Antonio Caraballo y María del Milagro Pérez tomaron posesión a primeros de abril de sus nuevos cargos en el Ayuntamiento de El Puerto, como coordinador general y directora general de Organización Municipal, respectivamente.
Nombramientos a dedo por parte del equipo de Gobierno del PP con el pretexto de configurar el nuevo organigrama de la administración local para adaptarse al marco organizativo en base al régimen de “gran población”, estatus que la Junta de Andalucía concedía a esta localidad gaditana hace un año, y que de momento nadie sabe para qué sirve, salvo para que por ejemplo el veterano Caraballo, el considerado alcalde en la sombra, pase a cobrar más que el mismísimo presidente del Gobierno: 110.000 euros anuales (a los 70.000 euros que venía percibiendo como jefe de servicio del área municipal de Medio Ambiente se le añaden casi 41.000 euros de complemento específico con el nuevo cargo).
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, el alcalde Germán Beardo sostiene que estos nombramientos (y todavía queda otro de asesor jurídico) “permitirán imprimir un nuevo impulso a la gestión municipal, mejorando la calidad, la eficiencia y optimizando los recursos”. Pese a que estos tres carguitos más de libre designación suponen para las arcas municipales 107.000 euros al año adicionales.
Con todo, el primer edil de derechas interpreta que su estructura “es clave para el futuro de El Puerto y del propio Ayuntamiento, brindando una oportunidad de progreso sin precedentes”. “Se trata de un modelo de organización que dota al Ayuntamiento de una mayor capacidad administrativa, con más recursos y una mayor autonomía, lo que nos permitirá ofrecer un servicio más ágil y adaptado a las necesidades de los ciudadanos”, sentencia.
“NO VAMOS A PERMITIR QUE BEARDO CONVIERTA EL AYUNTAMIENTO EN UNA AGENCIA DE COLOCACIÓN DE AFINES”
Con todo, el nombramiento de Antonio Caraballo como coordinador general del Ayuntamiento queda en entredicho. Al respecto, Unión Portuense ha presentado un recurso potestativo de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de marzo que aprueba dicho trámite.
Javier Botella, concejal de este partido de la oposición, argumenta en su escrito que este nombramiento vulnera el ordenamiento jurídico vigente, al otorgar un puesto directivo a una persona que no cumple con los requisitos exigidos por ley, entre ellos la titulación universitaria de nivel A1 (Doctorado, Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura), condición indispensable para acceder al cargo de coordinador general.
Tras haber sido cesado de su anterior cargo como jefe de servicio del área de Medio Ambiente, donde sí tenía consolidado el subgrupo profesional, “Caraballo ya no mantiene vinculación que justifique su acceso a un cargo para el que no tiene la titulación exigida”, insiste Botella.
De este modo, el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local “sería, por tanto, nulo de pleno derecho, al suponer la adquisición de facultades sin los requisitos esenciales, tal y como establece el artículo 47 de la Ley 39/2015”.
En este punto, Unión Portuense denuncia lo que considera “un nuevo caso de trato de favor y designación a dedo, saltándose los principios de mérito y capacidad que deben regir toda administración pública”. “Este nombramiento, a todas luces político y arbitrario, consolida una preocupante tendencia del Gobierno de Germán Beardo a blindar su círculo más cercano”, se evidencia.
“No vamos a permitir que se convierta el Ayuntamiento en una agencia de colocación de afines sin formación ni trayectoria adecuada para los puestos que ocupan”, apostilla Javier Botella, quien exige “la inmediata anulación del nombramiento y una nueva convocatoria pública ajustada a ley”.
