del edificio y la seguridad de las personas por desprendimiento de cascotes. Desde 2013 se le está alertando de desprendimientos.
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