El equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, ahora con mayoría absoluta, insiste en vender como prioridad que la localidad sea reconocida por el Parlamento andaluz con el estatus de ‘gran ciudad’ (‘gran población’, exactamente), una etiqueta que entiende “va suponer un revulsivo y un importante avance en la participación de los portuenses en la gestión”.
Frente a ello, el PSOE, principal partido de la oposición municipal, ha matizado que dicho estatuto es una figura contemplada en la Ley de Grandes Ciudades “para los municipios de más de 250.000 habitantes”. Hoy día El Puerto no llega a los 90.000 censados. “Bajo la bondad de subir administrativamente a la categoría de ‘gran población’, en realidad, se esconde una trama orquestada por Germán Beardo para tener su gran chiringuito”, opinan los socialistas.
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el alcalde Beardo repite que “reconocer administrativamente a El Puerto como una ‘gran ciudad’ va a implicar darle más fuerza y poder a los portuenses para decidir qué ciudad quiere, que todos podamos seguir trabajando y avanzando juntos por El Puerto”.
Para conseguir estos fines, si se logra este reconocimiento parlamentario (ahora mismo, con la derecha copando el gobierno de la Junta, lo tiene más fácil), el Ayuntamiento prevé crear dos órganos “muy importantes” para “darle voz real y efectiva” a los portuenses: el Consejo Social de la Ciudad y la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
Ese Consejo Social de la Ciudad se contempla, para la derecha portuense, como “un verdadero órgano consultivo” que tendrá que analizar los principales instrumentos de gestión municipal, como es el presupuesto municipal, las ordenanzas fiscales, el Plan General, y orientar, aconsejar y sugerir al gobierno local de turno las líneas de actuación que se deben llevar a cabo en la ciudad, así como las necesidades y reclamaciones a otras administraciones.
“Representantes de la economía portuense, entidades y personas representativas de los colectivos sociales, profesionales de diferentes sectores y vecinos conformarán este órgano que tendrá funciones de asesoramiento al gobierno de la ciudad en el desarrollo estratégico, los grandes proyectos y las acciones principales”, se defiende.
En cuanto a esa potencial Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, que se debería crear en un plazo de seis meses tras alcanzar el nuevo estatus, permitirá a los vecinos “dirigir sus quejas” y anualmente “emitirá un informe con las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales con el fin de que puedan ser mejorados”.
“UN IMPORTANTE PROYECTO DE MANDATO QUE ESTRATÉGICAMENTE HA DISEÑADO BEARDO”
En la nota laudatoria hacia el alcalde del PP se remarca que El Puerto de Santa María como ‘gran ciudad’ “es un importante proyecto de mandato que estratégicamente ha diseñado Germán Beardo para posicionar a la ciudad en el panorama andaluz, español y europeo, con el fin de conseguir mejores servicios para los ciudadanos, más agilidad y profesionalización en la Administración, más financiación y recursos públicos y mucha más participación y democracia para los portuenses”.
“El Puerto de Santa María siempre ha sido una gran ciudad desde sus orígenes y lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos es fruto del trabajo de muchas personas, de muchas familias de muchos portuenses durante siglos. Si ahora conseguimos que se nos reconozca como ‘gran ciudad’ es justo que los portuenses puedan hacer más suya una ciudad que les pertenece por derecho propio”, se afirma que va comentando el primer edil de derechas en privado y en público.
“PERMITIRÁ MAYOR CONTRATACIÓN ‘A DEDO’ Y UN MAYOR PODER A LOS CARGOS DE CONFIANZA”
Frente a la visión idealizada de ese estatus de ‘gran población’, el portavoz municipal del PSOE, Ángel Mª. González, sostiene que “Beardo está metiendo con calzador esta figura administrativa reservada para ciudades de más de 250.000 habitantes, esgrimiendo para ello circunstancias históricas y sociales, que es una excepción prevista en la legislación, pero que para nada vendrá a favorecer la participación ni el contacto directo del Ayuntamiento con los portuenses”.
En este punto, añade que “si de verdad (la derecha) creyera en la participación no la estarían eliminando como vienen haciendo desde 2019, ni tomaría decisiones de manera unilateral callando a los colectivos, a las entidades y a los medios, ni tampoco hubiera sacado a la oposición de los consejos de las empresas municipales; ni estarían ocultando toda la información que se les reclama como los gastos en fiestas”.
“Si de verdad quisieran una mejor comunicación y acceso de los ciudadanos a los servicios municipales se estarían afanando en mejorar los canales actuales de comunicación como los consejos sectoriales y de distrito, o el funcionamiento de la propia sede electrónica que, día sí y día también, falla para desesperación de quienes deben realizar gestiones”, insiste González.
Así, para el principal partido de la oposición la “realidad” es que detrás de esta “estrategia” del primer edil popular y uno de los vicepresidentes de la Diputación, “que ya está costando dinero a las arcas municipales pagando abogados y asesorías externas”, se vislumbra “la creación de multitud de nuevos órganos con nuevo personal nombrado a dedo; cargos de confianza miembros de las Juntas de Gobierno Local; cargos de confianza con delegación de firma; la creación de nuevos cargos como coordinadores generales o directores; entre otras medidas”.
“Tememos que el PP desvirtúe la finalidad el estatuto de ‘gran población’, creando un verdadero entramado que se convierta en un chiringuito en toda regla, tan dado como es el PP a silenciar a quienes no opinan como ellos”, interpretan los socialistas.
