Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de reposición y alegaciones contra el reciente acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María de aprobación definitiva del controvertido proyecto de urbanización del Sector PP-CN4 Rancho Linares, que da vía libre a que se puedan levantar 1.200 viviendas “en el bosque con mayor biodiversidad del término municipal”.
“Es una decisión de enorme gravedad, que demuestra el desprecio de los miembros del equipo de Gobierno del PP”, liderado por Germán Beardo, apunta esta asociación verde; que reitera que “todo el expediente es un despropósito para favorecer a una empresa privada, habiéndose incurrido en numerosas ilegalidades”.
Este proyecto tiene su origen en 2008, cuando se comenzó la tramitación de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1992, por la que se cambiaba la calificación de esta zona, de terreno forestal destinado a parque público (SGEL), según determina el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC), a suelo residencial.
Ecologistas en todos estos años ha venido advirtiendo de la nulidad de esta modificación del Plan General, “y por tanto de todo su desarrollo”. Pero tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía “han seguido apoyando y tramitando este proyecto urbanístico a pesar de su manifiesta ilegalidad”. Dicha modificación no se sometió a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
De la misma manera, el proyecto de urbanización tampoco se ha sometido al preceptivo análisis de alternativas. “Y existen alternativas viables para la construcción de viviendas. Así, en La Florida, de titularidad pública, con Plan Parcial aprobado, está prevista la construcción de 3.360 viviendas, 2.409 de VPO; en Las Marías están previstas 1.200 viviendas; y junto al centro comercial El Paseo, otras 960 viviendas, de las que un 55% serían VPO. Y en la colindante Bahía Alta quedan 700 viviendas por construir”, se recopila en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
El último acuerdo de la Junta de Gobierno Local se basa en dos informes favorables, uno técnico y otro jurídico, “que adolecen de graves deficiencias y omisiones”. Los dos obvian que aquel lejano proceso de modificación del PGOU se aprobó sin someterse a la preceptiva EAE. También obvian que son terrenos protegidos por el POTBC, que prevalece sobre el PGOU. “Pero lo que es de suma gravedad”, se remarca, es que en el informe jurídico no se hace mención del informe del jefe de servicio de la asesoría jurídica de Urbanismo, de 2022, en el que se reconoce la nulidad de la modificación del PGOU.
“ESTUDIAREMOS ACCIONES LEGALES EN EL ÁMBITO PENAL”
“Los impactos de esta urbanización (del Rancho Linares) serían tremendos”, vuelve a alertar Ecologistas en Acción. Supondría el desmonte de toda la dehesa de acebuches y parte del pinar, donde están inventariadas más de 200 especies de plantas; la mayor biodiversidad del término municipal. En el ámbito existen además dos Hábitats de Interés Comunitario (HICs): Matorrales termomediterráneos y Arbustedas termófilas mediterráneas Asparago-Rhamnion, “lo que ha sido ocultado por la empresa, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía”. También es hábitat de especies protegidas, como el camaleón y la única araña protegida por la UE, y la de mayor tamaño del continente, la Macrothele calpeiana.
Con su recurso, presentado en el Ayuntamiento, Ecologistas exige que se proceda a revisar de oficio el acuerdo de aprobación definitiva de este proyecto “por ser contrario a derecho”; que no se conceda ninguna licencia de obra durante el proceso de anulación del proyecto de urbanización; que se revise de oficio la modificación puntual del PGOU de 1992 en el ámbito del Rancho Linares; y que se proceda a integrar en el futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) “la totalidad del Rancho Linares en la red de Sistema General de Espacios Libres (SGEL), y se garantice la protección de la totalidad de estos terrenos forestales”.
Finalmente, se advierte al Ejecutivo de derechas que, de seguir con “este despropósito”, se presentará un recurso contencioso-administrativo igualmente contra la aprobación del proyecto de urbanización y de la modificación del PGOU, “y estudiaremos acciones legales en el ámbito penal por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental”.
